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El Gobierno rechaza el rescate de Abengoa al no estar demostrada su viabilidad

La empresa andaluza queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.

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Carteles reivindicativos pegados en señales viarias ante la sede de Abengoa, en Palmas Altas de Sevilla. — Julio Muñoz / EFE

madrid/sevilla, Actualizado:

El Gobierno ha rechazado conceder una ayuda pública a la compañía andaluza de ingeniería y renovables Abengoa al no estar garantizadas la viabilidad de la empresa ni la devolución del préstamo.

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Abengoa había pedido 249 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (creado durante la pandemia para ayudar a las empresas en crisis y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI), para inyectarlos en  Abenewco1, su filial operativa, donde tiene traspasados todos su activos y toda su actividad.

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La empresa andaluza había presentado alegaciones a los informes de SEPI, que ya había desestimado la petición de rescate público para seis filiales del grupo (Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Agua, Inabensa, Abengoa Operación y Mantenimiento y Abengoa Solar España). La compañía buscaba con esta inyección un plan para garantizar su viabilidad futura y evitar un nuevo concurso de acreedores.

Según  fuentes de SEPI, las alegaciones presentadas por la compañía "no desvirtúan la existencia de los riesgos e incertidumbres expuestos en los informes de los asesores". Asimismo, señalaron que la resolución ha concluido en sentido desfavorable "al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado".

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Este lunes, el Consejo de Ministros ya autorizó ayudas del fondo gestionado por la SEPI para otras de seis empresas aunque dejó fuera a Abengoa, en la que era prácticamente la última oportunidad para recibir el rescate para la ingeniería andaluza, ya la vigencia del fondo expira el jueves día 30 de este mes de junio.

La denegación de la ayuda pública hace prácticamente decaer el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros (60 en capital y 140 en deuda) a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público. También estaba prevista la concesión de 300 millones de avales por los bancos para acometer proyectos.

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Así, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.

Ahora, la compañía, cuya matriz está en concurso desde febrero del año pasado, deberá optar por el marco de la Ley Concursal y decidir si amplia ese concurso al grupo o si distintas sociedades del mismo piden preconcurso y concurso.

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Protesta de los trabajadores de Abengoa, que permanecen acampados en la Plaza de España de Sevilla. — Raúl Caro / EFE

Mientras, los trabajadores de Abengoa continuarán la acampada de protesta que mantienen ante la Delegación del Gobierno de Andalucía en Sevilla tras ver denegado el rescate de la empresa al ser desestimadas sus alegaciones.

El presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio, ha subrayado que "hay que seguir peleando y buscar una solución antes del 30 de junio" y ha explicado que les ha llegado la información desde la dirección de la empresa.

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San Emeterio ha leído un comunicado del Gobierno de España del 19 de mayo de 2021 en el cual, "el Gobierno asegura hacer lo posible por la viabilidad de la empresa y sus trabajadores". "Es una empresa estratégica para Sevilla, para Andalucía y para España y los informes de los expertos certifican la viabilidad de la empresa", ha dicho San Emeterio, que ha explicado que la empresa cuenta con 3.000 trabajadores en Andalucía y que, "sería un desastre para las familias".

El presidente del comité ha denunciado que llevan "jugando con ellos" desde el 21 de junio, que fue el día que los trabajadores Antonio Portillo, Laura Rodríguez, Noelia Sánchez, Jorge López y Valentín Sanz se encerraron en la SEPI, la cual abandonaron ayer para sumarse hoy a la acampada de Sevilla.

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El PSOE culpa a la Junta

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este martes que a la multinacional andaluza Abengoa "hay que ayudarla", y ha urgido por ello al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP-A), a que "deje de ponerse de perfil" en este asunto y reclame al Gobierno de España la constitución de una "mesa de trabajo" en la que estén representadas las administraciones central y autonómica para "ver cuáles son las posibilidades de apoyo" a esta empresa, "que tiene que haberlas", según ha incidido el líder socialista.

Espadas ha criticado que, "hace dos años", la Junta, y Juanma Moreno en particular, "dejaron caer a Abengoa", de forma que el presidente "no hizo absolutamente nada por buscar la fórmula de generar un aval de 20 millones de euros para acompañar una operación que estaba decidida, autorizada y aprobada por el Gobierno de España, y que hubiese significado entrar en una senda de recuperación y viabilidad en la que no pudo entrar Abengoa".

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"La responsabilidad la tiene la Junta, y ni siquiera la explicó con argumentos sólidos", según ha denunciado Espadas, que ha llamado la atención acerca de que, "en esos mismos momentos, el gobierno de la Xunta de Galicia", entonces presidida por el actual líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se preocupaba con el Gobierno de España por sacar adelante acuerdos para sacar a flote empresas" gallegas en crisis, al igual que hacían otros gobiernos autonómicos como los de Asturias y la Comunidad Valenciana, según ha abundado el líder socialista.

El dirigente socialista ha defendido que "está claro" que "a Abengoa hay que ayudarla". "Como secretario general del PSOE-A y exalcalde de Sevilla digo alto y claro que a Abengoa hay que ayudarla, y la tiene que ayudar el Gobierno de España y, sí o sí, la Junta de Andalucía", ha enfatizado Espadas para añadir que "no hay ni una solución a una empresa en crisis en ninguna comunidad autónoma que no pase por una mesa de trabajo en la que se siente el responsable autonómico y el del Gobierno de España".

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