El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65).

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.

El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.

Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.

Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.

Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.

El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.

Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.

En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.

Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.

El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.

El autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio sufre un auténtico calvario burocrático. PIXABAY

Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.

La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.

“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.

La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.