La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado esta semana que el Gobierno no está en condiciones de comprometerse a subir la pensión mínima hasta 1.080 euros mensuales, como le exigen las personas mayores movilizadas en defensa de unas condiciones de vida más dignas.

Actualmente, hay en España 6.458.801 perceptores que no ganan más de mil euros al mes (el 67% del total), incluyendo a las pensiones contributivas por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares. De ellas, 3.425.294 son de jubilación, según datos del Ministerio de Trabajo.

Las pensiones mínimas de la Seguridad Social se establecen cada año en los Presupuestos Generales del Estado en función de diversos factores, como la edad en que el beneficiario empieza a cobrarla, su grado de dependencia y su situación familiar.

En 2018, la más baja de todas (580,90 euros mensuales) corresponde a quienes se jubilan antes de los 65 años y no tienen ninguna incapacidad ni cónyuge a su cargo. La más alta (1.215,90 euros) es para los mayores de 65, con una gran invalidez y cónyuge a su cargo.

Si se toma como referencia la pensión mínima más habitual (810,60 euros), la subida hasta los 1.080 supondría casi un 25%, que es lo que la ministra Valerio considera imposible de asumir hoy por hoy sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo.

Los pensionistas, sin embargo, consideran irrenunciable esa reivindicación, después de tantos “recortes y más recortes”, y como forma para llevar una vida “digna” que en este momento, según ellos, no tienen asegurada. De ahí su determinación de continuar con las movilizaciones en la calle “hasta vencer”.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, en septiembre había 9.646.404 pensionistas, de los que sólo una tercera parte superaban los mil euros mensuales.

Eso significa que el resto (6.458.601) serían potenciales beneficiarios de la subida planteada por las personas mayores en sus exigencias al Gobierno. Si la mejora estuviera limitada a las pensiones de jubilación (no a las de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), los agraciados también alcanzarían un número importante, aunque menor: 3.425.294, equivalentes al 57,6% de los perceptores de esa prestación.

Algo más de la mitad de ellos serían mujeres, pues se encuentran en dicha situación 1.744.247, lo que supone un 77% de total de las jubiladas. Ese porcentaje es muy superior al que se da en el caso de los hombres (el 54,5% de los jubilados varones no pasan de los mil euros), debido a la posterior incorporación de muchas de ellas al mercado de trabajo y a las consecuencias de la persistente brecha salarial.