La empresa de entregas a domicilio Glovo cambia su modelo de relaciones laborales en España y deja atrás el de los falsos autónomos. A partir de ahora Glovo realizará contratos laborales a sus repartidores.

La compañía ha tomado esta decisión tras estar durante años en el punto de mira por su utilización de la figura de los autónomos, que ha llevado incluso a un juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores.

El anuncio se produce justo un día antes de que Óscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, comparezca ante el juez precisamente tras las denuncias por ese modelo de falsos autónomos, por el que acumula más de 200 millones de euros en sanciones de Inspección y cotizaciones impagadas.

En un comunicado, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado". 

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. La empresa también asegura que el nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país. 

Yolanda Díaz lo celebra

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha celebrado el anuncio de Glovo con evidente satisfacción. "Hoy la democracia ha ganado en nuestro país. Por fin, Glovo va a regularizar a mas de 60.000 repartidores en España", ha señalado Díaz en declaraciones a los medios en Bruselas antes de participar en la reunión de ministros de Empleo y Política Social de la UE. 

"Gana la democracia, se impone la ley y creo que hacemos un país mejor", ha dicho Díaz, antes de apostillar: "El mensaje que manda España es claro: sí se puede tener trabajadores de reparto con derechos y esto no impide que su trabajo se desempeñe con herramientas digitales".

Una denuncia de la fiscalía llevó a la causa judicial

La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.

Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".

La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.

Los sindicatos de Glovo desconfían del anuncio

Los sindicatos de Glovo, por su parte, desconfían de las intenciones reales de la plataforma de reparto a domicilio. "Se trata de una medida de protección de los propietarios de Glovo para cubrir su responsabilidad ante la reiterada vulneración de la ley rider y su competencia desleal contra las empresas que sí cumplen la ley", ha asegurado el responsable de proyectos de proximidad sindical de CCOO de Barcelona, Franz Morales.

Por su parte, David Martínez, afiliado a CGT y repartidor en Barcelona, ha expresado sus dudas sobre cómo se materializará el anuncio. "Ya se verá. De momento veo un gesto para ahorrarse sanciones y protegerse", ha dicho. Entre las incógnitas que se abren, este conductor destaca cuál será la fórmula que utilice Glovo para reconvertir a los repartidores autónomos en asalariados y ha recordado que otras empresas tecnológicas dedicadas al reparto a domicilio han optado por contratarlos a través de ETT.

Otra de las cuestiones por aclarar es el convenio que se les aplicaría a los repartidores. "Si es el de mensajería es muy malo", ha advertido. También está por ver qué ocurrirá con los trabajadores sin papeles, que en muchos casos operan con cuentas alquiladas de empleados legales, y que no están cuantificado.