Los funcionarios de los juzgados gallegos ya han perdido más de 3,5 millones de euros en salarios desde que empezaron la huelga indefinida que mantiene paralizado el sistema judicial de la comunidad desde el pasado 7 de febrero. Esa cantidad es casi la mitad del incremento global anual que reclaman los trabajadores para poder recuperar el poder adquisitivo perdido por los recortes aplicados desde el comienzo de la crisis económica. La Xunta mantunvo paralizadas las negociaciones ante la negativa del vicepresidente de Feijóo y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, a sentarse a la mesa si los sindicatos no desconvocaban antes los paros. Pero el martes anunció que las retomaría, aunque condicionó su presencia a esa premisa.

En el últimos mes se han suspendido más de 25.000 trámites judiciales, algunos de los cuales afectan a altos cargos de la Xunta, como las declaraciones de los médicos de la sanidad pública que denunciaron las muertes de pacientes de hepatitis C por las que se acusa de homicidio imprudente a dos directivos del Servicio Galego de Saúde. También se han aplazado alrededor de 10.000 juicios, entre los que también hay casos de impacto mediático como el de la ampliación de capital de la quebrada Pescanova o el que debía haber sentado en el banquillo al alcalde popular de la localidad lucense de Barreiros (Lugo) por uno de los mayores pelotazos urbanísticos de Galicia. La huelga también afecta a los registros, prácticamente inactivos y que no tramitan certificados de defunción desde hace un mes, lo que ha dejado a miles de personas sin poder realizar los trámites derivados del deceso de sus familiares, como la solicitud de una pensión de viudedad.

Los sindicatos que han convocado la huelga –todas las centrales con representación en la comunidad- estiman que por cada día sin ir a trabajar se le descuentan a cada funcionario una media de entre 65 y 70 euros, y ya van, sin contar fines de semana y festivos, 22 jornadas de paro. Es decir que la pérdida por persona rondaría ya los 1.431 y los 1.540 euros. La plataforma de la huelga estima un seguimiento de alrededor del 90% que la Xunta rebaja a menos del 40%, algo difícil de creer teniendo en cuenta que juzgados y registros están totalmente paralizados y que hasta los portavoces del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo admiten que el sistema está colapsado.

Pero incluso tomando por ciertos los datos del departamento de Rueda, eso significaría que serían más de mil los funcionarios que están secundando la huelga, con lo que la pérdida conjunta sumaría, en una resultado a la baja, más de 1,5 millones de euros. A esa cantidad habría que sumar otros dos millones de la prorrata de las pagas extras, que se devengan según el número de días trabajados en el año, y que ya rondaría los 2.000 euros por huelguista.

Manifestación de los funcionarios de los juzgados gallegos.

Según el Consejo General del Poder Judicial, Galicia es una de las comunidades más afectadas por la falta de medios materiales y humanos en los juzgados, que padecen condiciones en ocasiones degradantes para trabajadores y usuarios y que acumulan demoras difícilmente compaginables con el derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de la Justicia en un tiempo razonable.

Además del compromiso para solventar esos déficits, los funcionarios reclaman una subida salarial de 100 euros al mes este año y de otros 50 en el 2019 y el 2020, lo que les permitiría recuperar al final de ese ejercicio la capacidad adquisitiva perdida en los últimos dos lustros. Frente a eso, la Xunta se queda en una subida progresiva que alcanzaría una media de 77 euros por trabajador dentro de tres años.

Alrededor de 2.000 personas se manifestaron el pasado fin de semana en Santiago en apoyo de sus reivindicaciones, y varios centenares repitieron concentración este martes frente al Parlamento de Galicia, donde comparecía Alfonso Rueda para dar cuentas de la situación. Los funcionarios acusan al delfín de Feijóo de intentar enfrentarlos con la opinión pública y de tensar el conflicto, permitiendo que cargos de la Xunta insinuaran que los trabajadores que no estuvieran contentos con sus condiciones laborales podían emigrar a otra comunidad autónoma y jactándose de que la huelga estaba permitiendo al Ejecutivo autonómico ahorrar dinero. También consideran una provocación que Rueda se niegue a retomar las negociaciones en persona si los sindicatos no desconvocan el paro.

“Negociar es su obligación, para eso ocupa el cargo que ocupa, y no puede utilizar el chantaje como arma. Porque exigir como condición previa que dejemos de ejercer nuestro derecho a la huelga es un chantaje intolerable”, asegura Xesús H. Sánchez, responsable de Xustiza de la Confederación Intersindical Galega (CIG), la mayor central de Galicia.

Sánchez advierte de que la Xunta miente cuando dice que se ahorra dinero con los paros, pues la mayor parte de la nómina de los funcionarios proviene de las transferencias directas del Ministerio de Justicia. “Para un salario medio de 1.500 euros brutos mensuales, entre 1.100 y 1.200 euros no corresponden a la Xunta, que sólo asume una pequeña parte mediante el complemento autonómico”, asegura.

El portavoz de la CIG subraya que los trabajadores siguen firmes en su decisión de seguir con los paros pese al coste que eso tiene para las familias de miles de de ellos, que han dejado de cobrar su sueldo y que, en el caso de los adscritos a la Seguridad Social y no a Muface, también han visto como cesaban sus cotizaciones. En particular, el portavoz de la CIG recuerda “el compromiso y la valentía” de aquellos compañeros que alcanzarán la edad de jubilación en los próximos años tres , cuyas pensiones se reducirán por ese parón en la cotización y quienes, aun en el caso de lograr que se les aplique el incremento que solicitan, ni siquiera tendrán tiempo de recuperar el dinero que ya han perdido con la huelga.