Empleados denuncian que sus empresas aplican ERTEs, pero les obligan a trabajar a jornada completa

La ministra de empleo, Yolanda Díaz ha anunciado que ya se han tramitado más de 246.000 ERTEs que afectan a 620.000 trabajadores y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que en los 14 días laborables de marzo, se han destruido en España los mismos puestos de trabajo que desaparecieron a lo largo de 100 días en la anterior gran crisis económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers en 2008.

Debido a la gran cantidad de cambios y al poco tiempo en los que se están produciendo los ERTEs, hay empresas que, según advierten abogados laboralistas, están utilizando estos expediente de regulación temporal de empleo para no pagar a sus trabajadores mientras siguen trabajando con normalidad.

Kathe es profesora de inglés en una academia de Barcelona. Lleva dos años trabajando para la misma empresa, pero por la emergencia del coronavirus, ha recibido una notificación de que su empresa realizará un ERTE.

"Me informé de cuánto iba a cobrar y de mis derechos. Lo sorprendente llegó cuando en mi empresa me dijeron que se mantendrían las clases online. Me avisaron de que tendría que hacer tres horas de clase al día por videoconferencia aunque me hubiesen suspendido el contrato de forma personal", cuenta.

"Según ellos es necesario que hiciese las clases porque así, mientras el Estado paga parte de mi sueldo, nosotros podemos seguir metiendo dinero y podremos salvar a la empresa cuando todo esto pase", explica.

"Todos mis compañeros están igual que yo. Estamos dando clases online a los alumnos y mis jefes están intentando conseguir clientes. Hemos preguntado a un abogado, pero tenemos miedo de denunciar y no recuperar nuestro puesto de trabajo", asegura.

El caso de Ignacio es parecido. En su empresa han anunciado un ERTE de reducción de jornada. En principio con su reducción de jornada, Ignacio debería trabajar 25 horas a la semana, pero su empresa le está haciendo teletrabajar una jornada completa de 40 horas.

"Mi jefe me ha dicho que como la empresa me paga la mitad del sueldo y el Estado la otra mitad voy a ganar mi salario y debo trabajar todas las horas", cuenta.

"Al principio no sabía si eso era legal o no, pero luego me informé y hablé con él para explicarle que la empresa no podía hacer eso, pero me dijo que era momento de arrimar el hombro", añade.

"Todos mis compañeros estamos igual. Lo hemos hablando entre nosotros, pero hay bastante miedo a que la empresa tome represalias después de que todo esto del coronavirus termine", finaliza.

Abogadas y abogados españoles denuncian que les están llegando casos en los que los trabajadores piden ayuda porque su empresa les ha realizado un ERTE, pero les obligan a seguir trabajando.

"Cuando una empresa hace un ERTE a sus trabajadores, estos no tendrán que trabajar y, si es caso de reducción de jornada, sólo tendrán que trabajar el tiempo de su jornada reducida", explica la laboralista Silvia Gambarte.

"Aunque esto sea así, están existiendo casos en los que el trabajador, pese a tener reducción o suspensión, sigue prestando servicios. Normalmente estos servicios no los está prestando de manera voluntaria, sino que es el propio empleador el que dice que tiene que seguir trabajando", añade.

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social recoge que estas conductas son incumplimientos "muy graves" tanto por parte de la empresa como por parte del empleado.

"Por parte del empleador se estarían vulnerando dos apartados del artículo 23.1 LISOS: el correspondiente al falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente de prestaciones y, por otra parte, el que establece como infracción hacer trabajar a los empleados que están en periodo de suspensión de contrato o reducción de jornada", explica Gambarte.

Esta misma ley también repara en los trabajadores y tipifica el trabajar durante un periodo de ERTE de suspensión como infracción muy grave que puede ser sancionado con la pérdida de prestaciones durante seis meses y la exclusión de cualquier ayuda durante un año, además de devolver la cantidad de las prestaciones percibidas.

Si la Inspección de Trabajo descubre que una empresa está realizando este tipo de prácticas sus sanciones sí serán económicas.

"En el caso del empleador la sanción aplicable será una multa que puede ir de 6.251 a 187.515 euros", cuenta Gambarte.

"Por eso es muy importante que el trabajador se niegue a prestar servicios en el caso de las suspensiones de contrato y no trabaje más de las horas establecidas para las reducciones de jornada, puesto que él también puede ser sancionado en caso de que la Inspección de Trabajo compruebe compruebe que se está trabajando con normalidad en la empresa. Es importante que se denuncien estas situaciones para que no haya utilizaciones fraudulenta de los ERTE ya que somos todos los ciudadanos quienes los estamos pagando", concluye.