La gran industria y el sector petrolero han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que los ajustes en la retribuciones de las actividades del sector gasista se apliquen desde 2021, sin un periodo transitorio a lo largo del nuevo periodo regulatorio (2021-2026), lo que supondría un ahorro adicional en pagos del sistema para el periodo 2021-2024 de unos 1.500 millones de euros adicionales.

Un grupo de 11 asociaciones industriales, formado por Acogen, Anfevi, Ascer, Aspapel, Anfevi, Confevicex, Unesid, Gasindustrial, el Consejo Intertextil Español, así como la patronal de las petroleras AOP y de la industria química (Feique), han remitido conjuntamente al regulador sus alegaciones a los proyectos de circulares de gas, que determinarán la retribución para las empresas gasistas y en las que se plantea un recorte del 21,8% y del 17,8% a los ingresos de las redes de transporte y distribución de gas, respectivamente.

En la veintena de alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, presentada a los seis proyectos de circulares estas asociaciones, que suman más del 80% del consumo de gas de la insdustria y emplean a más de un millón de trabajadores en múltiples sectores del país, inciden especialmente en las retribuciones de las actividades gasistas de transporte, distribución y también la rentabilidad financiera, proponiendo mejorar los mecanismos de control.

Así, reclaman aplicar los ajustes al sector gasista desde 2021, frente a la propuesta de la CNMC de que se realice progresivamente a lo largo de cuatros años, para permitir así ahorrar a los consumidores "en ayudas injustificadas" unos 1.500 millones de euros.

Según sus cálculos, estas asociaciones estiman que la sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanza los 5.000 millones de euros.

En concreto, solicitan a la CNMC la eliminación total del concepto de Retribución por Continuidad de Suministro a partir del 1 de enero de 2021, ya que si se lleva a cabo de forma gradual a lo largo del periodo 2021-2024 se generaría un coste no necesario al sistema gasista de 594 millones de euros.

Asimismo, también piden suprimir la Retribución Transitoria de Distribución (RTD) completamente a partir del inicio del nuevo periodo regulatorio, ya que el coste de mantenerlo ascendería a 879 millones de euros entre 2021 y 2024.

Además, estiman que habría que eliminar por completo la sobrerretribución debida a la metodología errónea de cálculo de amortizaciones y retribuciones financieras en activos de distribución, valorada en 586 millones de euros anuales durante el periodo regulatorio 2014-2020, así como implementar mecanismo de control de cobertura de gastos por Operación y Mantenimiento (O&M).

Optimizar las infraestructuras

En lo que se refiere a las infraestructuras gasistas, consideran necesario optimizarlas mediante la retribución adecuada de sus activos, ampliando la vida útil de muchas instalaciones, retribuyendo mejor a las que son más utilizadas y no retribuyendo de más a las ya amortizadas que sigan funcionando, así como no promocionando a cuenta de los consumidores las inversiones que no vayan a ser utilizadas.

Respecto a la tasa de retribución financiera, las asociaciones estiman que la que se aplica en España se debe adecuar a la de los países y empresas comparables de nuestro entorno, de acuerdo con el riesgo real de los mercados y del país atendiendo a la muy baja necesidad de inversiones del sistema gasista en España.

Además, recalcan que desde 2013 se ha mantenido "una fuerte y sostenida reducción" en las inversiones que se han realizado en el sistema gasista debido a que no hay necesidad de realizarlas, por lo que considera que "no son comprensibles las declaraciones que achacan a la revisión del modelo retributivo la paralización de las exiguas inversiones".

Asimismo, advierten de que el crecimiento del valor bursátil de la principal empresa distribuidora del país (Naturgy) en comparación con el Ibex 35 "ha evidenciado de forma clara el efecto de la sobrerretribución que se ha abonado a todas las compañías gasistas propietarias de activos de distribución".

De esta manera, las 11 patronales creen que existe un amplio margen de mejora para ir más allá en las propuestas de la CNMC de cara a optimizar la sostenibilidad y eficacia del sistema gasista para que se traslade a incrementar la competitividad de los consumidores industriales en España.