El beneficio neto de Enagás se incrementó un 17 por ciento el año pasado, alcanzando los 491 millones de euros gracias a la consolidación de GNL Quintero, empresa chilena en la que tiene una participación del 45%. El beneficio operativo bruto (ebitda) del gestor de la red de gas española se incrementó incluso más, un 17,6% a 1.110 millones, con un aumento de casi el 14% en sus ingresos, que se situaron en 1.385 millones de euros.

El año pasado, Enagás invirtió 328 millones, un 63% menos que un año antes, de los que casi un 80% fueron a su área internacional.

En cuanto a su posición financiera, el grupo cerró el año con una deuda neta de 4.364 millones de euros, frente a los 5.089 millones de 2016, con más del 80% de deuda a tipo fijo. Además, en 2017 la compañía redujo el coste de esta deuda neta al 2,2%, frente al 2,4% registrado en 2016.

A pesar de los crecimientos de doble dígito registrados el año pasado, Enagás mantiene la previsión de aumentar su beneficio neto un 3% anual e incrementar el dividendo un 5% hasta 2020, un periodo que refleja el menor ritmo inversor del gestor de redes de gas.

No obstante, el grupo no descarta que el crecimiento pueda alcanzar el 4% apalancándose en su división internacional, para lo que considera importante aliarse con socios de perfil similar al suyo. "La mejor vía es encontrar un socio... en ello estamos trabajando ya y creo que en 2018 veremos algún resultado en este sentido", dijo su presidente Antonio Llardén en la presentación de resultados, aunque aseguró que en ningún caso venderán parte de su negocio internacional.

Llardén, en una conferencia con analistas, señaló que "una cosa es coger las joyas de la corona y venderlas y otra es asociarse juntando activos para crecer". "Nosotros estamos en esta segunda línea", añadió.

Bruma regulatoria

Llardén buscó calmar a unos analistas todavía preocupados por la posiblidad de que el Gobierno español meta la tijera en los ingresos del sector gasista, después de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, intentase adelantar el periodo de revisión regulatorio .

A finales del mes pasado, las empresas energéticas españolas sufrieron fuertes caídas en bolsa entre especulaciones de un fuerte recorte de la retribución mediante un adelanto del periodo de revisión regulatoria. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, no encontró el apoyo parlamentario necesario y matizó que cualquier recorte en un sector de gas en el que ya no hay déficit tarifario sería de entre 0 y 50 millones de euros, frente a otras cifras sensiblemente superiores que se habían manejado en prensa.

"Todos los datos objetivos nos permiten pensar que no va a haber cambios importantes y no parece que la intención del gobierno sea acelerar un cambio", dijo Llardén, añadiendo que, teniendo en cuenta las palabras de Nadal, el eventual impacto en las cuentas de Enagás sería de 20 millones de euros.

Sin embargo, reconoció que la confusión alrededor de este asunto provocó "bruma regulatoria" y un consiguiente quebranto bursátil a las empresas del sector, por lo que pidió diálogo con las instituciones para "dar a los mercados un mensaje de estabilidad y seguridad".

En un informe publicado este mes, la agencia de calificación de crédito Fitch Ratings dijo que el riesgo de injerencia política en el sector gasista español es más alto que en otros países y podría terminar dañando el perfil de ingresos de las empresas.

De otro lado, el presidente de Enagás adelantó que el Ministerio de Energía incorporará en una próxima orden del sistema gasista el reconocimiento del pago de ocho millones anuales a la compañía por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor, después de que la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional haya paralizado el pago de la indemnización.

Llardén subrayó que el tema de las compensaciones es un caso que "no afecta a Enagás", ya que el Constitucional no discutió el fondo del tema, sino que discutió el instrumento que se utilizó para hacerlo, y añadió que el tribunal insta al Gobierno a "encontrar una solución de tipo legislativo".

En aplicación de la sentencia del Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank y que asciende a unos 1.350 millones de euros.

Así, el presidente de Enagás indicó que "técnicamente" la compañía deja de cobrar esas cantidades que le corresponden por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén hibernado desde 2014, aunque subrayó que esto no afecta al beneficio de la compañía y que se les garantizará el cobro por el Gobierno.