Islandia lidera la clasificación de los sistemas públicos de pensiones, mientras España se sitúa en la mitad de la tabla

No resulta sorprendente que los países escandinavos y de Europa Central abanderen rankings internacionales sobre innovación, igualdad de género o aspectos socio-económicos vinculados a los estados del bienestar. Por eso, tampoco es de extrañar que el Global Pension Index 2021, de la consultora Mercer y el CFA Institute Global, sitúe a tres de estas naciones en el top-three de su clasificación anual.

En su último diagnóstico, recién desvelado, Islandia, con una nota final de 84,2 sobre 100, se convierte en el estandarte de los sistemas públicos de pensiones. En la luz del faro sobre las necesarias reformas de sostenibilidad financiera futura, llegan a reconocer los expertos de Mercer. Un reto que "nunca ha estado en una situación más crítica por las presiones sociales, económicas y financieras derivadas de los procesos de envejecimiento demográfico en todo el mundo", aunque en especial, entre las potencias industrializadas, explica el informe, que aboga por urgentes agendas de cambios estructurales para garantizar las pensiones y consolidar las retribuciones a las siguientes generaciones en edad de retiro laboral.

La irrupción de Islandia tiene un doble valor. Asume el liderazgo en su primera incursión en este diagnóstico, de referencia mundial. Y desplaza a Países Bajos (que recibe una nota de 83,5) y a Dinamarca (82) que han comandado esta clasificación a lo largo de toda la década pasada y que conforman el top-three, los únicos con valoración Grado A, con más de 80 puntos y que ostentan un sistema de retiro con pensiones robustas, potentes beneficios sociales y de alta sostenibilidad e integridad. Junto a Islandia, el estudio incorpora a otras tres economías a su examen: Emiratos Árabes Unidos (EAU), Taiwán y Uruguay, en el que China y Reino Unido marcan los progresos de mayor enjundia entre 2020 y 2021.

Un año de compleja transición en los sistemas de pensiones por las secuelas de la Covid-19, que deja, por un lado, notables aumentos de las tasas de mortalidad -en especial, entre las personas de edad avanzada- y unos históricamente bajos tipos de interés, aunque, por otro, hereda unas consecuencias socioeconómicas de primer orden. Entre otras, un aminoramiento de las subidas salariales, reducciones en los retornos de beneficios en ciertos activos y presiones financieras demográficas sobre el coste y las retribuciones de los sistemas de pensiones, precisa David Knox, socio de Mercer, en el sumario ejecutivo.
Knox invita a actuar a los 43 países sometidos a valoración. "A pesar de los desafíos que todavía deja pendientes la Gran Pandemia, no es momento de poner freno a las reformas de pensiones; sino más bien al contrario: la coyuntura insta a acelerar los cambios".

El informe aúna en su examen general la suma de tres bloques de indicadores. Uno de idoneidad de los sistemas (adequacy), que contabiliza el 40% de la nota final, y que analiza los beneficios, el diseño del modelo, la capacidad de ahorro, el apoyo gubernamental y el crecimiento tanto de sus propiedades como de sus activos. Un segundo, sobre sostenibilidad (sustainability) entre los que figuran parámetros como la cobertura de pensiones, los activos totales, la demografía, los gastos públicos, la deuda soberana o el dinamismo de la economía y que aporta el 35% al índice definitivo. Y un tercero (integrity) que calibra la regulación, la gestión, la protección y los costes operativos del sistema, y que aporta el 25% restante.

Tailandia obtiene la peor valoración -"las mayores debilidades", prefiere especificar el estudio- a la que sigue muy de cerca el sistema público de pensiones argentino y filipino. Son los de Grado D -entre 35 y 50 de calificación- y categoría en la que también están potencias industrializadas como Japón o Corea del Sur o emblemáticos mercados emergentes como México, Turquía o la India. De los que asegura el estudio, "sin mejoras reformistas, su eficacia y sostenibilidad estarán puestos en duda". Corea e India destacan entre los once países que pierden posiciones durante la crisis sanitaria. En contraste con los avances de Reino Unido -noveno del ranking- y de China, que pasa al vigésimo octavo lugar. Cuatro por debajo de España (vigésimo cuarta del escalafón), a tres de Francia, que cierra el bloque C+ (entre 60 y 65 de puntuación) y ocho por delante de Italia, inmersa también en el C (entre 50 y 60). Sistemas "aprobados", con buenas parámetros y factores estructurales, pero con "riesgos a corto plazo que deben ser atendidos". Sin los cuales "la sostenibilidad de largo recorrido podría verse puesta en cuestión".

Los mensajes reformistas a España

España mejora el examen de 2020 al alcanzar una nota global de 58,6, con calificación notable en dos de los bloques de indicadores: un 72,9 en idoneidad -el de mayor aportación al cómputo general-, en el que recibe una nota B, y en integridad, con un 78,3 (B+). Pero en sostenibilidad del sistema registra un insuficiente 28,1 (E). Con alzas en su registro global (57,7) respecto al año precedente, en el de idoneidad (que fue de 71 puntos en 2020) y en sostenibilidad, al que añade seis décimas. Y sólo pierde dos en el de su mejor valoración, integridad.

En su dedicatoria de recomendaciones específicas aparecen varias de las propuestas reformistas que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puesto sobre la mesa de negociación colectiva. El modelo español -precisan en Mercer- abarca un cálculo que relaciona las ganancias del sistema público de pensiones con un beneficio mínimo de asistencia social. Al que se pueden sumar aportaciones voluntarias personales y planes de jubilación que, sin embargo, obtienen bajas coberturas en comparación con el cómputo estatal. De ahí que sea necesario "elevar los niveles de las pensiones mínimas, para fortalecer los soportes financieros a los estratos con menor poder adquisitivo y aumentar la participación de los trabajadores en planes de pensiones a través de mecanismos automáticos o de inscripciones personales, para lo que sería conveniente incluir desgravaciones fiscales que sirvan de acicate para incrementar sus contribuciones individuales".

Además de impulsar mayores cotas de creación de empleo, con el objetivo de ensanchar la fuerza laboral del país, esencial para afrontar etapas venideras de más envejecimiento social y mayores expectativas de vida. "De acometerse estos cambios legislativos, el indicador general de España subirá con celeridad", de igual modo que "ha mejorado levemente desde 2020 con pequeños progresos en todos los subíndices" del estudio.

La reforma de las pensiones diseñada por el equipo de Escrivá da un protagonismo central a las prejubilaciones en su primer abordaje legislativo, aprobada por el Consejo de Ministros y que se encuentra en trámite parlamentario. En el sentido de "alinear la edad efectiva de jubilación a la ordinaria". Para lograr este objetivo, se incorporan dos tipos de medidas: uno que incrementa las penalizaciones por jubilaciones anticipadas y otro que, simultáneamente, mejora los actuales incentivos al retraso de la edad ordinaria de jubilación. La edad real -explican en el blog de BBVA Research- a la que, de promedio, pasan a situación de retiro los españoles es actualmente de 64 años y 6 meses (en 2020) mientras que a la legal ordinaria -en 2021- es de 66 años para aquellos que han cotizado menos de 37 años y tres meses. Pese a que se está incrementando cada año y quedará fijada en 67 años a partir de 2027 para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses.

De forma más reciente, Escrivá ha suscitado otro gran debate social con su planteamiento de un aumento temporal de las cotizaciones para pagar las pensiones de los baby boomers. De un 0,5% a partir de 2023. Perfilado como un mecanismo de equidad intergeneracional, a la espera de que se revelen los pormenores sobre la financiación del sistema, después de que se derogase el factor de sostenibilidad fijado por el PP. Y encauzado para actuar desde el lado de los ingresos, mediante la fijación de esa ratio del 0,5% de incremento de cotización a lo largo de 10 años, a contar desde 2023, y que vendría a inyectar mayor liquidez a una hucha, la de las pensiones, en la que apenas quedan 2.000 millones, desde el techo histórico de 66.815 millones que se registró en 2011.

Techo de cristal también en las pensiones

El informe de Mercer también hace hincapié en la brecha de género en materia de pensiones que, en sistemas como el japonés se aproxima al 50%. Cálculos basados en las retribuciones que, de promedio, aportan en la actualidad los modelos públicos a hombres y mujeres. Por motivos de muy diversas índoles. El déficit de calidad en el cuidado de hijos, que restringe con una mayor intensidad las opciones laborales de las mujeres, el impacto de los costes de educación infantil sobre las aportaciones voluntarias, el diferencial financiero, la ausencia de fondos de pensiones con características específicas para clientes femeninos, la desvinculación de derechos en casos de divorcio en determinados países o las variaciones salariales son algunos de ellos. Para lo cual, se hace eco de un indicador de la OCDE en el que España se sitúa por encima del promedio del club de economías de rentas altas. Al igual que Holanda, segunda en el ranking de Mercer.

En este sentido, las recomendaciones de la consultora reclaman una pensión mínima, una base retributiva suficiente que sirva para suturar la brecha entre el cálculo sobre el historial laboral y la nómina real de retiro. Así como acciones por parte de los empleados para flexibilizar horarios de trabajo, retirar las bruscas distinciones de cotizaciones entre contratos a jornada completa y a tiempo parcial o avances en materia de equiparación salarial. A la industria, le pide acabar con tasas de anualidades basadas en el género, crear mayor flexibilidad en las aportaciones, durante las etapas de cuidados intensivos de descendientes o créditos para aquellas personas, al margen de su condición sexual, que tengan que estar al cuidado de hijos o personas mayores en periodos de su vida laboral. Mientras que a los gobiernos les reclama mejoras en la calidad de los servicios sociales y educativos infantiles, para facilitar el reingreso de las mujeres a los mercados laborales o métodos de aportación o paréntesis variables, en función de los años de ejercicio o de salida de las actividades profesionales.