Un pequeño sindicato pone contra las cuerdas al bufete que diseñó la reforma laboral del PP
“¿Quién puede más?”
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BILBAO.- Es la historia de David contra Goliat. En este caso, David trabaja de instalador de ascensores y Goliat redacta reformas laborales. Tras casi dos años de lucha, los trabajadores de la multinacional Zardoya OTIS en Mungia (Bizkaia) han conseguido que el Tribunal Supremo (TS) en Pleno ratifique la nulidad de los despidos de 12 trabajadores de esa planta –entre los que se encontraban dos miembros del comité de empresa-, cerrada hace unos diez meses. La fría letra de la resolución judicial contiene un dato de enorme trascendencia: la compañía está obligada a reabrir sus puertas y readmitir a los despedidos.
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Si la primera gran derrota de Sagardoy Abogados vino en una botella de refresco, la segunda ha llegado en ascensor. En un documento de 46 páginas, el TS desestima por completo el recurso planteado por Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del pasado 21 de mayo de 2015, que declaró la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febrero de 2014 en la planta de Mungia, donde trabajaban 77 personas. También anuló el cierre de la planta ubicada en esa localidad vizcaína, lo que ha supuesto un nuevo revés a la multinacional de los ascensores.
“¿Quién puede más?”
En Mungia, un municipio golpeado por los cierres de varias empresas, esta resolución tendrá otra consecuencia de primer orden: Zardoya OTIS deberá reabrir el centro de trabajo, “lo que implica que las empresas no tienen capacidad unilateral para diseñar la política industrial”, destaca Perera. “El dictamen del TS es muy claro –subraya el asesor de la Consultoría Primero de Mayo-: la empresa tiene que volver a abrir el centro productivo y poner a los trabajadores en las mismas condiciones que tenían antes del despido colectivo”. Sin embargo, Perera advierte que la compañía va a tratar de esquivar este fallo. “Entonces yo plantearía la siguiente interrogante: ¿quién puede más, la multinacional o la justicia española?”, se preguntó.