La deuda pública, generada durante años por la Administración central, las comunidades autónomas y los entes locales, es uno de los grandes lastres que soporta la economía española. Equivale prácticamente al 100% del Producto Interior Bruto (PIB) y los intereses derivados de ella casi duplican, por ejemplo, el gasto del Estado en prestaciones por desempleo.

Pero, para los prestamistas, la deuda pública es un magnífico negocio, que sólo en 2017 les reportará unas ganancias del orden de los 30.000 millones de euros. Si sumamos todos los intereses que ha pagado España a sus acreedores desde el inicio de la crisis en 2008, la cantidad resultante llega a los 255.000 millones (a razón de 70 millones diarios); es decir, una cuarta parte de la riqueza nacional.

Esa ingente cantidad va a parar, sobre todo, a inversores extranjeros, que han aprovechado las cuantiosas necesidades de financiación del Estado español durante la crisis para hacerse con algo más de la mitad de su deuda pública. En los años noventa, la participación que tenían era de apenas el 10%.

Entre los inversores extranjeros que se han sentido atraídos por las emisiones del Tesoro figuran algunos tan conocidos como Blackrock, la mayor gestora mundial de fondos, o Pimco, líder en el mercado de renta fija, ambos estadounidenses.

También hay algunos Estados; por ejemplo, China, que ha llegado a controlar el 12% de la deuda pública española.

De los acreedores nacionales, el más destacado son las entidades de crédito, que han obtenido pingües beneficios de tomar dinero del Banco Central Europeo (BCE) prácticamente gratis y prestárselo al Estado a un tipo de interés que llegó a estar en el 4%. Les sigue la Seguridad Social, cuyo Fondo de Reserva invirtió miles de millones en títulos del Tesoro antes de ser esquilmado.

El peso de los particulares es, en cambio, muy modesto: en estos años, no han llegado a controlar ni el 5% de la deuda pública y el porcentaje disminuye sin parar, como consecuencia del escaso atractivo de los tipos de interés que ofrece.

Algo similar ha sucedido con las aseguradoras, por lo general muy conservadoras, pero que a medio y largo plazo necesitan rentabilidades más altas.