MADRID.— "Hace ya años que no tengo vacaciones en Navidad: me pasó todas las fiestas respondiendo a las preguntas de familiares y amigos sobre si dentro de unos años habrá pensiones públicas o no. Yo siempre respondo lo mismo: sí habrá; otra cosa es lo que nos vayan a pagar por ellas". 

En tono de broma pero con un poso de seriedad, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos del país en la materia, expuso este martes en un seminario organizado por la embajada de Francia y Fundación Anastasio de Gracia-FITEL el interés y la preocupación que genera el que sin duda será uno de los asuntos estrella de la legislatura recién inaugurada: el futuro de las pensiones públicas.

De hecho mañana mismo, miércoles, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez comparece en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los diputados para dar el pistoletazo de salida a la búsqueda de un nuevo acuerdo que permita una mejor financiación de la Seguridad Social ahora que a la hucha de las pensiones apenas le queda dinero para un año. 

En el seminario, Ruesga y otros expertos coincidieron en que en el futuro a largo plazo habrá pensiones públicas, pero seguramente de mucha menor cuantía en términos proporcionales, a no ser que se invierta la situación actual. ¿Cuánto bajarán las pensiones? Eso es difícil de saber, pero Ruesga y otros expertos que participaron en el seminario hablaron de una horquilla de entre el 30% y el 40%. Pero en suma dependerá de las medidas que se tomen para apuntalar lo mejor posible la sostenibilidad de un sistema que desde 2012 pierde dinero a espuertas. En 2015 la Seguridad Social ya perdió algo más de 16.000 millones de euros, cifra que se repetirá este año y al menos los próximos cinco o seis venideros.

No hay dinero para pagar las pensiones y por si fuera poco, España junto al resto de países europeos afronta desde hace años lo que los expertos en demografía definen como el "invierno demográfico": una despoblación provocada por insuficientes tasas de reemplazo generacional, una baja natalidad y en algunos casos más muertes que nacimientos, como fue el caso de España en 2015. A todo ello hay que sumar el envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida, a razón de tres años por década, y la incertidumbre por los flujos migratorios que en otras épocas —a principios de los años 2000— ayudaron a la revitalización demográfica de España. 

Ante este panorama en los años 2011 y 2013 se llevaron a cabo dos reformas; el PSOE auspició la primera en 2011 y sirvió para alargar la edad de jubilación hasta los 67 años y endurecer las condiciones para jubilarse o prejubilarse. La segunda, impulsada por el PP sin consenso y al amparo de un consejo de expertos muy inclinado a la derecha, desligó las pensiones del IPC —limitó su revalorización al 0,25% mientras el sistema pierda dinero— e introdujo el factor de sostenibilidad, una fórmula matemática que entrará en vigor en enero de 2019 y por la que la cuantía de las pensiones se revisará cada cierto tiempo en función de la evolución de la esperanza de vida y del número de pensionistas, pero que probablemente las empuje a la baja.

¿Cómo es posible que ahora que hay seis nuevos trabajadores en el mercado laboral por cada nuevo pensionista se recaude menos que cuando se perdían tres trabajadores por cada nuevo pensionista?

Santos Ruega formó parte de aquel comité de expertos en 2013 a propuesta de UGT. En su intervención recordó que allí "se hablaba sólo de los gastos, mientras algunos decíamos que había que mirar a los ingresos, porque el problema de las pensiones no es sólo demográfico. Desde hace cuatro o cinco años vemos que es también un problema económico y laboral".  La mayoría de los expertos que asistieron al seminario denunciaron lo mismo que Ruesga, que las últimas reformas sólo se han preocupado de recortar los gastos, olvidando fórmulas para aumentar los ingresos.

De momento las reformas de 2011 y 2013 a lo que han llevado es que el pensionista del año 2050 cobre de media el 48% del salario que tenía como trabajador. Actualmente, un jubilado empieza a disfrutar de su pensión con un alrededor de un 75% del salario que cobraba en la vida activa. Es casi la mitad.

Porque está claro que existe un problema de ingresos y no sólo de gastos, aunque se dedique el 12,5% del PIB a las pensiones, una cifra considerable. Sirva de ejemplo este dato: en 2016 hay tantos ocupados como en 2011 pero sin embargo la Seguridad Social va a recaudar 5.000 millones menos que cinco años atrás, cuando se destruía empleo de manera intensa. ¿Cómo es posible esto si España lleva casi tres años creando empleo y según el Gobierno ha recuperado en ese tiempo 1,7 millones de cotizantes de los 3,6 millones que perdió entre finales de 2007 y mediados de 2013? ¿Cómo es posible que ahora que hay seis nuevos trabajadores en el mercado laboral por cada nuevo pensionista se recaude menos que cuando se perdían tres trabajadores por cada nuevo pensionista?

La respuesta la dio Valeriano Gómez, el último ministro de Empleo con Zapatero, también presente en el seminario: "Se crea empleo sí, pero una parte muy importante, alrededor de un tercio de los nuevos empleos, es a tiempo parcial y cuando es a tiempo completo los salarios son muy bajos. Los últimos datos disponibles arrojan una mejora en la recaudación por cotizaciones, pero sigue siendo muy inferior al aumento del empleo, lo que indica que las bases medias de cotización están cayendo". Gómez también indiucó que indica que el gasto de la Seguridad Social está aumentando a un ritmo anual del 3,4%, mientras que los ingresos totales no llegan a crecer al 1%. "De poco sirve ganar en afiliación si al mismo tiempo lo que ganamos por esa vía lo perdemos en forma de menores salarios y más bajas cotizaciones", advirtió Gómez.

Para Gómez la devaluación salarial y los empleos precarios han provocado el adelanto en casi una década del escenario previsto en la reforma de 2011, dado que entonces se creía que el Fondo de Reserva podría financiar los déficits del sistema hasta más allá de 2020. Pero pese a todo, Gómez mantuvo un cierto optimismo: "La perspectiva a largo plazo es preocupante, pero no debemos dejar paso al tremendismo, porque los sistemas de pensiones de los países desarrollados destinarán más de lo que gastan en la actualidad".

¿Será así? Sí, pero habrá que cambiar ciertas cosas. "Hay que buscar el equilibrio financiero", sostuvo Ruesga para quien el panorama no pinta nada bien en futuro si no cambian las actuales condiciones y sobre todo las políticas actuales. "La salida de la crisis es muy lenta; necesitamos políticas más expansivas, dejar atrás la austeridad, y apostar por políticas activas de empleo, por trabajos con sueldos mejores y por un aumento de la productividad". 

Gómez explicó que para equilibrar el sistema solo a través de la creación de empleo, se necesitarían 3.100.000 nuevos afiliados más. Por eso, defendió una medida que va tomando cuerpo entre otros partidos y asociaciones de pensionistas: financiar algunas pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, a través de los impustos.

El gasto de la Seguridad Social está aumentando a un ritmo anual del 3,4%, mientras que los ingresos totales no llegan a crecer al 1%

En eso coincidió María del Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Para esta dirigente sindical la única opción para que el sistema de la Seguridad Social sea solvente a medio plazo es financiarlo con los Presupuestos Generales del Estado.

Barrera pidió que se "supere el tabú que existe" de financiar vía impuestos las pensiones, tal y como se hace en otros países como Francia. Ella fue la más propositiva de los intervinientes:  vincular de nuevo las pensiones al IPC, un plan de choque para mejorar la cantidad y calidad del empleo, eliminar los topes de cotización y las bonificaciones a la contratación y dejar de financiar gastos de la Seguridad Social con cargo al sistema son las medidas que planteó la dirigente de UGT.

En el seminario también participó el portavoz de empleo del grupo parlamentario del PP, José Ignacio Echániz. El dirigente mantuvo un discurso muy autocomplaciente que provocó murmullos entre el público cuando recordó que el PP nunca ha congelado las pensiones al contrario de lo que hizo el PSOE en 2011. Pero la subida del 0,25% al año es tan irrisoria que las propias cifras de Echániz quedan en evidencia: según él, los pensionistas han tenido 1.700 millones más en sus pensiones en cinco años: tocan a 300 millones por año, apenas dos euros de incremento al año para una pensión media. 

Para paliar el recorte de ingresos, Echániz apostó por la creación de empleo, para contar con 20 millones de cotizantes en 2020 lo que, "amortiguaría el problema aunque no sería la solución". No tuvo más remedio que reconocer que sólo con la creación de empleo no vale y que han de venir de políticas de más calado, como un incremento de la natalidad, según puso por ejemplo pero sin decir cómo y sin mencionar que España apenas destina dinero a las políticas de familia. Pero no pasó de ahí. Del PP de momento no se puede espera mucho más. Y mientras tanto, una reciente encuesta de BBVA que nueve de cada diez ciudadanos estás preocupados por el futuro de las pensiones públicas. Motivos tienen para ello.