Un manifestante absuelto en el primer caso judicial contra protestantes de la huelgas del metal de Cádiz

La primera causa judicial resuelta contra manifestantes de la huelga del metal de Cádiz se ha saldado con la absolución de un trabajador al que acusaban de quemar un vehículo camuflado de la policía, según ha sabido Público. Quedan, sin embargo, otras seis personas que aún están pendientes de juicio, denunciadas por los incidentes que se produjeron durante los nueve días de paro que convulsionaron la Bahía de Cádiz hace dos años, entre el 16 y el 24 de noviembre de 2021, para exigir un nuevo convenio colectivo del sector con mejoras salariales y laborales.

Rafael G., el manifestante que ha sido absuelto, acudió varios días al piquete informativo de la huelga que se concentraba cada mañana en la entrada de los astilleros de Navantia de la localidad de San Fernando. En los alrededores de ese lugar fue donde incendiaron en la segunda jornada de paro un vehículo camuflado de la policía, un todoterreno Nissan Patrol, que guardaba en su interior material antidisturbios.

En el balance de los incidentes del segundo día de huelga, fuentes policiales informaron entonces a los medios de comunicación que los trabajadores concentrados a la entrada de los astilleros de San Fernando habían estado reunidos en asamblea durante una hora, tras lo cual montaron una barricada. A continuación, añadieron las mismas fuentes, se quemaron dos vehículos, uno de ellos el todoterreno Patrol camuflado, que, una vez descubierto, fue volcado por una docena de personas y posteriormente incendiado.

Bombero en una compañía de prevención de riesgos laborales que hace también trabajos para empresas del metal de Cádiz, Rafael G., de 49 años, fue acusado de los delitos de daños y desórdenes públicos en relación con esos incidentes. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Fernando ha acordado sobreseer la causa en un auto que ya es firme, porque no ha sido recurrido por la fiscalía ni por ninguna otra parte personada en la causa.

En el auto, el juez argumenta que una vez practicadas las diligencias de investigación en relación con el atestado presentado por la Policía Nacional, “si bien obran datos suficientes de la naturaleza del hecho denunciado, no queda justificada la autoría exclusiva del investigado en los hechos denunciados”.

Pedro Castilla, abogado de la Sociedad Cooperativa Andaluza Gestea que se ha encargado de la defensa del manifestante absuelto, ha explicado a este periódico que Rafael G. recibió un día una llamada de teléfono en su casa, en la que le conminaron a que se presentara en la policía a declarar, con la advertencia de que si no acudía en los próximos días, irían a “sacarlo de la cama”. Luego, cuando fue a declarar, acompañado de su letrado, sufrió, según éste, una gran presión en comisaría por parte de unos seis agentes, que repetidas veces le pidieron que confesara lo que había hecho, algo que el denunciado no hizo.

Rafael G. se encuentra ya aliviado una vez que ha sido archivada definitivamente su causa, aunque nunca sintió miedo por lo que pudiera sucederle con el procedimiento judicial, asegura a Público. “Lo que tenía era miedo a perder el puesto de trabajo, porque yo no había hecho nada, sólo estaba en un piquete informativo. Tenía miedo de que el tema pudiera afectarle a mi madre, que ha muerto hace poco, pero nada más”.

No obstante, Rafael reconoce que lo ha pasado mal, porque lo metieron en los calabozos de la comisaría, le hicieron muchas preguntas “trampa” para ver si lo pillaban cuando prestó declaración en la policía y tuvo que esperar un año a que se resolviera su procedimiento judicial. “Qué es lo que me va a parecer esto -se pregunta-, con lo que estoy viendo en la tele, que uno va a volver a España de rositas con un montón de delitos, mientras a nosotros nos querían matar con una tanqueta y nos llevamos un par de bolazos y palos por protestar”.

Su abogado, Pedro Castilla, lamenta la persecución que, a su entender, sufrieron los trabajadores que se manifestaron “en un contexto de huelga” y la presión a la que fue sometido Rafael G. durante la declaración que prestó en la comisaría, la cual, asegura, menoscabó su integridad. A juicio del letrado, este conflicto se debería de haber abordado de forma política, nunca en el ámbito punitivo y de la persecución de un delito. “Lo que les está pasando a estos trabajadores es que, si reclaman sus derechos, luego les cae una querella y pierden la voz. Están persiguiendo que haya una clase obrera de siglos pasados, silenciada. Y eso es muy peligroso”, advierte.

Todavía queda por resolver, sin embargo, la causa judicial que se sigue contra otras seis personas que participaron en las manifestaciones de la huelga del metal de 2021 y que han sido acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños, delitos que pueden conllevar penas de prisión. En este caso ya se ha abierto el procedimiento para un juicio oral penal, cuya vista aún no ha sido señalada.

Este caso se deriva de las declaraciones que tuvieron que hacer en un juzgado de instrucción de Puerto Real en enero de 2022 los manifestantes denunciados por unos incidentes en el barrio obrero de Río San Pedro del municipio de Puerto Real, que, a juicio de su defensa, se habían producido en el marco de un conflicto que, a escala provincial, reclamaba una subida salarial y el fin de la precariedad en el sector.

Esa declaración en el juzgado se produjo tras un amplio despliegue policial en Río San Pedro, donde varias semanas después del final de la huelga se presentó un gran número de agentes para detener a cinco de los acusados. Otros tres denunciados por los mismos hechos fueron citados a declarar, sin embargo, mediante una citación judicial, sin necesidad de ser arrestados.

El despliegue policial causó bastante malestar en el barrio, cuya Plataforma Vecinal llegó a expresar su “hartazgo” por el comportamiento de las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto de los trabajadores del metal y el paso de la tanqueta por sus calles. La mujer de uno de los detenidos aseguró a este periódico que su marido había sido detenido cuando llevaban a la hija al colegio, aunque la Jefatura de Policía de Cádiz emitió luego un comunicado en el que afirmó que el arresto había tenido lugar “cuando regresaba” del centro escolar.  

Una vecina de Río San Pedro también fue llevada a juicio por injurias contra las fuerzas de seguridad del Estado, una vista oral que se ha celebrado recientemente, según fuentes judiciales, y que se encuentra pendiente de sentencia.

En noviembre de 2022, cuando se cumplía el primer aniversario de la última gran huelga del sector del metal en Cádiz, se supo también que la fiscalía provincial había decidido desestimar la denuncia presentada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) por una actuación desproporcionada de la policía y detenciones ilegales de manifestantes en el paro de nueve días de 2021.

La organización sindical había solicitado investigar, entre otras cosas, el lanzamiento de 900 pelotas de goma contra los manifestantes en sólo dos días, de 50 a 60 botes de gas lacrimógeno por día y de 800 disparos de salva en una mañana, para lo cual adjuntó partes de lesiones de varias personas a causa de un uso desmedido del material antidisturbios.

En su escrito de denuncia, la CTM detalló lo que, a su entender, había sido una mala praxis policial durante la segunda semana de la huelga, en unas jornadas en las que se produjeron fuertes enfrentamientos entre agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y manifestantes, en vísperas de que los sindicatos CCOO y UGT firmasen con la patronal FEMCA el acuerdo que puso fin a la huelga del metal gaditano.

La denuncia incluía vídeos en el que se veía, según la Coordinadora, una tanqueta de la policía “arrasando” con todo lo que encontraba a su paso, contenedores, papeleras y otro mobiliario urbano, que a su vez impactaban contra vehículos aparcados en la barriada de Río San Pedro. El uso de la tanqueta fue muy criticado por sindicatos, organizaciones vecinales y diferentes formaciones políticas, e, incluso, llegó a ser motivo de disputa dentro de la coalición del Gobierno central, cuando la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trasladó su malestar al respecto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.