El estado de alarma por la crisis del coronavirus y la consiguiente paralización de la actividad judicial no esencial marcaron el histórico desplome registrado por los lanzamientos o desahucios practicados en España entre abril y junio, en pleno pico de la pandemia, cuando cayeron un 90,6%.

Una evolución que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomiendan "tomar con cautela" dadas las características de este periodo, en el que los concursos de acreedores de personas físicas superaron por primera vez a los de las empresas, y en el que retrocedieron de forma sensible las demandas por despido.

La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma supuso la completa paralización de la actividad judicial en todo el país, especialmente en el segundo trimestre, el más afectado por la situación sanitaria.

De ahí que el órgano de los jueces sea precavido con la interpretación de las cifras, y asegure que "es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan".

Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado este viernes, durante el segundo trimestre se practicaron en España 1.383 desahucios, nuevo mínimo de la serie histórica, de los que la mayoría, 1.013, estuvieron vinculados al impago del alquiler (un 89% menos), y 300, a ejecuciones o embargos de una propiedad para su venta (un 92,1% menos).

Por comunidades, Andalucía, con 275, concentró el mayor número de desahucios en este trimestre, seguida de la Comunidad Valenciana, con 195; Catalunya, con 148, y Castilla y León, con 126. Estos cuatro territorios acumularon casi el 54% del total de lanzamientos practicados en España entre abril y junio.

También evolucionaron a la baja las propias ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad tras el impago de un crédito, que se redujeron un 12,2%, hasta las 3.387. El mayor número se dio en Catalunya, con 826 (el 24,4% del total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588, y Murcia, 273.

Los concursos de personas físicas superan a los de empresas

Asimismo, el informe pone en evidencia el retroceso experimentado por los concursos de acreedores, que en conjunto bajaron un 22,7%, hasta los 2.305, respecto al mismo periodo de 2019.

Por primera vez desde que hay registros, los concursos de personas físicas (1.176) superaron a los de las empresas (1.129); aún así, ambas cedieron un 6,2% y cerca de un 35%, respectivamente.

Como en informes anteriores, Catalunya fue la comunidad en la que se registraron más concursos de empresas, 417 (el 36,9% del total); tras ella, se situaron Madrid, con 163; Comunidad Valenciana, con 145, y Andalucía, con 110.

Catalunya también aglutinó el mayor número de concursos de personas físicas, 389 (el 33,1% del total), seguida de la Comunidad Valenciana y Madrid, con 143, y Andalucía, con 138.

A lo largo del periodo se declararon 708 concursos en los juzgados de lo Mercantil, un 31,5% menos, cifra a la que se suman los 278 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

El CGPJ añade a su estadística los litigios presentados por los consumidores ante los juzgados especializados en materia hipotecaria en el segundo trimestre, cuando se ingresaron 45.988 asuntos y se resolvieron 17.617. Además, dictaron 13.161 sentencias, el 97,8% a favor del demandante.

El órgano califica de "importante" el incremento de los asuntos ingresados y lo atribuye al aumento en la Comunidad de Madrid, con 27.555, la mayor parte aún por registrar.

La demandas por despido, a niveles de 2018

Por su parte, entre abril y junio se presentaron en los juzgados de lo Social 27.401 demandas por despido, lo que supone un descenso del 2,56% respecto al mismo periodo de 2019, y la menor cifra trimestral desde el cierre de 2018. En valores absolutos, Madrid, con 5.982 (el 21,8% del total nacional), fue la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo.

Los juzgados registraron, asimismo, 21.297 reclamaciones de cantidad, un 36,7% menos, al tiempo que también cayeron, un 14,3%, los expedientes de regulación de empleo (ERE), hasta los 108 procedimientos.

Menos demandas por ocupación

Por último, el informe refleja una bajada del 20,6% en los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas durante el segundo trimestre, con 757 demandas frente a las 953 del año anterior.

Andalucía fue la comunidad con el mayor número de demandas, 236 (el 31,2% del total), seguida de Catalunya, con 141; Comunidad Valenciana, con 88, y Madrid, con 80.

Los datos, disponibles desde el tercer trimestre de 2018 corresponden a los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, excluyendo otros poseedores como bancos.