Las familias evitan endeudarse por el recuerdo de la crisis y la caída de los salarios

Las familias españolas aún no se han repuesto de la resaca derivada de la barra libre de crédito previa al estallido de la crisis financiera en 2008. Los dolores de cabeza que causó aquella temeraria política de la banca, que prestaba a quien debía y también a quien no, siguen presentes en el ánimo de todos.

Las entidades se tientan ahora la ropa antes de correr ciertos riesgos porque les va la supervivencia en ello, y los ciudadanos miden mejor sus posibilidades reales de responder de las deudas que contraen, sobre todo a largo plazo, para no caer en situaciones tan dramáticas como los deshaucios.

Las cifras que reflejan estos nuevos comportamientos de los operadores y de sus clientes acaba de ofrecerlas el Banco de España en su última entrega de las Cuentas Financieras de la Economía Española correspondientes al cuarto trimestre de 2018, dadas a conocer por el regulador esta misma semana.

En ellas se observa cómo el volumen de préstamos que las familias tienen pendientes de pago continúa en franco retroceso, a pesar de que la recuperación económica iniciada en 2015 podía alentar una mayor predisposición a emprender actividades que requieren financiación, por ejemplo, la compra de una casa.

Según el estudio del Banco de España, a finales de 2018, las familias debían 706.736 millones de euros, bastante menos que el año en que la economía empezó a dejar atrás la recesión (751.328 millones en 2014) y no digamos ya que en los peores momentos de la crisis (833.923 en 2012).

Este proceso de desapalancamiento (es decir, de reducción de los niveles de deuda) no sólo es consecuencia de la prudencia de la banca y de las familias, sino también de las dificultades objetivas que muchos españoles tienen para contraer compromisos económicos de envergadura, habida cuenta de la caída de los salarios.

Los trabajadores que se incorporan o reincorporan al mercado laboral ganan, en general, menos de lo que se ganaba antes de la crisis y eso dificulta el acceso a la vivienda, sobre todo desde que los precios iniciaron su recuperación, después de años por los suelos como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Las Cuentas Financieras de la Economía Española muestran también la creciente aversión de las familias a jugarse su dinero en Bolsa, sobre todo después de fiascos tan sonados como fueron en su momento la colocación de Bankia y las ampliaciones de capital que precedieron a la intervención del Banco Popular.

Con esos antecedente y por la mala marcha del mercado de valores en los últimos tiempos a 31 de diciembre las familias tenían invertidos en títulos sujetos a cotización un total de 104.140 millones de euros, frente a los 156.830 millones de la misma fecha de 2014.