El elevado número de demandas judiciales en el sector bancario español podría dañar a los clientes e incrementar el coste del crédito, dijo el miércoles la subgobernadora del Banco de España.

"La judicialización de las reclamaciones implica un aumento nada desdeñable de la carga de trabajo y de los costes asociados al sistema judicial, además de terminar perjudicando a los propios clientes, dado que la necesidad de cubrir los costes judiciales futuros encarece inevitablemente el crédito", dijo Margarita Delgado durante un evento del sector en Madrid.

Los bancos españoles siguen sufriendo los efectos del saneamiento de activos tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, mientras las familias españolas siguen recortando sus propias deudas.

Si bien los nuevos préstamos al consumo subieron un 8,8% en 2018, el saldo general de crédito cayó un 3,9%, según datos del Banco de España.

La advertencia de la subgobernadora llega un día después de que el Banco de España alertase sobre un potencial incremento de los litigios por las hipotecas referenciadas durante muchos años al índice hipotecario IRPH, asunto que está ahora en los tribunales europeos, que podría tener un fuerte impacto en los beneficios.

El IRPH se empleaba para fijar los términos de las hipotecas de tipo variable como una alternativa al Euribor y estaba basado en la media de los tipos hipotecarios comercializados por los bancos.

El índice se eliminó en 2013 bajo críticas de que no permitía a los clientes beneficiarse de un entorno más bajo en los tipos de interés.

Delgado también dijo el miércoles que con los tipos tan bajos, las fusiones eran una clara alternativa para mejorar la rentabilidad y la eficiencia en el sector financiero.

El número de entidades de crédito en España se ha reducido de 55 antes de 2008 a solo 12 tras varias rondas de concentración que buscaron mejorar la rentabilidad.

Sin embargo, Delgado añadió que las fusiones podrían traducirse en procesos largos y complejos que podrían traer más problemas que ventajas.