La covid destapa más precariedad: economía sumergida, escaso ahorro y alquileres imposibles

Que en España una gran parte de la población es precaria no es nada nuevo. De hecho, Comisiones Obreras denunció el año pasado la alta precarización del empleo, señalando que menos de la mitad de las personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social tiene un contrato indefinido a completa a jornada completa.

De la misma forma, UGT denunció en enero del presente año que cuatro de cada diez personas tienen trabajos precarios en nuestro país.

Los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes son quienes más padecen esta trampa de la precariedad que, en muchas ocasiones, les atrapa entre el paro y el empleo temporal o la economía sumergida.

La emergencia del coronavirus ha puesto de manifiesto el problema de la mala calidad del trabajo en España. No solo por los bajos salarios, sino también por el tipo de contratación, el elevado precio de la vivienda con respecto a los sueldos y la economía sumergida.

Sueldos muy bajos y tipo de contratación

En España, antes de la crisis del coronavirus, el número de trabajadores pobres (personas que pese a trabajar siguen sufriendo estrecheces) era de 2,6 millones. Además, aunque el salario medio se situaba en los 27.537 euros brutos al año, el salario moda (más frecuente) no llegaba a los 18.000 euros anuales.

Con la emergencia del coronavirus y la llegada de los ERTE, muchos trabajadores han pasado a cobrar el 70% de la base reguladora, una cantidad que no les permite vivir.

Si con salario normal es, para muchos, muy complicado llegar a fin de mes, con el 70% de la base reguladora el reto es aún mayor.

La forma de contratación también ha evidenciado la precariedad laboral que caracteriza a nuestro país. La temporalidad y los contratos a jornada reducida son dos formas más de precarizar a los trabajadores.

Por una parte, aflora la temporalidad en leo empleos. De los 900.0000 empleos destruidos en la última quincena de marzo, más de dos tercios eran temporales. En concreto, 613.250 trabajadores. De hecho, el Banco de España achacó el fuerte impacto económico del coronavirus en España a la temporalidad, al tejido productivo y al déficit estructural.

Por otra parte, la parcialidad involuntaria también muestra la precariedad en el empleo. Según un informe de enero del presente año 35 de cada 100 trabajadores, afrontan una situación de precariedad al estar sometidos a una temporalidad y parcialidad involuntaria.

Escasos ahorros por los bajos salarios con respecto al nivel de vida

Este tipo de salarios, unidos al alto coste de vida (el alquiler de un piso en Usera –barrio muy humilde de Madrid– de 45m2 cuesta unos 600 euros y, de media, cada miembro de una familia española se gasta alrededor de unos 300 euros al mes tan sólo en productos de alimentación y limpieza) hace que la capacidad de ahorro sea muy reducida o prácticamente nula.

La emergencia del coronavirus ha dejado en evidencia esta problemática en trabajadores despedidos o en un ERTE, ya que mientras cobraban o no la prestación eran incapaces de asumir los gastos de un solo mes sin trabajar.

Casas pequeñas y habitaciones compartidas

De nuevo, la escasez salarial, unida al coste de vida en España (en este caso el precio del alquiler) se desvela -aún más- con la emergencia del coronavirus. En principio, para el coste de la vivienda, se debe seguir la regla del 30%, que básicamente dice que una persona debe dedicar el 30% de su salario al alquiler para poder vivir bien, algo que en España es prácticamente imposible.

Según un estudio que publicó El País, las parejas jóvenes sólo pueden alquilar un piso asequible en 13 de los 128 barrios de Madrid. De ahí que los pisos sean muy pequeños o directamente compartidos. Vivir confinados durante meses ha evidenciado que muchos ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes viven en pisos pequeños o en habitaciones y que las personas necesitan más que un pequeño habitáculo en el que dormir como bien se planteaba con la polémica de los pisos colmena.

Por ese motivo, diversos colectivos llevan pidiendo bastante tiempo que igual que existe un salario mínimo haya un alquiler máximo para garantizar la dignidad y el derecho a la vivienda.

España, un país de sector servicios

En España el sector servicios es de vital importancia para la economía. Un sector en el que se aglutina gran parte de la temporalidad, sobre todo en la rama de hostelería. Además, la hostelería es uno de los sectores con el salario medio más bajo.

De hecho, el año pasado esta problemática se puso en evidencia a raíz de la obligación de controlar el registro de jornada de los trabajadores.

Esta práctica viene siendo bastante común en el sector, algo que ponía en evidencia que en España el trabajo gratuito ocultaba –en el 2019– un fraude de más de 14.000 millones de euros al año.

La precariedad existente en el sector y el hecho de no tener un tejido productivo más diversificado ha hecho que muchas empresas cierren y muchos trabajadores se hayan ido a la calle con indemnizaciones y paro muy bajo.

Rebrotes y precariedad

La precariedad laboral también ha sido desvelada por los rebrotes y las infecciones de coronavirus. No es que la covid se cebe con los precarios, es que la precariedad sirve como bandeja de plata para el coronavirus.

La mayoría de los rebrotes en el último mes están asociados a mataderos y a temporeros que trabajan en el campo. Esto se debe a la dificultad para mantener la distancia de seguridad (en el caso de los mataderos) y las condiciones infrahumanas que tienen muchos temporeros.

Con el rebrote producido en Lleida, de nuevo se evidencia que hay un problema y que éste no se llama únicamente coronavirus.

Economía sumergida

La emergencia del coronavirus también ha demostrado que muchos españoles viven o sobreviven gracias a la economía sumergida, ya sea porque el 100% de sus ingresos son en dinero sin declarar o porque una parte importante de sus ingresos lo sea (trabajo a media jornada y trabajos esporádicos bajo la economía sumergida).

Tal y como publicó El Confidencial, la mayoría de los expertos considera que entre dos millones y cuatro millones de personas estarían trabajando de una forma u otra en los canales subterráneos de la economía y que, por razones de la reclusión general de la población y por la congelación de la actividad productiva, muchos se han podido encontrar en una situación límite.

Miedo al despido e ir a trabajar enfermo

Hasta hace unos meses el hecho de ir a trabajar enfermo no era nada grave. Incluso era común ir por el miedo a ser despedido o por la reducción de salario debido a la baja médica. Un punto más en los que se evidencia la precariedad laboral en España, pese a la derogación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores en el que se permitía despedir por estar enfermo.