La fusión de CaixaBank y Bankia se ha llevado por delante al presidente de la primera de esas dos entidades (Jordi Gual) y al consejero delegado de la segunda (José Sevilla). También ha obligado a prescindir de varios miembros de los respectivos consejos de administración, a fin de que el nuevo tuviera un número de vocales manejable.

El siguiente paso será el nombramiento de la alta dirección, que va a exigir también salidas o reubicaciones para evitar duplicidades en el organigrama del banco resultante.

Según la información que obra en poder de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), CaixaBank contaba al cierre de 2019 con once profesionales en su alta dirección: tres directores generales (Riesgos, Recursos Humanos y Negocio), siete directores ejecutivos (Finanzas, Medios, Comunicación, Control de Gestión, Banca Internacional, Auditoría Interna y Seguros) y el secretario general.

A la misma fecha, los registros de la CNMV muestran que Bankia tenía una alta dirección algo más reducida: nueve directores generales adjuntos (Banca de Negocios, Dirección Financiera, Comunicación, Secretaría General, Riesgos de Crédito, Personas, Gestión de Activos, Banca de Particulares y Trasformación Digital) y un director corporativo (Auditoría Interna).

El mantenimiento de todos los cargos mencionados parece impensable, ya que daría lugar a solapamientos que saltan a la vista, y además siempre cabe la posibilidad de que el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, aprovechen la ocasión para reestructurar sus respectivas áreas de responsabilidad.

El acuerdo de fusión prevé que Auditoría Interna, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa y la Secretaría del Consejo dependan de Goirigolzarri, mientras que Gortázar tendrá mando directo sobre el negocio propiamente dicho.

Una de las circunstancias que han estado sobre la mesa de negociación del acuerdo y que deberá afrontarse en su momento es que los sueldos de la alta dirección de Bankia son más bajos que los de CaixaBank por imperativo legal, lo que podría generar futuros agravios comparativos.

En concreto, los diez profesionales que forman parte de esa especie de estado mayor del banco hasta ahora bajo control del Gobierno se repartieron el año pasado un total de 5,7 millones, a razón de 570.000 euros por cabeza. Los once de CaixaBank, en cambio, cobraron 10,2 millones (973.000 euros de media).

Esa diferencia responde a que en 2012 se limitaron las retribuciones en las sociedades rescatadas con fondos públicos, que desde entonces no pueden exceder de los 800.000 euros anuales (500.000 de remuneración fija y 300.000 de variable).

El tope no sólo afecta a la alta dirección, sino a todos los niveles, incluidos los consejos de administración, y eso explica que el de Bankia sea, con diferencia, el más barato de la gran banca española, con un coste de 2,8 millones en 2019 frente a los 5,8 de Caixabank o los 27,2 millones del Santander.

Por la misma razón, Goirigolzarri ha sido, desde su nombramiento en 2012, el presidente peor pagado de las seis entidades financieras que cotizan en el Ibex. El año pasado se embolsó 606.000 euros, según consta en la información sobre gobierno corporativo depositada en la CNMV, muy lejos del presidente de CaixaBank, Jordi Gual (1,1 millones), y no digamos ya de la presidenta del Santander, Ana Botín (9,9), que encabeza el ranking de los baqueros españoles que más cobran.

Otro tanto ocurría con el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que también ganó 606.000 euros, menos de una cuarta parte que su homónimo de CaixaBank (2,5).

Las mejores expectativas salariales que se abren para los componentes de la cúpula de Bankia que sobrevivan a la fusión están condicionadas, no obstante, a que se levante la limitación vigente. A tal efecto, se han iniciado conversaciones tanto con las Unión Europea, que fue la que concedió las ayudas para el rescate, como del Gobierno español, que en su momento dictó la correspondiente orden a instancias de Bruselas.

En casos anteriores no ha habido problemas porque las sociedades salían de la órbita del Estado al ser compradas por otras; pero la nueva CaixaBank va seguir teniendo una participación pública (16%) y un representante en el consejo de administración.