La Agencia Tributaria ha comenzado a remitir requerimientos con propuestas de sanción a emigrantes retornados que cobran en España pensiones de jubilación generadas en los países en los que se ganaron la vida: considera que tanto los subsidios públicos como los planes de pensiones privados son rentas generadas en el extranjero que deben tributar aquí, por lo que les reclama su regularización o el abono de las deducciones que hayan podido aplicarse por doble tributación, según el caso y siempre con amenazas de multas de varios miles de euros, intereses de demora al margen.

“Hay un millón de personas afectadas”, explica Eva Fontcubierta, de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER). Los requerimientos hacen referencia a los ejercicios fiscales a partir de 2013, cuyas eventuales infracciones tributarias quedarían prescritas el 30 de junio.

Entre sus asociados hay casos sangrantes, como el de un jubilado de Cádiz que regresó de Holanda en 2009 con una pensión mensual de 776 euros más un pequeño fondo de pensiones y que, mientras hace frente a una deuda de 9.000 por el IRPF de 2012, ha recibido otro requerimiento por el de 2013 en el que le reclaman entre 7.500 y 9.000 (una cuota presuntamente defraudada de 5.963 y una multa de 1.565 a 2.981) más intereses. “Está pagando alquiler y el resto de gastos que pueda tener cualquier persona. Acaba de vender su coche y el mes pasado le embargaron los 647 euros que tenía en su cuenta, sin respetar el mínimo vital”, explica. 

La cuantía de las multas con las que la Agencia Tributaria amenaza a los emigrantes retornados resulta llamativa cuando procede del mismo Gobierno que, con una amnistía fiscal declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, permitió que 31.500 defraudadores regularizaran 40.000 millones pagando solo 1.200.

Más de 300 millones de euros recaudados

Un portavoz de la Agencia Tributaria confirmó el envío de los requerimientos a pensionistas retornados “que no aprovecharon la ventana de regularización de 2015 para ponerse al día en sus obligaciones tributarias”. La misma fuente, que declinó especificar a cuantos emigrantes se les han enviado notificaciones, rechazó que se tratara de una acción masiva como la de la anterior legislatura. “No se trata de una oleada, sino que periódicamente se realizan chequeos por ámbitos de contribuyentes”, explicó. 

Fontcubierta, por su parte, sostiene que sí se trata de requerimientos generalizados a los emigrantes retornados, en lo que sería la continuación de la campaña iniciada por Hacienda entre 2012 y 2014 y suspendida coincidiendo con los años electorales de 2015 y 2016. 

La primera campaña, que afectaba a los ejercicios de 2008 a 2012 e incluyó a extranjeros que se afincan en Andalucía y la costa Mediterránea, se saldó, según una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, con la regularización de 147.462 pensionistas que pagaron 309,13 millones de euros. “Sin que haya habido intereses, recargos y sanciones”, sostiene el Gobierno, que envió 800.000 requerimientos. 

Por comunidades, las más afectadas fueron Andalucía (35.493), la Comunitat Valenciana (21.688), Galicia (20.945), Madrid (16.497), Catalunya (13.434) y Castilla-León (10.459), que son también, junto con Canarias, las que más emigrantes retornados acogen cada año, según los datos del Ministerio de Empleo.

Siete millones en multas sin devolver

“Entonces solo regularizaron su situación el 21% de los afectados, y ahora les están llegando las cartas al otro 79%. Están recibiendo notificaciones los pensionistas y en algunos casos los herederos de fallecidos, que tienen que hacerse cargo de las deudas si aceptaron las herencias”, explica Fontcubierta. 

El Gobierno, que abrió de enero a junio de 2015 un periodo de regularización sin recargos para los ejercicios a partir de 2010, acabó dando marcha atrás en las sanciones, que solo ese año habían alcanzado los 20 millones de euros. Sin embargo, el hecho de que no las devolviera sin reclamación previa del afectado hizo que solo devolviera trece. 

“El Gobierno trata con guante de seda a los poderosos mientras con puño de hierro machaca a los más débiles”, señala Heredia, que sostiene que “no existió culpa, ni siquiera mera negligencia, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de estos pensionistas, ya que la administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones, e incluso en las oficinas de Hacienda se les decía que no tenían que declararlo”. 

El diputado socialista, que considera que el colectivo de emigrantes retornados “está sufriendo una enorme discriminación, ya que teniendo derecho a recibir información fiscal” la Agencia Tributaria no incluye la información de esas pensiones en el borrador del IRPF y, además, “no está aplicando de manera generalizada sentencias que dan la razón a emigrantes retornados de Alemania que tributaron en su día por los acuerdos bilaterales en ese país, y que no tienen obligación de declarar en España porque ya tributaron en su momento”. 

Los requerimientos, añade, “asfixian sus débiles economías y generan un miedo importante entre estas personas, que nunca habían recibido una carta amenazante en estos términos, y mucho menos de Hacienda”. 

“Una mención genérica” en el borrador 

“La ilusión de toda persona que se va de su tierra es regresar”, anota Fontcubierta, que destaca que los afectados por la campaña de Hacienda “son personas que contribuyeron al desarrollo de España enviando divisas a partir de los años 50, que trabajaron durante años lejos de su tierra y que ahora, cuando vuelven con pensiones de 700 y 800 euros, se encuentran con esto”. 

El borrador de la declaración del IRPF que elabora la Agencia Tributaria no incluye datos sobre las pensiones generadas en otros países, aunque desde 2013 si lleva “una mención genérica a la obligación de incluir la totalidad de las rentas obtenidas en España y en el extranjero”.  

Los emigrantes españoles que obtuvieron pensiones de invalidez en otros países se encuentran con otro problema al regresar a España: los consulados han dejado de homologar esas declaraciones y se ven obligados a pedir su homologación en la Seguridad Social, lo que supone un trámite de varios años en los que no cobran.