España entra en plena desescalada del confinamiento por la covid19 sin que nadie tenga claro cómo padres y madres podrán regresar al trabajo presencial (aquellos que tengan la suerte de seguir teniendo un empleo), sin que estén abiertos los colegios y sin tener la posibilidad de enviarlos a los tradicionales campamentos de verano. Los abuelos y abuelas, soporte habitual de muchísimas familias, no parecen ser la respuesta idónea en un escenario en el que la pandemia del coronavirus sigue amenazando la salud de la población, sin una vacuna en el horizonte.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno desde el inicio del estado de alarma, contienen acciones destinadas a reducir el impacto de la crisis en trabajadores y empresas, y han sido eficaces para preservar empleos e ingresos de amplios sectores de trabajadores y personas vulnerables. Medidas importantes que van en línea con los esfuerzos que se han realizado en otros países de nuestro entorno, pero que según afirman los principales sindicatos se quedan cortas a la hora de promover la conciliación, sobre todo en un momento de desescalada en el que muchos trabajadores han sido llamados reincorporarse físicamente a su puesto de trabajo.

Estas medidas, prorrogadas ya en tres ocasiones y que están vigentes hasta el próximo 21 de junio, consisten básicamente en recomendaciones a favor de teletrabajo, la flexibilidad horaria o la reducción de jornada, cuya aplicación efectiva depende en último término de las empresas y de los convenios colectivos de cada empresa o sector. Un paquete de condiciones agrupadas bajo el plan bautizado como MeCuida, que hacen referencia al artículo 6 del Real Decreto 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.

Consultados por este diario, tanto el ministerio de Trabajo como el de Igualdad, confirman que están trabajando en medidas de ámbito nacional que a medio y largo plazo permitan afrontar este problema más allá de la actual crisis sanitaria. Fuentes del Ministerio de Igualdad han señalado a Público que "este ministerio, como el conjunto del Gobierno, está efectivamente trabajando en la búsqueda de soluciones de conciliación para las familias. Darle una vuelta al sistema de cuidados y a la desigualdad en el mercado laboral, que afecta especialmente a las mujeres. Esta fue, desde el principio, una de las prioridades que nos fijamos y la crisis sanitaria ha demostrado la necesidad de abordar esta situación. Algo que, por otro lado, el movimiento feminista ha venido señalando en los últimos años".  Sin embargo,  para muchas mujeres estas medidas futuras llegarán con retraso porque es ahora cuando tendrán que elegir entre seguir trabajando o quedarse en casa para cuidar de hijos y dependientes.

Mientras todo el país estaba en Fase 0, el cuidado de dependientes resultaba más o menos llevadero, aún a costa de que muchas mujeres tuviesen  que hacer frente a una cuádruple jornada: la jornada laboral, las tareas del hogar, el cuidado de hijos y mayores, y la supervisión de las tareas escolares. Ahora que para muchas toca regresar a un puesto de trabajo presencial, el drama de la conciliación se agrava considerablemente.

"Si nosotras teníamos miedo al principio, ahora tenemos que estar aterradas", afirma Ewa Widlak, consultora experta en igualdad y liderazgo femenino que asesora a empresas e instituciones. "Entramos en la primera fase de la pandemia pensando cómo me organizo para atender a mis niños y a las personas que tengo que cuidar y además trabajar. Y fue espantoso, pero más o menos conseguimos adaptarnos. Ahora llega lo más difícil, porque si tienes que ir físicamente al trabajo, ¿qué haces con los niños?. Estamos incrementando la desigualdad de género porque si la mujeres se quedan en casa cuando los hombres vuelven al trabajo, y esa parece claro que será la tendencia, vamos a tener una situación espantosa", añade.

Para esta experta, que apuesta por el término corresponsabilidad "porque hablar de conciliación es hablar sólo de las mujeres", las grandes empresas con más recursos y más talento humano a su disposición, en general han sido pioneras en temas de igualdad. "El problema son las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, y que van a sufrir muchísimo. Y muchas no tienen este tipo de medidas implantadas". Además, apunta un problema añadido: "España es el país de la Unión Europea en el que más horas se trabaja y existe una cultura del presentismo que es necesario combatir para nivelar las desigualdades de género, porque en el mundo laboral muchas desigualdades provienen de esta cultura. Si pagas a alguien en función de sus horas, creas la brecha salarial y una brecha de la promoción". 

Más medidas para la igualdad

Para el sindicato UGT, las medidas aprobadas hasta el momento "no son suficientes".  Fiar la conciliación familiar a medidas como la flexibilidad de horarios o las recomendaciones para el teletrabajo, deja a las familias al albedrío de las negociaciones con las empresas "y nos estamos encontrando con muchos casos en los que estas reducciones de jornada se están denegando, a pesar de que en los reales decretos aprobados por el Gobierno afirman que estos se pueden pedir con 24 horas de antelación. Y con los juzgados cerrados, la posibilidad de reclamación es limitada”, afirma Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.

Las reducciones de jornadas ligadas a bajadas de sueldo están afectando de forma desproporcionada a las mujeres, puesto que son ellas las que mayoritariamente solicitan esta medidas y en un alto porcentaje acaban  perdiendo o dejando el trabajo por la incapacidad de conciliar, afirma esta sindicalista. "Es lo que hemos visto en crisis anteriores y lo que estamos intuyendo que pasa en ésta de forma abrumadora". Antoñanzas resalta la necesidad de asegurar que las políticas de corresponsabilidad sean de ámbito estatal y lideradas por el Ministerio de Trabajo, "pero con supervisión del Ministerio de Igualdad para garantizar que no se trate de medidas diseñadas para las mujeres, sino para el conjunto de los trabajadores y que no sean ellas una vez más, las que carguen en sobre sus espaldas las peores consecuencias de esta crisis".

Fuentes del Ministerio de Igualdad explican que se está trabajando activamente para que“la perspectiva de género esté presente y sea un eje vertebrador de las diferentes medidas que se promuevan desde el ámbito estatal. Así lo estamos haciendo en general con el Escudo Social, o en la definición del ingreso mínimo vital". Tanto desde Trabajo como desde Igualdad recuerdan que una de las prioridades del Gobierno al inicio de esa legislatura era la aprobación de una ley de tiempo corresponsable que había elaborado Unidad Podemos y que "pretendía incidir precisamente en la importancia de fomentar una reconfiguración de nuestra vida laboral, de nuestra relación con el empleo, con el tiempo personal y familiar". Una ley que la emergencia de la covid-19 ha venido a mostrar como esencial, señalan en el Ministerio, y que el Gobierno espera poder impulsar en breve, así como la regulación del teletrabajo “que debe abordarse con mirada feminista para que no sea otra trampa para las mujeres".

La escuela no es una medida de conciliación, aunque ayuda

En las últimas semanas se han escuchado muchas voces a favor de que se vuelvan a abrir los colegios para poder ‘reactivar la economía’. El propio plan de desescalada por fases aprobado por el Gobierno contempla que se pudieran abrir las escuelas infantiles en la fase II pero sólo "para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización". Con este enunciado, el plan parece referirse a la apertura de las escuelas infantiles como una medida de conciliación destinada a facilitar la vuelta al trabajo de los padres y madres, en lugar de tratarse de una medida educativa. Una idea extendida en buena parte de la sociedad, y que es rechazada de plano por el profesorado y por los sindicatos de enseñanza.

Marian Moreno, portavoz del sindicato SUTEA y experta en coeducación, tiene claro que la escuela "no es la estrategia para la conciliación familiar, porque no se trata de un aparcamiento para niños. Se trata de una medida que considera la educación de 0 a 6 años como un servicio asistencial y eso hace muchísimos años que no pasaba en el Estado español. ¿Y qué ocurre con el hijo o la hija de 7 años? ¿Lo dejo solo en casa?, se pregunta retóricamente esta experta para resaltar las grietas del plan. "La conciliación personal y laboral la tienen que hacer las empresas y los gobiernos, no la escuela".

Desde el ministerio que dirige Irene Montero tampoco consideran que la escuela sea un elemento de conciliación, pero reconocen que "desempeña un papel a la hora de facilitar la vida laboral de las mujeres, precisamente porque por falta de políticas de conciliación la educación obligatoria ha sido indirectamente una solución".

Lo que parece claro tras consultar con diversos expertos, es que en el corto plazo sólo el Estado puede garantizar las medidas de conciliación o de corresponsabilidad necesarias.

Sin plan consensuado

Hasta la fecha, tanto la medidas implementadas por el Gobierno, como las que se solicitan desde diversos ámbitos sociales y sindicales, contemplan que sea el Estado quién ponga los fondos necesarios para asegurar la corresponsabilidad en las empresas, independientemente de su tamaño, estado de finanzas o beneficios anuales.

El plan presentado este miércoles por el sindicato Comisiones Obreras apunta también en esta dirección. Según sus responsables, la medida estrella que permitiría a las familias conciliar debería pasar por la adaptación de la jornada laboral sin reducción de horario ni sueldo, una medida que como explica el sindicato no es nueva y está recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que propone CCOO es que las empresas que realicen esta adaptación reciban un incentivo económico. Este plan sindical lleva aparejadas también ayudas públicas (de Gobierno o Comunidades Autónomas) para aquellos trabajadores o trabajadoras que hayan tenido que reducir su jornada en un porcentaje igual o superior al 30% y para los que hayan tenido que acogerse a una excedencia o a la reducción de jornada especial del 100% creada para la situación de crisis sanitaria.

El sindicato no ha presentado ninguna estimación sobre el coste que tendrían estas medidas, aduciendo que "las diferentes casuísticas hacen difícil la estimación". Sin embargo, sus portavoces afirman que "sería una cuantía asumible en estos momentos". 

La campaña #EstoNoEsConciliar puesta en marcha por el colectivo Las Malas Madres en Change.org y que lleva cerca de 200.000 firmas, también tiene propuestas para el Gobierno. Según su propio estudio Somos equipo, seis de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres. "Pero como resultado de esta crisis muchas más van a verse obligadas a renunciar al trabajo remunerado para no abandonar los cuidados familiares (el trabajo reproductivo)".

Por eso piden que se pongan en marcha tres actuaciones urgentes para garantizar que no vuelvan a ser las mujeres las que acaben renunciando. Entre ellas resaltan la implantación del teletrabajo como imperativo legal, facilitar la adaptación de jornada y la reducción de la misma sin pérdida salarial, "siendo el Estado el que asuma el coste y una ayuda retributiva para la contratación de personal para el cuidado de niños y personas dependientes".

Esta última medida es similar a la que ha implantado Italia, que paga un bono a las familias de 600 euros mensuales para la contratación de este tipo de ayuda, cifra que se eleva a 1.000 si se trata de personal sanitario.

Ewa Widlak se muestra partidaria de estas ideas, pero considera que a medio y largo plazo la corresponsabilidad pasa porque las empresas establezcan y negocien con los trabajadores planes de igualdad reales, que precisan de un diagnóstico detallado de la plantilla, adaptado a la realidad de cada empresa, y que deben contener medidas concretas con objetivos para la corresponsabilidad. Planes de igualdad que ya son obligatorios por ley pero que, sin embargo, en la mayoría de los casos siguen sin ser la respuesta para el enorme reto de la conciliación al que deben hacer frente millones de mujeres.