España es diferente al resto de Europa en lo que a la gestión de sus carreteras de alta capacidad se refiere. De los más de 17.000 kilómetros que comprenden estas vías, apenas tres mil son de pago, mientras que en Europa la mayoría de estas grandes carreteras requieren del abono obligatorio de peaje.

En un total de 23 países de Europa, el 100% de las carreteras son de pago, más de 43.000 kilómetros del total de casi 62.000 de la red europea. Solo Francia, Italia, Irlanda y España tienen alguna parte de su red gratuita, que en nuestro caso es la mayor, y más desde la llegada de 2020, ya que los tramos de las autopistas de peaje AP-7 Tarragona-Valencia y AP-4 Sevilla-Cádiz pasan también a ser gratis.

Es más, el 73% de las vías gratuitas de Europa están en España. Solo el 18% de la carreteras de alta capacidad son de pago en nuestro país, porcentaje que es de un 38% en Irlanda, un 79% en Francia y un 86% en Italia. Nuestro país es una ganga en relación a toda Europa.

Garantía de conservación

En Europa el pago de peajes garantiza la conservación de las vías, mientras que en España son los contribuyentes quienes sufragan su deterioro, no así los cerca de 14 millones de ciudadanos de otros países del Continente que entraron por carretera al país en 2018., que las utilizan y deterioran gratis.

Al margen de lo coherente o no de esta situación, la red europea de carreteras se financia con el pago en peajes, ahorrando a los Estados miles de millones en gasto público cada año, que en el caso español salen de los impuestos, también de quienes ni siquiera utilizan las carreteras.

Igualmente en nuestro país los transportistas se ahorran mucho dinero con respecto a Europa, como ocurre con los profesionales del resto del Continente cuando pisan suelo nacional. La diferencia es que España cuenta con la segunda mayor flota de camiones de Europa, por detrás de Francia, y el modelo actual crea discrepancias.

Dudas sobre el modelo a implantar

Con todo, el Gobierno socialista recién constituido ya habría barajado como una posibilidad muy probable la tendencia de España hacia el modelo europeo, apostando paulatinamente por el pago por uso real de infraestructuras, pero su socio de Gobierno, Unidas Podemos, es partidario de seguir sufragando con impuestos la conservación de las vías, con lo cual el tema parece estar más en el alambre que nunca.

En todo caso, el nuevo Gobierno deberá pronunciarse sobre sus intenciones para definir cómo quiere gestionar las carreteras y si tiende al modelo de Europa o por el contrario apuesta por seguir como hasta ahora.

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, ya reconoció mientras el Gobierno en funciones se limitaba a analizar la situación porque no tenía capacidad ejecutiva, que "gratis, gratis no hay nada", en referencia a la posibilidad de cambiar el modelo y cobrar por las infraestructuras viarías. Así, avanzó igualmente la necesidad de reflexionar sobre la viabilidad y la sostenibilidad de la red pública de autopistas de peaje españolas, que siguen incrementado su tráfico.

Cómo lo hacen en nuestro entorno

Como mencionábamos, en el resto de Europa se tiende a un modelo de pago por uso de las carreteras, al igual que se hace con el consumo doméstico del gas, la luz o el agua, como predomina en los países de nuestro entorno.

En Francia, la red nacional de autopistas y carreteras de alta capacidad gratuitas tiene 12.000 kilómetros, mientras que las autopistas de pago suman 9.000, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Las autopistas de peaje son propiedad del Estado, aunque son las empresas privadas quienes que se encargan de su construcción, mantenimiento y explotación, como en España.

Autopistas como la A20 o la A75 se realizaron únicamente con recursos públicos al tratarse de infraestructuras clave para el territorio, pero las nuevas normalmente son objeto de una concesión que incluye la aplicación de peajes. Aunque van en relación con las prestaciones, es habitual en Francia escuchar quejas por el alto precio de los mismos.

En Portugal existen 14.313 kilómetros de carreteras, de los que 3.065 son autovías de peaje, que están casi en su totalidad concesionadas a empresas privadas responsables de su mantenimiento.

Cuando termina el periodo de consesión, vuelven a manos del Estado, aunque es habitual que éstos se renueven periódicamente la fecha de finalización se vaya retrasando. En la actualidad los pocos kilómetros nuevos que se realizan se hacen a través de concesiones. Los precios suelen ser algo más caros que en España y existe un debate por su elevado precio, pero no por la fórmula de explotación de las autovías.

En Italia, la mayoría de las autopistas y autovías son de peaje y están gestionadas por empresas privadas que se ocuparan de su construcción y su mantenimiento.

Hay varios sistemas de pago, entre ellos, una tarifa fija independientemente del trayecto que se recorra y una vez que se termina la concesión, las empresas pueden pedir su renovación o participar de nuevo en el concurso que convocará el Ministerio de Transportes.

En Alemania se introdujo formalmente el peaje para las autopistas nacionales en 2016, aunque el cobro real sólo empezará a realizarse cuando esté a punto la infraestructura necesaria. El importe recaudado irá a las arcas públicas y deberá ser destinado a la construcción de nuevas vías y al mantenimiento de las existentes.

La introducción del sistema de peajes estuvo precedido de un debate de años e incluso llegó a ponerse en dudas que fuera compatible con el derecho europeo.

En el Reino Unido, la red de carreteras de unos 422.100 kilómetros, de los cuales sobre 24.570 corresponden a vías de gran capacidad, como autopistas o autovías, que funcionan en general sin peaje.

Desde 1937, la construcción y mantenimiento de la red viaria se sufraga a través de impuestos y la única autopista con peaje es la M6, en el centro de Inglaterra. La carga fiscal sobre los conductores es siempre un tema de debate cuando en noviembre se presentan los presupuestos generales del Estado.

Tanto usas, tanto pagas

El pago por uso toma fuerza como fórmula para mantener los miles de kilómetros de vías rápidas existentes en España.

La intención del nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es consensuar un sistema a través de una subcomisión parlamentaria que deberá constituirse en cuanto lo haga el nuevo Ejecutivo, que deberá dilucidar por qué apuesta de pago por uso opta por el pago, bien por relicitación de concesiones, gestión de una empresa pública que cobre peaje o bien con tarifas planas del como las viñetas.

En todo caso, tras meses de Gobierno sin capacidad ejecutiva, el sistema de financiación para el mantenimiento y conservación de las vías rápidas españolas es uno de los asuntos claves que debe retomar el nuevo Ejecutivo a la mayor brevedad, porque lleva demasiado tiempo aparcado.

L.M.G.