Los efectos secundarios de la laminación que la negociación colectiva ha sufrido a lo largo de la última década han confluido con los achaques que la crisis pandémica ha provocado en el sistema productivo, y con una inflación de magnitud desconocida en casi tres décadas para generar una tormenta perfecta que ha derivado en la congelación de los salarios de diez millones de trabajadores y en pérdidas de poder adquisitivo de más de cinco puntos para otros 4,8 millones, además de para los pensionistas y los funcionarios.

Ese cuadro incluye un elevado encarecimiento de los precios de venta al público de bienes y servicios básicos, como los alimentos frescos y la electricidad, que impacta con mayor intensidad en las economías familiares cuanto menor es su nivel de ingresos.

Según los cálculos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la factura total de 2021 para un hogar medio con tarifa regulada "se ha elevado a 949 euros, que es un 41% más que la factura de 2020 (675 euros), y un 18% más que la factura de 2018 (807)", tras alcanzar el recibo medio de diciembre los 119,17 euros y el promedio mensual los 79,11; a lo que se le suma que el precio de combustibles como el butano se sitúan en su máximo histórico con la bombona de 12,5 kilos a 17,75 euros.

Eso ocurre en un país en el que, según los datos de la Agencia Tributaria referentes al IRPF de 2019 (el último disponible), más de ocho millones de trabajadores gana menos de mil euros brutos al mes y casi cuatro y medio más son mileuristas en neto al no superar los 21.000 brutos.

Casi el 60% de los 21 millones de contribuyentes que declaran ingresos de origen laboral se ven obligados a afrontar ese tipo de gastos con salarios de esa cuantía en un escenario inflacionista que va a prolongarse, e incluso intensificarse, durante varios meses y que está dando dentelladas al poder adquisitivo acumulado en lo que va de siglo, que ronda los nueve puntos cuando la comparación se realiza entre los aumentos pactados en convenio y la media anual del IPC (no el aumento interanual), según los datos facilitados por el gabinete económico de CCOO.

Diez millones de trabajadores con el sueldo congelado

España cerró el 2021 con una inflación interanual del 6,5% y una media del 3,09%, según los cálculos del INE (Instituto Nacional de Estadística) frente a una subida media de los salarios en los convenios del 1,47%, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, dos datos que, aparentemente, apuntan a una pérdida de poder de compra de solo cinco puntos para los salarios.

Sin embargo, el descuadre es netamente superior, ya que esa estimación tiene algunos matices de calado como el hecho de que menos de la sexta parte (15%) de los acuerdos laborales cerrados el año pasado incluyera revisiones de los sueldos.

Así, el cruce de los datos elaborados por el gabinete económico de CCOO con los del Ministerio de Inclusión indican que 8,8 de los 16,49 millones de trabajadores por cuenta ajena del país, cifra que incluye los 2,72 de empleados públicos afiliados a la Seguridad Social, quedaron al margen de esas revisiones de convenios, 1,2 vieron cómo esos pactos no afectaban a su salario, 1,13 acordaban aumentos inferiores al 1%, otros 3,5 los alcanzaban del 1% al 2% y solo el 1,8 restante superaba esa cota.

El resultado es en realidad de diez millones de trabajadores por cuenta ajena con los sueldos congelados y otros seis con subidas inferiores a la mitad de la inflación interanual, que alcanzó el 6,5%. Algo menos de tres millones perdían menos de la mitad de la capacidad de compra si la referencia es la media del IPC (3,1%) al superar sus acuerdos el 1,5%.

Resulta generalizada una pérdida de poder adquisitivo que también afecta a los tres millones de funcionarios, cuyas revisiones fueron del 0,9% como la de los casi nueve de pensionistas, cuya prestación media de jubilación no alcanza los 1.200 euros.

Llenar la nevera y la despensa cuesta más

Esa es la realidad salarial del país, en el que, según las estimaciones del INE, los precios de algunos bienes y servicios básicos experimentaron aumentos que dificultan el acceso a los hogares con rentas más bajas: la carne de pollo, la más consumida junto con la de cerdo, subió un 6,5%, mientras el pan lo hacía un 3,8%, los huevos un 6,2%, la leche un 4,5, la fruta un 9%, las legumbres un 8%, la movilidad privada un 11,3% y los gastos relacionados con la vivienda se disparaban un 23,3% "por el incremento de los precios de la electricidad, mayor este mes que en 2020", y los caseros comenzaban a revisar al alza los arriendos.

"Los alimentos, que tienen un peso importante en la cesta de compra de las familias, están subiendo mucho, un 6,5% los no elaborados y un 3,6% los elaborados", explica Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico de CCOO, que anota que "las subidas de algunos alimentos ante el mayor poder adquisitivo y el menor gasto en ocio de las rentas altas afectan a todos, y tienen un mayor peso cuanto más baja es la renta".

La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye los alimentos frescos ni la energía, cerró el año con un avance interanual del 2,1% que no se registraba desde marzo de 2013. Dentro de este índice, los alimentos elaborados registraron un aumento del 3,5% con los mayores incrementos concentrados en productos básicos para los hogares como el aceite, las pastas alimenticias, las harinas, los para bebé y la leche.

El peso del techo y la nevera según la renta

¿Impactan subidas de ese tipo de manera homogénea en los hogares? Para nada: los gastos relacionados con la vivienda se llevan, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, algo más de la tercera parte de los recursos que moviliza una familia media al cabo del año, aunque con grandes diferencias entre el 50% que le suponen a las que ingresan menos de mil euros mensuales de manera regular, el tercio para las que ganan de mil a 3.000 y la reducción a la sexta y la octava parte a partir de ahí.

Ocurre algo similar con los alimentos, cuyo encarecimiento, como el de la vivienda, se acusa de una manera mucho más intensa en los hogares de rentas bajas: la media es de la sexta parte (4.587 euros de 27.112), para aumentar hasta la quinta en las familias que ganan menos de mil euros y descender a poco más de la octava en las más pudientes.

A las primeras, el techo y la nevera se les llevaban dos tercios del presupuesto antes de que inflación desbocada y congelación salarial comenzaran a darse de manera simultánea, mientras que a las que ingresan más de 60.000 euros anuales les requería menos de la mitad.

La subasta eléctrica encarece la electricidad el triple que en Europa

La tendencia inflacionista está impulsada por el encarecimiento de la energía, que en diciembre acumulaba una tasa interanual del 40,2% en el que destaca como componente más alcista la electricidad, que encadenaba un 72% frente a l 26,1% de los hidrocarburos y el 16,5% del gas.

"El incremento de la inflación en diciembre ha tenido un origen muy generalizado, lo que indica que se está produciendo un traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo", señala María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la fundación de las antiguas cajas de ahorro.

"Los empresarios no energéticos ya están repercutiendo en sus precios la subida de la energía, mientras que los salarios negociados crecen al 1,47%", anota, en la misma línea, Martín, que llama la atención sobre cómo, además de esa repercusión, resulta clave para ese proceso inflacionista "el mecanismo marginalista de fijación de precios de la electricidad que ha subido un 47% en España en los últimos doce meses frente a un incremento mucho más bajo en el conjunto de la UE (16%)".

"Lo que se comprueba es que, además de la subida del precio de la energía, que tiene una causa exógena, se produce otra subida de tipo endógeno por el sistema de precios" con el que se tasa la electricidad en el mercado mayorista español, añade.