MADRID.- La situación de los ganaderos en Galicia empieza a ser "desesperada", reconocen fuentes del sector. Público ha tenido acceso a uno de los muchos contratos con los que la industria láctea chantajea a los productores de leche para obligarles a renunciar a las condiciones impuestas hace dos años por el Gobierno respecto a la duración de los contratos, que busca la estabilidad de un sector muy maltratado por la crisis económica y la competencia de precios en la distribución (supermercados).

El Consejo de Ministros del 27 de febrero aprobó, dentro de la modificación del llamado "paquete lácteo" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente iniciada hace dos años, una serie de medidas que vuelve a incluir la obligatoriedad de que los contratos duren, por lo menos, un año; sean firmados dos meses antes de que se extinga el contrato anterior, y permitan al ganadero (sólo al ganadero) acortar ese plazo anual comunicándolo a la autoridad administrativa competente.

El Ejecutivo de Rajoy aprobó este nuevo "paquete lácteo" un mes antes del fin de la llamada "cuota láctea" (tope de producción impuesto por la Unión Europea para no tener que cubrir excedentes, lo que supone la liberalización total de este mercado) y en medio de la continua revuelta de los sindicatos ganaderos gallegos contra los bajos precios a los que se ven obligados a vender la leche a los productores. "O vendes al mínimo precio o no te recogen la leche", se desesperan los suministradores.

Cómo la industria, mediante una Nota Informativa incluida en el contrato, fija el precio de la leche en el mínimo justificándolo por las "fluctuaciones del mercado" y para "evitar estar firmando el documento continuamente", pero asegurando que se puede llegar a pagar un "precio superior". Nunca se hace, según los ganaderos. PÚBLICO

El Gobierno asegura que los ganaderos "disponen ahora de unas herramientas que les dan mucha más fuerza que hace unos años para negociar con la industria, con el fin de evitar abusos"

El ejemplo de cómo el precio mínimo no pasa de ahí está asimismo, en el contrato al que ha tenido acceso este diario entre un ganadero lucense [evita hacer público su nombre por temor a represalias] y un industrial del sector lácteo. En una "Nota Informativa Importante", el empresario quita hierro a la fijación del precio en el mínimo por las "fluctuaciones del mercado" y para "evitar estar firmando el documento continuamente", aunque asegura al productor [en gallego en el contrato] que la firma de este acuerdo "NO QUIERE DECIR [sic las mayúsculas] que esto impida que usted pueda cobrar la leche a un precio superior", algo que "nunca ocurre", según el ganadero, y que puede adivinarse por la informalidad de los términos.

"Herramientas" de control insuficientes

El contrato mostrado por este medio entró en vigor el 1 de enero de 2015, pero la senadora socialista Paula Fernández, asegura que, en los dos últimos años, "el 99% de los contratos firmados entre productores e industria alcanzan los tres meses" como mucho, a pesar de la duración obligatoria de un año. Los ganaderos los firman por "miedo a que las empresas no recojan la leche" y éstas presionan a los productores con los precios porque la distribución (los supermercados y superficies comerciales, el último eslabón de la cadena láctea antes del consumidor) "tira" los precios de la leche "como reclamo". "Los ganaderos no cubren costes", asegura Fernández, exalcaldesa de Silleda (Pontevedra), un municipio gallego de fuerte componente agrícola y ganadero.

El PSOE asegura que "el 99% de los contratos firmados entre productores e industria alcanzan los tres meses" como mucho

El Gobierno, sin embargo, cree que fue el PSOE quien no hizo "nada" cuando en 2009, y ante la importante crisis del sector lácteo, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "miró hacia otro lado". Durante una comparecencia en el Senado la semana pasada, el representante del Ejecutivo del PP, Armando Castosa, alcalde de Cospeito (Lugo), respondió a las críticas de la oposición por las nuevas medidas del paquete lácteo aprobadas por el departamento de Isabel García Tejerina, que "los productores del sector lácteo disponen ahora de unas herramientas que les dan mucha más fuerza que hace unos años para negociar con la industria, con el fin de evitar los abusos", aunque no las especificó más allá de insistir en la "obligatoriedad" de los contratos de un año, de las ayudas directas del Gobierno en 2012 (15 millones) o a los controles de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que a la vista del contrato mostrado por Público, no son suficientes.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Manga ancha con la industria láctea

El Gobierno ya manifestó a principios de mes que su preocupación por la viabilidad de la industria láctea iba mucho más allá que la que le merecen los ganaderos, aunque se confirmen los abusos de la primera. Así, el mismo día que se conoció (2 de marzo), la ministra de Agricultura se mostró temerosa por el impacto que pudiera tener en las empresas la multa de 88,2 millones de euros que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a nueve compañías y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber participado en "conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia" (infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del TFUE)

Esta multa -la cuarta de mayor cuantía impuesta por Competencia a lo largo de su historia- prueba, según la CNMC, la existencia de "conductas prohibidas" por su objeto: distorsionar el normal funcionamiento del mercado, lo cual produjo efectos negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado. Sobre este perjuicio, García Tejerina no expresó su inquietud.