La consultora Altarmira, la división inmobiliaria del Banco Santander, ha iniciado el procedimiento para expulsar de sus casas a medio centenar de familias desfavorecidas que habitan en el edificio A Patiña, en la localidad coruñesa de Cambre, cuyos contratos de alquiler, sujetos a un régimen especial de protección oficial, han comenzado a expirar.

El edificio es una modesta construcción a la salida del pueblo, setenta viviendas de uno y dos dormitorios y de entre 60 y 80 metros cuadrados. Lo levantó a finales de los años noventa la constructora Fadesa, gracias a un acuerdo con la Xunta de Galicia que contemplaba que los pisos se alquilarían durante veinte años a personas desfavorecidas. Cuando empezó la crisis económica, Fadesa, que poco después protagonizaría el concurso de acreedores más grande de Europa, se lo vendió a Altamira, la consultora que gestiona los activos inmobiliarios del Santander.

En A Patiña habitan familias con hijos y rentas por debajo del salario mínimo, mujeres víctimas de malos tratos, parados de larga duración sin ingresos, personas con graves problemas de movilidad que viven de una exigua ayuda pública, invidentes, ancianos solos y enfermos con una pensión no contributiva...

Pagan rentas de entre 200 y 310 euros. Muchos precisan desde hace años la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Xunta o de organizaciones benéficas para pagar la luz, el agua y el gas, para obtener vales de alimentos con los que hacer la compra y para sacar adelante a sus hijos.

El régimen del alquiler protegido de A Patiña duraba veinte años y expiró en el 2017. Desde entonces, la agencia subcontratada por Altamira para administrar el edificio dejó de atender las obligaciones básicas de mantenimiento de los pisos, a pesar de que un seguro debería cubrir las reparaciones y las renovaciones necesarias. Hay familias con niños pequeños que conviven desde hace meses con humedades y con los hongos que provocan. Otras denuncian que llevan meses sin nevera, porque la antigua se les estropeó y, a pesar de que la renta que pagan incluye una cocina equipada con ella, la agencia ni la arregla ni se la cambia.

Hace unos meses, varios inquilinos empezaron a recibir cartas advirtiéndoles de que su contrato está a punto de expirar. A algunos les dijeron que se lo renovarían renegociando al alza sus rentas. A otros, directamente, les han advertido de que el próximo día 31 tienen que irse. Pero no tienen adónde.

Varios vecinos contactaron con Vamos!, una iniciativa de intervención social que trata de desarrollar espacios de participación y empoderamiento popular que los puso en contacto con una abogada de Stop Desahucios. A través de Vamos! también llegaron a Irreversible TV, un medio de comunicación que difunde en las redes noticias de corte social y que grabó un vídeo recogiendo su testimonio para que pudieran contar su problema en primera persona. Hasta hoy tenía más de 19.000 reproducciones en Facebook.

Los contratos de los inquilinos de A Patiña duran tres años. A algunos se les acaban ya, y al resto se les irán terminando de aquí al 2020. Aunque todos tienen claro que la estrategia para desahuciarlos ya ha empezado y que, tarde o temprano, todos irán recibiendo la maldita carta. Muchos están convencidos de que todo se debe a que Altamira, la inmobiliaria del Santander, habría vendido el edificio, o el negocio de sus alquileres, a un fondo buitre estadounidense, Blackstone, que estaría planeando acciones similares en otros pisos protegidos de toda España. Tiene constancia de problemas similares en Tenerife, Asturias, Guadalajara...

Asamblea de los vecinos de A Patiña. Foto: José Antonio Otero Irreversible TV

Edificios como A Patiña, con rentas protegidas caducadas o a punto de expirar, que se han convertido en una golosa vía de inversión para los fondos a los que se les ha acabado el negocio del ladrillo, y que ven en los alquileres una nueva oportunidad de ganar dinero fácil, echando a los inquilinos que pagan poco y subiendo los alquileres.

En A Patiña hay varios portales. Algunos vecinos ni siquiera se conocían personalmente. Pero han empezado a organizarse para defender su derecho a seguir viviendo en sus casas. Han celebrado reuniones y asambleas, han empezado a colgar pancartas de las ventanas, y ya van armados con cartelones de cartón rotulados que recuerdan al 15-M y a la Spanish Revolution. Incluso planean concentrarse periódicamente frente a la oficina local del Santander. Saben que buena parte de las posibilidades que tienen de conservar sus casas pasa por publicitar su problema. Por darse a conocer y por recabar el apoyo de la sociedad, de los clientes del banco y también de sus accionistas. Para que sepan a costa de quién se labra la rentabilidad de sus inversiones.

Por eso han aceptado contar su situación con nombres, apellidos y fotos en este reportaje. A pesar de que lo desagradable que resulta abrir sus vidas en canal ante sus parientes, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, y de que son conscientes del riesgo de quedar marcados cuando se publiquen sus penurias, sus enfermedades y sus dramas personales. Pero saben que la indignidad no es suya, sino de quien amenaza con destrozar sus vidas. Y que su única, aunque también su mejor oportunidad de hacerle frente, son ellos mismos.

Nando Allegue y Eva María Prado

Viven en A Patiña desde hace dieciséis años. Nando tiene 48 años y es ex trabajador de Unipost. Lleva en paro desde que en marzo pasado lo despidieron de la empresa, con el ERE que les costó el empleo a más de 2.400 trabajadores en toda España. Cobra 300 euros por el subsidio de desempleo, del que le queda menos de un año. Eva tampoco trabaja. Sufre una parálisis cerebral que le provoca una discapacidad del 85%, y cobra una pensión de 770 euros. Pagan 227 euros de renta. Eva y Nando fueron los primeros en recibir la carta que anuncia los desahucios y en contactar con Vamos! La inmobiliaria les ha advertido de que tienen que desalojar su vivienda antes del 31 de octubre. Pero no tienen dónde ir. Sin trabajo y sin una nómina es casi imposible que nadie les alquile nada. Y menos aún un piso adaptado a las necesidades de movilidad de Eva.

Mónica

Lleva sólo tres meses en el edificio, al que llegó después de pasar más de seis meses en un albergue de los servicios sociales de A Coruña junto a su marido y su perrito, Pumuki. Mónica cobra una pensión de 530 euros por una minusvalía del 76% que la mantiene en silla de ruedas, y con eso pagan el piso, la luz, el agua, el gas, los alimentos...

Su marido está en paro pero no cobra ayuda alguna, ya que el Estado considera que no la merece: es propietario, junto a sus hermanos, del 14% del piso en el que vive su madre. En el albergue de A Coruña, a Mónica, a su marido y a Pumuki sólo los dejaban estar allí para pernoctar y asearse, de nueve de la noche a seis de la mañana. Así que durante el día tenían que buscar refugio donde podían: parques, cafeterías, paradas de autobús...

Aunque saben de sobra lo que es padecer la pobreza más severa. Durante año y medio estuvieron viviendo en una tienda de campaña en la calle, en Santiago, porque el albergue que los asistió sólo les dejó estar allí diez días. Cuando encontraron el piso de A Patiña pensaron que sus problemas empezaban a resolverse. Ahora temen que vuelvan a dejarlos tirados.

María Josefa Maceira

Llegó a A Patiña hace dos años. Le encontraron el piso los servicios sociales de la Xunta después de haber atravesado una “situación muy traumática” que prefiere no contar. Vive con un hijo de 24 años que acaba de terminar los estudios de auxiliar administrativo, pero que está en paro. María cobra 417 euros de la renta de integración social (Risga) de la Xunta de Galicia. Gana unos 115 euros al mes limpiando una nave industrial cuatro horas a la semana en un polígono cercano, pero lo que ingresa se lo descuentan de la ayuda social. Incluso cuando su hijo logró un empleo en prácticas durante seis meses, lo que él ganaba se lo descontaban a ella de la Risga.

También le descuentan lo que la Xunta paga por los medicamentos que precisa porque padece una enfermedad crónica. Paga 269 euros de alquiler, que expira en julio del 2019 . Cuando se le pregunta por su porvenir, ni siquiera piensa en ella. “Lo que me importa es mi hijo. ¿Qué futuro le espera si nadie le da una sola oportunidad?”.

Ana Bermúdez

Es una de las inquilinas más veteranas de A Patiña. Tiene varios problemas de salud que le provocan una minusvalía que el Estado calcula en el 69%. Cobra una pensión no contributiva de 300 euros y paga 209 euros de renta al mes por su piso. Así que sobrevive como puede, con la ayuda del Ayuntamiento, que paga sus recibos de luz y de agua, de los vecinos e incluso de la agrupación local del Partido Popular, partido del que ella es simpatizante y que en alguna ocasión ha llegado a pagarle las facturas.

Cristina García y Ana Bermúdez A Patiña. Foto: Juan Oliver

Daniel Pais y Vanesa Rouco

Vanesa es administrativa en una fundación y cobra 814 euros al mes. Daniel está ahora en paro, pero ha trabajado de manera intermitente como técnico de iluminación escénica y como técnico de radio, y asegura que tiene “buenas perspectivas”. Tienen dos hijos pequeños y llegaron a A Patiña en el 2014. Pagan una renta de 304,54 euros y aunque su contrato aún dura hasta el 2020, están dispuestos a pelear desde ahora mismo. “Alguien tiene que concienciar a la sociedad de que el problema está en no ponerle límites al capitalismo”, dice Vanesa.

Ana María Díaz Hevia

Está sin trabajo desde que hace cuatro años la crisis la obligó a cerrar el pequeño negocio que regentaba. Vive sola con su hijo, que está a punto de entrar en el Instituto y al que mantiene con los exiguos ingresos que le proporciona la renta activa de inserción (RAI): 430 euros al mes. Hace unos meses pidió al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, la ayuda al alquiler para familias desfavorecidas.

Tenía el contrato y los recibos que demostraban que estaba al corriente de pago, pero la Xunta le exigió un certificado de Altamira que corroborase que vivía en su casa. Altamira se negó a proporcionárselo y el IGVS le denegó la ayuda. Ana María está segura de que es otra forma de presionarla para que se vaya.

María Espiñeira

María es víctima de violencia de género y llegó aquí hace veinte años. Acaba de superar un cáncer de mama y asegura que ha aprendido a superar el miedo y a luchar. Trabaja de teleoperadora y gana 850 euros al mes, de los que 296 se van en pagar la renta de su piso en A Patiña. Con lo que le queda, viven ella y su hija, aunque María también ayuda a su madre y a su hermana, inquilinas en otros pisos del inmueble.

A su hermana, M. –prefiere no dar su nombre- le declararon una incapacidad permanente y absoluta por una minusvalía del 73%, por la que cobra una pensión no contributiva de 380 euros. De ellos, 287 euros se van en pagar la renta del piso. Para lo demás, la luz, el agua, el gas, su alimentación y sus medicinas, M. tiene que recabar la ayuda de los servicios sociales. Si no le han cortado la luz, asegura, es porque ha sido declarada cliente vulnerable.

Mes a mes, con una rutina que la obliga a repetir el mismo papeleo para convencer a las instituciones de que tiene derecho a que la ayuden a salir adelante, acude a varias oficinas aportando documentos, certificados, papeles y más papeles. Si la echan de A Patiña, sabe que no encontrará a dónde ir. Padece una enfermedad nerviosa, y se le nota el tremendo esfuerzo que tiene que hacer para bajar al portal y contar su situación delante de sus vecinos a un desconocido. Cuando se le pregunta cómo se siente, M. llora.

Y el periodista también, porque se da cuenta de que esa mujer a la que quieren desahuciar es mucho más fuerte de lo que ella misma se cree, y porque sus lágrimas no son sino el síntoma de la valentía que transmite.