Más de medio millón de autónomos, casi uno de cada seis, pierden dinero con su negocio, en una situación que se ha agravado coincidiendo temporalmente con los brotes verdes de la recuperación macroeconómica y con el hinchado de la burbuja del emprendimiento como perversa solución para atenuar los efectos de la intensa destrucción de empleo que trajo la crisis.

La última Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria, publicada este jueves con datos de 2017, que es el último ejercicio con el IRPF liquidado, revelan cómo 510.000 de los 3,15 millones de autónomos que cumplimentan su declaración de renta sufren pérdidas: ingresan menos de lo que les cuesta mantener abiertos sus negocios.

Los datos de los últimos diez años revelan, por otro lado, una tendencia inquietante: cae el número de trabajadores por cuenta propia y empresarios que declaran el IRPF y disminuye al mismo tiempo, aunque con ligeros dientes de sierra, la cifra de los que obtienen beneficios mientras, de manera simultánea, el volumen de los que pierden dinero encadena, aunque con una ligera merma, tres años por encima del medio millón. Eran uno de cada catorce en 2007 y ahora son ya casi uno de cada seis.

“Las pruebas son evidentes: medio millón de autónomos se encuentra en una situación de extrema fragilidad, tal y como venimos alertando”, señala Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que anota que “miles de autónomos está en una situación de crisis permanente, que no ha pasado, y de déficit continuo que no pueden aguantar”.

Otros 150.000 ingresan menos de 12.000 euros al año

El número de autónomos asfixiados, muchos de los cuales “aguantan con el negocio abierto mientras pierden dinero para seguir cotizando con el fin de llegar a las condiciones que les permitan acceder a una pensión de jubilación digna”, es mayor si se tiene en cuenta a los que cotizan pero no declaran el IRPF por no llegar al mínimo exento de 12.643 euros y, también, los que no llegan a cotizar por ingresar menos del SMI, que en 2017 era de 9.906 euros anuales.

El volumen de esos dos grupos resulta complicado de calcular tanto por las estadísticas de la Seguridad Social  como por las trimestrales y las anuales de la EPA (Encuesta de Población Activa), que por lo general, por los descuadres temporales, ofrecen registros inferiores a los de la Agencia Tributaria. No obstante, Abad estima que los primeros, los que no declaran por no llegar al mínimo, serían alrededor de 150.000.

Los datos de la Agencia Tributaria, por otro lado, constatan el fracaso de medidas expansivas como la tarifa plana que ya habían avanzado algunos estudios, y que hinchó, y sigue inflando, una burbuja del emprendimiento que ya lleva tiempo pinchada.

De hecho, mientras el encarecimiento de inputs productivos como la electricidad y el combustible lastran la cuenta de resultados de todo el sector del trabajo autónomo y los retrasos en los pagos de las empresas que los subcontratan agitan el fantasma de la morosidad, los autónomos societarios, hasta ahora los más estables del ramo, comienzan también a acumular bajas.

Una presión fiscal del 20%: un euro de cada cinco es para Hacienda

“La burbuja del emprendimiento ha añadido más crisis a los que ya la tenían, la tarifa plana ha traído más pobreza y precariedad al trabajo autónomo”, sostiene Abad, para quien la situación del sector requiere “medidas urgentes pero a largo plazo para una reconversión” en las que el actual equipo del Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio lleva un tiempo trabajando con las dos principales asociaciones del ramo, UPTA y ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) de cara a incluirlas en la Agenda 2030. “Sería un error relevar a ese equipo”, anota.

Por otro lado, la Estadística sobre Rendimientos de Actividades Económicas señala que los autónomos soportan en el IRPF una presión fiscal del 20,84%. Ese tipo efectivo duplica con creces al que se aplica en la práctica a las empresas a través del Impuesto de Sociedades, de solo el 9,91%, y está cerca de triplicar el que recae sobre los grupos de mil a 5.000 empleados (7,8%) y de quintuplicar el de los que emplean plantillas de mayor tamaño (4,4%).

Esa presión fiscal es también claramente superior a la que soporta el ciudadano medio a través del IRPF, que en los últimos años ha oscilado entre el 12% y el 13%, e incluso al gravamen efectivo del IVA, que lleva años ligeramente por encima del 15%.

El único de los grandes tributos cuyo tipo efectivo supera al de la renta de los autónomos es el grupo de los Impuestos Especiales, el que grava consumos como el del alcohol, la electricidad o los hidrocarburos, que en los últimos años ha llegado a rebasar el 27%.