Las eléctricas protestan ante la UE por las medidas del Gobierno contra la escalada del precio de la luz

Varias empresas energéticas han presentado una queja junto a un grupo de inversores ante las autoridades europeas tras la medida del Gobierno español destinada a retener parte de sus beneficios y canalizarlos hacia los consumidores afectados por los altos precios de la energía, según se desprende de un documento consultado por Reuters.

En un momento de recuperación económica de la recesión inducida por la pandemia de COVID-19, un cóctel mundial de alta demanda, interrupciones en el suministro y bajas existencias han llevado a los precios del gas y la electricidad a máximos históricos.

En España, donde las tarifas flexibles dejan a los consumidores más expuestos a la subida de precios, el Gobierno ha impuesto cargos a las empresas que se han beneficiado de la subida.

Pero las empresas energéticas han protestado, diciendo que ya se han comprometido a vender toda su producción de energía básica para este año y más de tres cuartas partes de la generación de 2022 a precios muy inferiores a los actuales.

En una carta fechada el 24 de septiembre, ejecutivos de Iberdrola, Endesa, del grupo italiano Enel, y la división española de la portuguesa EDP, junto con asociaciones europeas del sector eléctrico y la Asociación de Inversores en Infraestructuras Globales, pidieron a la Comisión Europea que "inicie inmediatamente un análisis en profundidad" de las tarifas españolas.

Afirmaron que la medida pondría en peligro los planes de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero "al quebrantar la confianza de los inversores" y socavar la confianza en el mercado eléctrico y el sistema de comercio de emisiones de carbono del bloque.

Un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica español declinó hacer comentarios sobre el documento. Un portavoz de la Comisión Europea confirmó que había recibido la carta y dijo que respondería a su debido tiempo.

El Gobierno español ha dicho que las empresas se enfrentarán a límites en sus beneficios hasta marzo, cuando expire la medida, pero que más adelante tendrán tarifas más altas, lo que significa que el impacto global es neutro.

Espera canalizar 2.600 millones de euros (3.000 millones de dólares) de las empresas a los consumidores en los próximos seis meses.

Los firmantes de la carta afirman que la legislación de la UE implica que los Estados pueden utilizar una serie de opciones alternativas para proteger a los consumidores de las facturas más altas, como la reducción de los impuestos sobre la energía, otra medida que España ha tomado para responder a la subida de precios.