El Senado de la República mexicana ratificó este miércoles el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Con ello, México se convierte en el primer socio en dar luz verde al conocido como T-MEC. Se trata del acuerdo que sustituye el tratado originario, conocido por sus siglas como TLCAN, que en 1994 creó este espacio de libre cambio junto con Estados Unidos y Canadá.

Con el Senado dando luz verde, pues, los bienes que lleven el sello Made in North America, es decir, los originarios de la región, se podrán seguir exportando e importando sin pagar aranceles en los mercados mexicanos, estadounidenses y canadienses. Aunque, con Donald Trump al frente de la Casa Blanca, México sabe que debe dormir con un ojo abierto. Sin ir más lejos, a finales de mayo, el presidente de Estados Unidos amenazó con grabar de forma unilateral las importaciones de México si éste país no contenía la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera que ambos países comparten.

El T-MEC lleva la huella de Donald Trump o, mejor dicho, la tendencia proteccionista a la que él ha puesto cara, voz y tuits. Si en 1994 el TLCAN era la bandera del libre cambio y la globalización de los mercados, el T-MEC incorpora por primera vez previsiones en materia laboral dirigidas a asegurar la igualdad de condiciones entre los trabajadores anglosajones y latinoamericanos de la región.

Tratado con previsiones laborales

La más popular es la regla que establece que el 40% del valor de los vehículos ligeros y el 45% del de las camionetas estilo pick-up deberán proceder de costos de fabricación de zonas cuyo salario promedio sea mayor a 16 dólares por hora. Esta previsión impacta de pleno a la principal ventaja competitiva de México respecto de sus socios del norte: la mano de obra barata. En 2017, por ejemplo, mientras los trabajadores de la industria manufacturera mexicana cobraban 2,30 dólares la hora en promedio, en Estados Unidos ganaban 20,8 dólares la hora y en Canadá, 14 dólares la hora. La regla se contempló en relación con la industria automotriz porque, dentro de la manufactura, los vehículos conforman la principal categoría que México exporta. En 2017, por este concepto vendió 126.670,9 millones de dólares, casi un 31% del total exportado ese año.

Vista general del Senado mexicano durante el debate del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). EFE/Madla Hartz

La competencia desleal de los trabajadores mexicanos respecto de sus colegas del norte dio pie a la irónica situación de que, durante la renegociación del tratado, quienes levantaran la voz en defensa de sus derechos fueron sindicatos estadounidenses y canadienses, como Unifor, el principal en Canadá. Esto es así porque, otro de los puntos débiles de México que el T-MEC ha forzado cambiar son los derechos sindicales.

En abril de este año, el Senado de la República aprobó una reforma laboral que, por ejemplo, establece que los conflictos de naturaleza laboral dejarán de dirimirse en un órgano que depende del poder ejecutivo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y pasarán a ser competencia del poder judicial, tribunales federales o estatales. Eso asegura, por un lado, independencia en la resolución de las discrepancias entre empleador y empleado, porque al estar las Juntas en manos del poder político, se prestaban (presuntamente) a corruptelas. También celeridad, porque algunas de estas mordidas que pagaban a la autoridad administrativa, dicen, iban destinadas a que se retrasara la resolución del caso. “Yo tengo un juicio que el 23 de junio va a cumplir 10 años y todavía está en su etapa inicial porque la Junta de Conciliación de la Ciudad de México no logra emplazar a un demandado”, explica el experto en Derecho del Trabajo, Alejandro Avilés.

La reforma laboral también incluyó el voto personal, libre y secreto para que los trabajadores eligieran a sus líderes sindicales. Esto pretende potenciar la democracia sindical en México y evitar que líderes sindicales se eternicen en el cargo, como sucede con Carlos Romero Dechamps, el líder del sindicato de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 1993.

Otra modificación a las leyes laborales, quiere facilitar que se creen y registren nuevos sindicatos, con el objetivo de que los trabajadores se organicen a su libre voluntad para renegociar, si así lo creen, los contratos colectivos de protección patronal. Estos últimos son convenios colectivos que establecen los mínimos legales, por ejemplo, el salario mínimo mexicano de 102,68 pesos diarios (unos 4,5 euros).

El nuevo gobierno de México buscaba, con estas modificaciones legales, contentar al Partido Demócrata de Estados Unidos porque actualmente controla la cámara encargada de ratificar el tratado, el Congreso. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, en una entrevista con el digital Politico, la portavoz en el Congreso, Nancy Pelosi, dijo que no considerarían ratificar el T-MEC si su socio del sur no reformaba su normativa laboral, “porque es un gran tema la forma cómo los trabajadores están tratados en México”, dijo. Pelosi quería incluso que fuera el tratado el que incluyera reglas de supervisión del cumplimiento de las normas laborales, en vez de contenerse en la propia ley mexicana, “lo que es a todas luces una invasión de la política en México”, afirma el abogado Avilés.

El “Made in North America” más exigente

Otra de las exigencias de Donald Trump para proteger la industria automotriz de la región fue la que aumenta las exigencias para considerar que un producto es originario de América del Norte. En concreto, con el nuevo tratado, el 75% del valor de los vehículos ligeros tiene que ser de contenido regional. En otros términos, tres cuartas partes del costo de producir coches que se producen en América del Norte tienen que ser costos generados en la región: mano de obra, componentes utilizados, etc.

De esta forma, el presidente de Estados Unidos evita o disminuye el riesgo de que compañías no norteamericanas se establezcan en alguno de los países sólo como plataforma para exportar sus productos sin aranceles al mercado americano. “Las fábricas estadounidenses, japonesas o alemanas se establecieron en México para ensamblar los coches y exportarlos al mercado americano sin tarifas”, explica el doctor en Economía del Colegio de México, José Romero Tellaeche.

Esto es posible porque, además del T-MEC, México también forma parte de otros tratados de libre comercio del que las empresas se benefician, como el que tiene con la Unión Europea o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del que forma parte Japón o Australia, entre otros, y del que se salió Estados Unidos cuando Trump subió al poder. “Para mercancías sin tratado de libre comercio creamos programas sectoriales con tasas arancelarias preferenciales, muchas veces, con 0 arancel. México no tiene tratado con China pero ésta entra por programa sectorial”, explica el exdirector general de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores (ANIERM), Luis Enrique Zavala.

Tratado “anti-China”

El inquilino de la Casa Blanca quiso dejar cubierto cualquier vía de entrada de China a su mercado. Por esto, hay expertos que lo consideran el primer tratado internacional anti-China. Esto es así porque contiene una cláusula que exige que cualquier socio que busque iniciar negociaciones de libre comercio con un país de “no-mercado” deberá informar al resto de miembros del tratado para que consideren cancelar la participación de éste en el T-MEC. Con ello, Estados Unidos impide que México acabe firmando un acuerdo de libre cambio con Pekín y, así, que ésta tenga acceso a su mercado con tan sólo cruzando la frontera sur.

México ha sido el primero en ratificar el tratado porque necesita asegurar que seguirá existiendo la zona de libre cambio con Estados Unidos y Canadá. Según datos del gobierno mexicano, el país exportó a sus socios 36 millones de dólares cada hora en 2016; desde que se aprobó el anterior tratado hasta 2015, las exportaciones se han multiplicado por 7 ese año y desde 1 de enero de este año, es el principal socio comercial de Washington.

Por esto, el presidente de México recibió con satisfacción la noticia de que el Senado había ratificado el tratado que consideró en “equilibrio con el crecimiento del bienestar, el progreso y la justicia”. Su homólogo en la Casa Blanca lo congratuló vía Twitter y aprovechó para poner presión al Congreso estadounidense, en manos de los Demócratas, para que hicieran lo mismo. Porque mientras Estados Unidos y Canadá no sigan los pasos de la Cámara Alta mexicana, las exigencias neoproteccionsitas de Donald Trump quedarán en una declaración de intenciones.