La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación relativa a la venta de preferentes y deuda subordinada por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en aplicación de la conocida como doctrina Botín al no ejercer acusación el Ministerio Fiscal y después de que las acusaciones particulares pidieran el sobreseimiento de la investigación.

El tribunal explica en un auto que, de esta manera, se archiva la causa abierta contra los exdirectivos de la caja alicantina Roberto López Abad y Dolores Amorós, que se enfrentaban a diez años de prisión por delito de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y multa conjunta de 11 millones de euros.

El pasado 4 de julio, con motivo de la primera sesión de vista oral, el letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, y la asociación Adicae, que ejerce la defensa de 700 personas, se retiraron al exponer que la mayoría de sus representados habían sido resarcidos por el Banco Sabadell al ofrecerles la recompra de acciones de la entidad.

No obstante Adicae solicitó la continuación del procedimiento en calidad de acusación popular pero ahora, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo deniega la petición y sobresee la causa, aunque deja abierta la posibilidad de una sanción por la vía administrativa. Contra esta resolución se puede interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.

No se constatan más perjudicados

"Es importante tener en cuenta que en autos no se constata la existencia de más supuestos perjudicados, distintos de los personados y de los que aparecen resarcidos en su derechos económicos, no dejando margen de actuación a la acusación solitaria de Adicae, pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento han manifestado su tajante voluntad de retirada", reza el auto.

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que no ejerce acusación en este procedimiento, solicitó al inicio de la vista oral que se aplicara la doctrina Botín, que establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se archive la causa. De esta manera los dos exdirectivos acusados evitarán un segundo juicio en estas dependencias judiciales ya que ya fueron juzgados y condenados a tres años de cárcel el pasado año por falseo de cuentas relativas a los ejercicios 2011 y 2012.

Tras la larga instrucción, la magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral el pasado mes de enero contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.

No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.

850 millones en la emisión C

En lo que respecta a la venta de preferentes, la caja alicantina realizó tres emisiones: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.

La comercialización de la serie C a un total de 5.540 clientes se hizo en un momento en el que la Caja de Ahorros del Mediterráneo atravesaba graves problemas financieros, lo que le llevó a ocultar la verdadera situación económica de la caja y a presentar unos balances durante los ejercicios de 2011 y 2012 que reflejaban beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.