El expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosn fue acusado este lunes formalmente de ocultar pagos millonarios pactados con la empresa, un caso que ha conmocionado el mundo de los negocios.

Ghosn, de 64 años, fue detenido en Tokio el 19 de noviembre pasado, poco después de llegar a Japón para mantener una serie de contactos empresariales y políticos. Desde entonces estaba en detención provisional, a la espera de la acusación formal.

Según anunció este lunes la fiscalía, la acusación afecta también parcialmente a Nissan Motor y a otro directivo de la firma muy próximo a Ghosn, Greg Kelly, por su vinculación con los hechos que llevaron a la cárcel al poderoso directivo del sector automotor.

La inculpación fue anunciada al vencer este lunes el período de detención provisional de Ghosn, lo que obligaba a la fiscalía a ponerlo en libertad, levantar nuevos cargos o anunciar la acusación formal contra él por los hechos que llevaron a su arresto.

En total, las cantidades pactadas por Ghosn y Nissan entre marzo de 2011 y 2015 eran de 9.855 millones de yenes (76,5 millones de euros) , aunque sólo fue declarado el 50,6 % de esa suma, de acuerdo con la nota oficial de la fiscalía entregada hoy a los periodistas.

Pero, adicionalmente, la fiscalía emitió otra orden de detención por ejercicios posteriores, hasta este año, acusando a Ghosn de presuntamente declarar sólo el 40,5 % de la remuneración pactada por Nissan para esos tres años, por un total de 7.174 millones de yenes (55,7 millones de euros) .

Aunque la fiscalía no entra en detalles sobre esas sumas adicionales, la diferencia, según fuentes conocedoras del caso, se corresponde con pagos diferidos que Ghosn había pactado con Nissan para cuando se retirara de la compañía. Expertos legales consideran que aunque Ghosn nunca llegó a recibir esas cifras, por el hecho de haber sido fijadas debía haber informado de ellas al regulador bursátil y a las autoridades fiscales niponas.

Pero, al parecer, según filtraciones de la defensa de Ghosn a los medios locales, las consultas legales hechas por Ghosn consideraron que no era preciso declarar esas sumas fijadas porque se trataba de pagos diferidos hasta su retiro.

Unido a ello, el regulador bursátil pidió a la fiscalía que acuse a Nissan, junto con Ghosn y Kelly, por violar las leyes locales al no recoger los mencionados pagos diferidos en los balances contables anuales que debe presentar, por cinco ejercicios, hasta el de 2015.

Un monitor en una calle de Tokio muestra la información sobre la inculpación de Carlos Ghosn. REUTERS/Issei Kato

Ghosn fue cesado como presidente de Nissan Motor días después de su detención, al igual que de las mismas funciones en Mitsubishi, donde Nissan es el accionista más importante.  Formalmente, sin embargo, sigue como presidente y director ejecutivo de la francesa Renault, aunque reemplazado interinamente por otro directivo.

Las tres compañías forman una alianza que fue forjada a fines de los años noventa por Ghosn, entre otros ejecutivos. Renault tiene el 43% de las acciones de Nissan, y la nipona el 15% del fabricante francés. Pero Renault tiene derechos de voto en Nissan, y la nipona no en la francesa, de acuerdo con los términos de la alianza de socios entre las tres empresas de la que Ghosn era el máximo directivo.

La detención de una de las figuras más destacadas del mundo de los negocios de Japón, y con un perfil muy alto en el sector automotor a nivel mundial, ha puesto de relieve las particularidades del derecho procesal japonés.

Ghosn primero fue detenido por 48 horas, pero posteriormente se amplió el arresto provisional por diez días, y después por otro período de adicional de diez días. Desde entonces, el exdirectivo de Nissan ha permanecido en una celda de una prisión de esta capital.

Las normas legales niponas no exigen que los abogados del acusado estén presentes durante los interrogatorios de la fiscalía, lo que ha hecho surgir temores de que se esté buscando una autoinculpación de Ghosn. "Estamos escuchando todo lo que diga, pero no estamos forzándole a que se declare culpable", afirmó hoy en una rueda de prensa el vicefiscal del distrito de Tokio, Shin Kukimoto.

Los documentos de la fiscalía recogen hoy oficialmente, por primera vez, la responsabilidad que Nissan tiene como empresa en este asunto, por violar supuestamente la ley de instrumentos financieros.

En un comunicado difundido tras conocer estos cargos, la compañía dijo que tomaba estas acusaciones "con extrema seriedad" y expresa su "profundo pesar". "Hacer falsas revelaciones en los informes bursátiles anuales perjudica en gran medida la integridad de las divulgaciones públicas de Nissan en los mercados bursátiles", agrega la nota de la firma.