El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, y el de Consumo, con Alberto Garzón al frente, han hecho llegar al Ministerio para la Transición Ecológica su propuesta de reforma del mercado eléctrico para bajar la factura de la luz con carácter inmediatamente: un Real Decreto-Ley para imponer, entre otras medidas, un precio fijo a la energía nuclear y un precio máximo para la hidroeléctrica.

Según la propuesta enviada al ministerio de Teresa Ribera, el precio fijo para la energía generada en las centrales nucleares es algo que ya se hace en Francia. "Las comercializadoras podrán adquirir la energía nuclear a este precio de referencia", afirman fuentes de Unidas Podemos, y añaden: "De esta manera, los y las consumidoras quedarán protegidos frente a subidas en los costes de otras tecnologías que, con el sistema actual, se transfieren a la nuclear en forma de beneficios caídos del cielo".

De forma similar, ambos ministerios proponen el "establecimiento de un máximo para la energía hidroeléctrica mediante un sistema similar al actualmente utilizado para algunas energías renovables". "Así", razonan, "cuando el precio de otras energías, como el gas, sea muy elevado, éste no podrá encarecer el de otras energías más baratas como la hidroeléctrica".

Esta petición se enmarca en la última escalada del precio de la luz, con récords históricos casi cada día en algunas semanas de este mes de agosto, y a raíz de los escándalo de los desembalses para generar energía hidroeléctrica en plena ola de calor.

Fuentes de Unidas Podemos han informado de que esta iniciativa permitiría bajar la factura de la luz "con carácter inmediato" ante una "situación límite con precios históricos". Pese a tener "carácter estructural" puede aprobarse, según los morados, mediante un real decreto ley y en un periodo de tiempo "muy breve".

Para los ministerios en manos de Unidas Podemos, "los precios de ambos tipos de energía serían fijados a través de una auditoría de costes de generación, una labor que la CNMC llevaría a cabo". De este modo, se podría desincentivar la generación de energías con infraestructuras ya amortizadas, como la hidroeléctrica, que se ha llegado a pagar a precio del gas natural tal y como está configurado el ‘pool’ o mercado eléctrico de subastas.

Según la carta enviada al Ministerio para la Transición Ecológica, esta medida supondía "un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los ciudadanos y ciudadanas".

Según el Banco de España, entre diciembre y junio los precios mayoristas de la electricidad casi se duplicaron por el encarecimiento del CO2 y del gas, una evolución que fue similar en otros mercados europeos. Pretenden así que la caída de los precios en el mercado regulado provoque de forma automática "un efecto arrastre en el mercado libre" y a continuación "bajadas significativas en el precio de la luz".

Reducir el precio de la luz es una de las reclamaciones que Unidas Podemos ha planteado a su socio de coalición, avisando incluso con salir a la calle para frenar la subida de precios. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que la factura se podría limitar con un real decreto ley.

Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostuvo que decir que se puede reducir el precio de la luz o cambiar las cosas "de un día para otro" es "demagogia barata o no saber de lo que se está hablando".

"Las máximas garantías"

El Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha abierto a evaluar la "viabilidad con las máximas garantías" de la propuesta presentada por Unidas Podemos para abaratar la factura de la luz limitando el precio de la nuclear y la hidráulica mediante decreto ley, ya que considera que el plan de su socio de Gobierno "adolece de un análisis sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria".

Fuentes del gabinete dirigido por Teresa Ribera indicaron que el Ministerio "agradece todas las sugerencias y las estudia con el máximo respeto, como hará con la propuesta remitida por los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Consumo". En este, recordaron también que el Gobierno viene trabajando desde junio de 2018, "dando prioridad a los consumidores y respetando el marco jurídico comunitario".