El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ordenado practicar una ‘autopsia’ documental sobre el fiasco de Banco Popular dentro de la investigación penal de su fiasco, motivada por la presentación de varias querellas.

La entidad financiera, considerada el sexto banco del país hasta primeros de junio, fue comprado por un euro por Banco Santander tras ordenar la UE y el Gobierno español la amortización de 4.128 millones de euros en acciones e instrumentos de capital. Esa decisión, basada en una auditoría de urgencia que no descartaba que Popular fuera viable con na inyección de 2.000 millones e incluso que estuviera en ‘números negros’, provocó decenas de miles de damnificados, la mayoría de ellos ahorradores que habían acudido a la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016 y que son los que han ido presentando las querellas.

El juez ha ordenado la entrega de 82 bloques de documentación sobre la entidad ‘resuelta’ a tres órganos de la Administración española (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Frob) y a dos comunitarias (Banco Central Europeo), además de a la auditora PwC, a Citibank y Morgan Stanley, que estudiaron la situación de la entidad para su eventual compra por Bankia y por Santander, y a ocho competidores directos como los dos últimos, el anterior, BBVA, Sabadell, CaixaBank, UBS y Societé Generale.

La documentación solicitada, que obliga a posponer los interrogatorios de investigados y testigos hasta su entrega, que tardará varios meses, tiene varios objetivos entre los que destacan conocer la situación real del banco, determinar los movimientos de dinero y las operaciones comerciales que se fueron produciendo, establecer cuál era realmente su nivel de insolvencia, esclarecer sus causas y conocer los movimientos del sector en el periodo previo a la ‘resolución’.

Las diligencias vendrían a equivaler a dos de las básicas cuando un juzgado investiga la muerte de una persona: la autopsia, para conocer las causas del fallecimiento, y el comportamiento y las coartadas de los allegados, en este caso para esclarecer su eventual intervención.

¿Qué fue del ‘banco malo’ de Popular?

A los competidores de Popular el magistrado les reclama que remitan “cualquier informe o documento emitido” por sus equipos de riesgos desde enero del año pasado que “contenga o en el que se realicen estimaciones de las potenciales contingencias existentes que puedan afectar a la situación patrimonial y financiera” de Banco Popular. El requerimiento añade en el caso de Santander los informes de valoración y las posibles ofertas previas a la adquisición.

En cuanto al Banco de España, el juez le ordena la entrega de 18 bloques de documentos entre ellos todos los referentes a sus valoraciones sobre los riesgos de la actividad crediticia del banco y sus provisiones, sus evaluaciones de solvencia y de seguimiento desde 2012, las actas de los encuentros entre directivos de ambas entidades y todos los informes de inspecciones y los requerimientos enviados desde esa fecha.

Sobre los dos últimos años de funcionamiento independiente de la entidad, el juez se interesa especialmente por todo lo relativo a “decisiones de capital”, al seguimiento de la ampliación de 2016 y, en particular, a los “informes, análisis, comentarios o reparos” que los técnicos del antiguo emisor realizaron al “Plan Sunrise”, con el que Popular pretendía crear su propio ‘banco malo’ con los activos de su inmobiliaria Aliseda, que hoy gestiona el fondo Blackstone.

El magistrado solicita la entrega por el Banco Central Europeo de sus trabajos de supervisión de los años 2026 y 12017, pide a la Junta Única de Resolución (JUR) de la UE la auditoría de Deloitte en la que basó su decisión y requiere al Frob “los expedientes administrativos completos” relacionados con Popular en esos dos años, y “en particular el generado por el procedimiento comunitario de resolución”, así como una “copia certificada de las comunicaciones, informes y documentos que desde el 7 de junio de 2017 en adelante el Banco de Santander le haya remitido para el saneamiento y reestructuración” de la entidad.

La CNMV deberá remitirle “los requerimientos e investigaciones realizados hasta la fecha para dilucidar la existencia de ocultación de pérdidas provenientes de ejercicios anteriores a 2017”, así como sus trabajos sobre la ampliación de capital de 2016 y, también, sobre el “Plan Sunrise”.

La remuneración de los consejeros

El magistrado, que intenta determinar la situación real del Popular y su evolución en los últimos años como banco independiente, presta especial atención a la remuneración de sus directivos.

En este sentido, le ordena que “certifique lo abonado” a sus consejeros entre 2025 y 2017 “en concepto de retribuciones, dietas, pluses, indemnizaciones, planes de pensiones, participaciones en beneficios, primas de fichaje” y cualquier otra cantidad entregada “en metálico o por aportación”. Una diligencia de este tipo permitió descubrir las ‘tarjetas black’ de Cajamadrid, investigadas por el mismo magistrado.

Y, “en particular”, se interesa por saber si dejaron de cobrar alguna cantidad en aplicación de “la llamada cláusula malus” y si se les exigió “determinadas restituciones de retribuciones, en aplicación de la cláusula "clawback". Ambas consisten en que los ejecutivos pierden el derecho a cobrar, o deben devolverlo si lo han recibido, la parte variable de su retribución cuando la entidad que dirigen tiene resultados negativos. La CNMV lleva años sugiriendo a las empresas del Íbex su aplicación, que debe recogerse en los contrato.

Créditos, avales y garantías a la cúpula, sus empresas y su familia

Paralelamente, el juez ha reclamado al banco de España que le remita la información de que disponga sobre las “retribuciones globales, en todas sus modalidades, de los consejeros y directivos del Grupo Banco Popular, en los ejercicios 2016 y 2017”.

Y, al propio Popular, que le “remita detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad, ya sea directamente o indirectamente, a favor de miembros del consejo de administración de la entidad o de su personal directivo, y de sus familiares o entidades o empresas que controlen”.

No obstante, no es esta la única documentación que reclama a la entidad, que deberá cumplimentar 35 bloques de información entre los que se incluyen las copias de las actas del consejo desde el 1 de enero de 2014 al 7 de junio de 2017 y los trabajos de auditoría, junto con la identificación de sus autores, que llevaron a Popular a elevar su agujero reconocido a 3.500 millones (que se multiplicaría por más de tres en seis meses).

El juez Andreu también le ordena remitir, entre otros documentos, sus últimas planificaciones de capital a tres años con sus respectivas modificaciones, las actas de las sesiones de los comités de Auditoría, de Riesgos y de Dirección desde enero de 2014, una “explicación detallada de los cálculos de provisiones por 4.700 millones de euros y pérdidas de 2.000 millones de euros” que contenía el folleto de la ampliación de capital de 2016 y, también, un “detalle de las desviaciones entre las cifras anteriores y las cifras finalmente producidas al cierre del año”.