La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha presentado una interpelación en el Congreso en la que reclama al Gobierno de Mariano Rajoy que explique si tuvo en cuenta la vinculación del Banco Pastor con las empresas de Francisco Correa y la trama Gürtel cuando se tomó la decisión de intervenir el Banco Popular, matriz del primero, para vendérselo al Santander por un euro.

En el escrito, depositado esta misma mañana en el registro del Congreso, Díaz recuerda que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Superior de Policía y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria llevan varios años investigando movimientos irregulares de capitales “por más de 1.200 millones de euros” a partir del 2003 a través de varias cuentas corrientes del Pastor abiertas a nombre de varias compañías, como la uruguaya Belfast Link y la argentina Eves, ambas vinculadas a Francisco Correa, que habrían servido de puente en diversas operaciones de blanqueo de dinero.

“En 2010, bancos corresponsales del Pastor como HSBC y JPMorgan dejaron de ejecutar transferencias de Eves, Belfast Link y otras sociedades por ser sospechosas de blanqueo de capitales. En 2011, con el mismo motivo, los bancos Standard Chartered y Wells solicitan información al respecto, y finalmente, en 2011, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se procede al bloqueo de una transferencia de una de las sociedades objeto del entramado societario, Lucía Entreprise. Es entonces cuando el Banco Pastor cancela sus relaciones comerciales con estas sociedades”, afirma Díaz. Ese mismo año, precisamente, el Popular inició el proceso para absorber al Pastor, seriamente dañado por el crac financiero.

La diputada de En Marea Yolanda Díaz. EFE

Cuatro años después, en el 2015, el juez De la Mata ordenó el registro de la sede del Popular en A Coruña tras tener indicios de la posible implicación de su filial en los hechos cuando el Pastor estaba presidido por José María Arias.

El Banco Popular abrió en el año 2016 una investigación interna para esclarecer lo sucedido, y poco después el juez abrió una pieza separada de la Gürtel, que bautizó como Cantón (el Pastor tiene su sede en la calle Cantón Pequeño de A Coruña), para investigar alrededor de 35.000 operaciones de entrada y salida de dinero sospechosas de servir para lavar capitales opacos durante los siete años en los que duró la presunta actividad delictiva ejecutada desde sucursales de la entidad en Argentina y otros países.

Posteriormente, además, se supo que el propio Arias habría ordenado a varios altos cargos la destrucción de documentos comprometedores y la instalación de un software informático destinado a camuflar las citadas operaciones en las sedes en el extranjero que albergaban las cuentas puente.

“¿Desde qué fecha tiene conocimiento el Gobierno de España del presunto delito de blanqueo de capitales realizado por el Banco Pastor? ¿Se tenía conocimiento de estas denuncias y hechos en 2011, cuando el Banco de España encomendó al Banco Popular la fusión con el Banco Pastor? ¿Se tuvo en cuenta esta situación a la hora de tomar la decisión de intervenir el Banco Popular con su filial, el Banco Pastor, y venderlo al Banco de Santander por 1 euro, toda vez que ya había sido publicado el auto de la Audiencia Nacional? ¿Influyó esta situación en el balance del Banco Popular y su filial el Banco Pastor a la hora de proceder a su intervención y posterior venta de manera urgente?”. Son cuatro de los quince interrogantes que plantea la diputada.

Yolanda Díaz también quiere saber si el Gobierno informó de los hechos al Santander y al resto de entidades que se interesaron por el Popular, e incluso si en el establecimiento del simbólico precio de venta por el que finalmente se vendió el banco tuvo algo que ver el hecho de que su filial estuviera siendo investigada en una de las tramas corruptas más sonadas, extensas y cuantiosas de la historia de la democracia española.

Que no haya dinero público para el Popular

Por otro lado, la propia Díaz y su compañero de En Marea en el Congreso Antón Gómez Reino han presentado una proposición no de ley en la que reclaman al Ejecutivo del PP que no aporte fondos públicos para tapar cualquier agujero que pueda surgir de la operación de compra del Popular. También, que garantice que ésta no conllevará despidos en ninguna de las tres entidades, y que asegure que no se cerrarán oficinas del Pastor en Galicia, donde sus sucursales se solapan con las del Santander en más de un centenar de municipios. Además, exigen que se esclarezcan las responsabilidades de los directivos del Popular en el hundimiento del banco, y que se mantengan las actividades de la Fundación Barrié, accionista del Pastor que administra su obra social en Galicia.

La proposición, presentada a través del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se debatirá el próximo martes en la Comisión de Economía del Congreso. Díaz y Gómez Reino recuerdan que tanto el Santander como el Popular se benefician de ayudas públicas de 42.000 millones de euros a través de créditos fiscales, y que los rescates bancarios de los últimos años han dejado al Fondo de Garantía de Depósitos, que debería asegurar los ahorros de los clientes de las entidades financieras españolas, sin fondos para cubrir una liquidación “ni siquiera en el caso de un banco de reducido tamaño”.

“Si bien este fondo asegura unos 50.000 millones de euros, el desvío de sus recursos a otros fines en el marco del proceso de reestructuración bancaria por parte del Gobierno ha hecho que los depositantes españoles no cuenten a día de hoy con las garantías oportunas estipuladas por la legislación”, advierten.

En Marea subraya que el Banco Pastor, absorbido por el Popular “por mandato del Banco de España”, es la segunda mayor entidad de Galicia, con más 680.000 clientes y un depósitos y créditos que ascienden a más de 20.000 millones de euros, negocio que ahora pasa a manos del Santander, que acaparará el 30% del mercado bancario gallego. Se trata, a juicio de los diputados, “de un paso más en la conformación de un cada vez más nítido oligopolio empresarial, un duopolio en el caso de Galicia, donde unas pocas entidades bancarias privadas con vocación trasnacional se hacen con todo el negocio financiero”.

En opinión de los diputados, se está conformando así un mercado financiero “cada vez más alejado de la libre competencia” que puede tener consecuencias muy lesivas para la economía española y especialmente para la gallega, teniendo en cuenta la desaparición, junto al Pastor, de Caixa Galicia y Caixanova, fusionadas en NovaCaixaGalicia en una operación impuesta por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo que fracasó y obligó a privatizar la entidad, reconvertida y rebautizada como Abanca y actualmente en manos del grupo venezolano Banesco.

“Los pequeños bancos y cajas de ahorro (...), con un sistema más descentralizado y ligado al territorio, han sido el sostén de la economía de pymes y familias”. “Un modelo que con la actual deriva”, añaden, “se abandona por un mercado financiero cada vez más globalizado y que centra cada vez más su actividad en operaciones puramente especulativas”.