La combinación de las políticas laborales y económicas del Gobierno español lleva camino de cronificar una brecha mensual de entre dos y tres puntos entre la revalorización de las pensiones y la inflación, lo que equivale a condenar a los jubilados, tanto a los nuevos como a los que ya lo son, a perder cada año entre 300 y 450 euros de poder adquisitivo. Y sin un horizonte previsto para revertir ese proceso. Cobrarán más, pero el dinero les alcanzará para menos y serán, en la práctica, más pobres cada año.

Esa brecha tiene dos causas principales: el sistema de cálculo del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limita las subidas del subsidio a un 0,25% anual si el sistema mantiene los números rojos que todas las proyecciones auguran, y la inflación o coste de la vida, que los expertos coinciden en situar en una franja de entre el 2% y el 3% por ejercicio para los próximos años.

Eso genera un descuadre de entre el 1,75% y el 2,75% que, con la pensión media de 1.077 euros, equivale a una merma del poder adquisitivo de entre 263 y 414 euros. Con la inflación en el 2,5%, la media mensual sería de 24 y la anual, de 339.

Eso, en términos generales. Por sistemas, un autónomo perdería 16 euros de poder adquisitivo en cada paga, un trabajador del régimen general y un marinero, 23, y un minero, 48.

“La diferencia entre las subidas y el IPC causará una pérdida”

Hay previsiones más alarmantes. Las de AFI (Analistas Financieros Internacionales) en su informe Soluciones para la jubilación sitúan la pérdida media de los próximos 21 años en 345 euros anuales, con un aumento progresivo de cero en el primer mes para llegar a los 700 anuales al cierre de ese periodo, que es el que separa la edad de jubilación de la esperanza de vida media, situada hoy en los 86.

“La Seguridad Social nunca dejará de pagar pensiones ni de revalorizarlas, pero la diferencia entre sus subidas y la inflación causará una pérdida de poder adquisitivo”, explica José Antonio Herce, de AFI, que remarca que los cálculos se basan en el mantenimiento del IRP y en las estimaciones inflacionistas del Banco Central Europeo (BCE), que se sitúan en el 2% para los próximos años, y que advierte de que la brecha puede llegar a superar el 6% a partir de 2035.

Sus cálculos no difieren mucho de los de Octavio Granado, ex secretario de Estado de Seguridad Social en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. “Los pensionistas perdieron 2.000 millones de euros de poder adquisitivo el año pasado y van a perder 3.000 millones en este, a lo que se suman otras medidas como el encarecimiento de los medicamentos, que antes no tenían que pagar”, señala.

Granado rechaza el discurso entre determinista y fatalista del Gobierno, según el cual las cosas pasan porque tienen que pasar y apenas dejan margen de maniobra, y señala que “sus decisiones en materia laboral y económica están siendo más políticas que prácticas”.

Nubarrones para una ‘tormenta perfecta’

Varias de esas decisiones se han convertido en nubarrones de la tormenta perfecta que, salvo que el ámbito político comience a tomar decisiones, se cierne sobre el sistema público de las pensiones sin que su principal responsable, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, muestre interés en abordarlas.

Una es el vaciado de la hucha de las pensiones, diseñada en 2000 por el Gobierno de José María Aznar a propuesta de los sindicatos para afrontar la demanda de recursos que generará en los próximos 25 años la jubilación de los hijos del baby boom’ que aumentará la cifra de pensionistas en 250.000 por año. “Cuando haya veinte millones de cotizantes se jubilarán medio millón de trabajadores cada año, y para entonces nos habremos acabado de cargar una medida pensada precisamente para aportar unos 6.000 millones anuales al sistema e ese momento”, anota Granado.

Los ministros de Empleo, Fátima Báñez, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. EFE

A ese factor se le añade la caída de los ingresos por el deterioro de las condiciones salariales y la reducción del tiempo de trabajo, paliada en parte por motores auxiliares activados en la época de Rodríguez Zapatero como el hecho de que desde 2012 los funcionarios que se jubilan sean relevados por otros que cotizan en el Régimen General, o como el traslado de empleados del hogar a ese mismo régimen.

El tercer factor, al que se suman otros como que los 2.000 millones anuales de superávit del sistema de desempleo vayan al Tesoro en lugar de a pagar pensiones o que la formación siga pagándose con cargo a las cotizaciones, es la apuesta por el endeudamiento para financiar la Seguridad Social, cuya deuda rondaba los 40.000 millones a mediados del año pasado. Eso supone unas necesidades de 8.000 cada año para amortizaciones y 400 más por cada punto de interés. Todo ello, en vísperas de que el BCE comience a elevar esos tipos.

Cambios demográficos, sociales y económicos

El economista Eduardo Garzón, por su parte, aboga por “no centrar el debate en la cuestión monetaria y vincularlo a la riqueza. El tema de las pensiones es una cuestión de economía real. No es tanto de financiación como de distribución de la riqueza”. Coincide con Granado, para quien la clave está en “calcular qué cuota del PIB hay que aportar al sistema para que sea sostenible”.

La población activa no ha pasado de 23,5 millones de personas en la última década y la ocupada no ha superado los 20,5, mientras los inactivos no han bajado de 15,3, a los que hay que sumar un mínimo de 6,3 millones de niños y 1,8 de parados. Es decir, que ni siquiera en el mejor de los casos la cifra de españoles que trabajaban ha superado a la de los que no lo hacían.

Y las proyecciones demográficas del INE apuntan a que la suma de los dos principales grupos de inactivos se va a mantener en niveles similares a los actuales, aunque con un cambio importante: 800.000 niños menos y dos millones de jubilados más cada década.

Cubrir desde lo público las necesidades de los mayores

“Lo normal es dedicar más recursos a las franjas de edad más amplias”, anota Garzón, partidario de reorganizar los servicios públicos para atender los cambios demográficos. “La población inactiva es mayoritaria y no pasa nada. Lo importante es la renta que se genera en el país, cómo se distribuye y cómo se organizan los servicios”, señala.

“No todo tiene que ir vinculado a los Presupuestos Generales del Estado, no solo hay que hablar de dinero sino también de cómo se garantiza desde lo público la atención de las necesidades de los mayores”, añade.

“El Gobierno pretende resolver el problema actuando sobre los gastos, es decir, recortándolos. Pero se trata de cambiar la lógica”, explica. Por ejemplo, trabajando en lo que se conoce como salario indirecto (servicios y suministros que reducen las necesidades monetarias de las familias) y comenzando a pensar en trasvasar recursos de servicios públicos cuya demanda va a descender, como la educación, a otros relacionados con los mayores.

“Las pensiones están garantizadas por un mandato constitucional. Otra cosa es su calidad. Va a seguir habiendo pensiones, y cualquier reforma debe abordar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema”, anota Ángeles Balué, responsable de Previsión Social en la Federación de Servicios de CCOO, para quien “el Gobierno ha preferido vaciar la hucha que afrontar las reformas necesarias”.

“Es una cuestión de voluntad política”, añade, mientras reclama abrir debates como el establecimiento de mínimos no inferiores al Salario Mínimo Interprofesional o de vincular el debate de las pensiones con el de la renta básica.