MADRID.- La Agencia Tributaria ha iniciado la segunda fase de la macrooperación que lanzó en julio contra el fraude fiscal y el dinero negro en el sector del ocio nocturno y este mismo jueves ha procedido a la entrada y registros de dos discotecas más en Ibiza, registros que se extenderán en los próximos días por otros puntos del territorio nacional, según indicaron a Europa Press en fuentes del organismo tributario.

En concreto, y según otras fuentes, las discotecas registradas son Pachá y Ushuaia, esta última perteneciente al grupo turístico de Abel Matutes, del que también se han registrado las oficinas que posee el grupo en la Isla Pitiusa. En la operación lanzada en julio también fueron registradas en Ibiza las discotecas Space y Privilege.

En la segunda fase de esta operación contra el fraude fiscal funcionarios de Inspección, de Vigilancia Aduanera y del Departamento de Informática de la Agencia Tributaria investigarán varias decenas de sociedades a lo largo de los próximos días.

El pasado mes de julio más de 500 agentes y funcionarios de la Agencia Tributaria registraron en un par de días más de un centenar de sociedades propietarias de discotecas y pubs de gran tamaño en una macrooperación, denominada Chopin, contra el fraude fiscal y las ventas en negro que se extendió por 11 comunidades autónomas.

Fruto de estos registros, los funcionarios de la Agencia Tributaria, que comenzaron las primeras tareas de investigación a principios de año, encontraron software de doble uso, que permite ocultar parte de los ingresos percibidos y llevar una contabilidad paralela, así como grandes cantidades de dinero negro.

Más de 500 agentes participan en la operación

Las actuaciones se iniciaron por personación de la Inspección Tributaria en las sedes de los obligados tributarios con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, así como al estudio de la recaudación del día y al funcionamiento ordinario de los sistemas informáticos de emisión de tiques, facturación y caja.

La investigación previa al lanzamiento de la operación Chopin arranca a comienzos del presente año con la detección de un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades inspeccionadas que resultaba anormalmente alto --de hasta más del 76% en alguno de los casos-- para un sector en el que, por sus características propias, prima claramente el pago en efectivo y el uso de tarjetas de crédito es escaso.

Tras esta primera evaluación de riesgos fiscales, el Departamento de Inspección detectó que el conjunto de las empresas afectadas por la operación estaban declarando un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la Agencia Tributaria.

Esta situación ya alertó sobre la posible existencia de un gran circuito paralelo de efectivo que no se estaba declarando a Hacienda, pero los investigadores también observaron diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que se traslucía a partir de un análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales, el precio de las entradas y las consumiciones.

Diferencias entre lo declarado y lo facturado

Además, la previa observación de los locales permitió en diversos casos detectar una irregularidad formal muy extendida, que pasaba por la venta previa de tiques para consumiciones que posteriormente se eliminaban en barra. El tique se vendía al cliente por diversos medios no susceptibles de control y posteriormente se dejaba sin documentar la consumición, aprovechando que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales.

Tras este análisis, y coincidiendo con el inicio de la temporada alta de las discotecas en las principales zonas costeras, se puso en marcha en julio el dispositivo de entrada y registro, que en su primera fase afectó a 87 discotecas, pubs y oficinas de las sociedades inspeccionadas en 11 comunidades autónomas: Andalucía (10), Aragón (4), Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) y Comunidad Valenciana (20).
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Por las dimensiones de la operación, medios destinados y complejidad logística y organizativa, se trata de la mayor operación coordinada y a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida realizada hasta la fecha por la Agencia Tributaria. En conjunto, las sociedades inspeccionadas representan más del 20% de la facturación del sector del ocio nocturno en España.

El grupo empresarial Pachá ha asegurado que cumple la ley y que está colaborando con la investigación. La compañía señala que "siempre ha colaborado con las autoridades y ofrece toda la ayuda necesaria para facilitar su trabajo". La empresa de discotecas añade que su actividad se ajusta a "todos los requisitos legales, fiscales y tributarios en todos los mercados en los que opera".