El Gobierno lleva seis años saltándose la ley que le obliga a comunicar a cada trabajador, de manera individual, la cuantía de la pensión de jubilación a la que tiene derecho. En su lugar, ha optado por habilitar en la web TuSeguridadSocial un simulador cuyo acceso dificultan dos barreras: los trámites para poder registrarse y la información que requiere para realizar los cálculos, de la que carecen, o no suelen tener a mano, la inmensa mayoría de los ciudadanos.

El Gobierno ha admitido que no tiene la menor intención de enviar periódicamente esa carta a cada trabajador en un momento en el que la incertidumbre sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema de pensiones se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los españoles. Según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), solo el paro y los problemas de índole económica tienen mayor presencia como el problema que más les afecta, mientras que únicamente la corrupción lo desplaza al cuarto puesto, por solo dos décimas, cuando en el cómputo incluye los tres mayores quebraderos de cabeza de los ciudadanos.

“El objetivo es que no puedas conseguir esa información y saber a qué pensión tienes derecho”, explica el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que ha obtenido la confesión del Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez tras dirigirle estas dos preguntas: “¿por qué motivos el Gobierno sigue sin cuantificar las pensiones futuras seis años después de aprobarse la ley?” y “¿tiene previsto a corto plazo informar a los trabajadores de forma individualizada cuál será su futura pensión según se aprobó por ley en 2011?”

Trabas de acceso virtual y físico

La norma en cuestión es la disposición adicional 26 de la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, que establece que “la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria (…) a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen”. Esa comunicación, que debía tener “efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros”, incluiría en su caso los datos referentes a mutualidades, planes de pensiones y de jubilación particulares y de empresa y seguros.

El Gobierno admite que, inicialmente, “se estudió la posibilidad de enviar al domicilio” de los trabajadores de más de 50 años una carta anual con “sus futuros derechos a la pensión de jubilación”. Sin embargo, añade, optó por “otra vía más amplia en cuanto al colectivo y más fiable y precisa en cuanto a la información suministrada” como el simulador alojado en el portal TuSeguridadSocial, “que aportaba considerables ventajas respecto de la idea inicial”.

Sin embargo, la práctica pone en duda esas afirmaciones. Y más en un país en el que más de dos de los trece millones de españoles de 45 a 65 años no utiliza internet, otros dos no interactúan con administraciones a través de la red, ya sea por no saber, no fiarse o carecer de firma electrónica y solo 4,2 envía formularios a las administraciones por internet. Es decir, que de entrada dos tercios de los principales afectados se muestran reacios a utilizar el canal que les ofrece el Gobierno.

Por otro lado, el acceso a la plataforma requiere disponer de certificado digital o DNI electrónico o, en su defecto, tramitar el registro de manera presencial en una oficina de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, algo que supone otra barrera en el mundo rural, donde eso exige desplazarse a la capital. Y, una vez dentro, el simulador pide una serie de datos sobre bases de cotización de los que, normalmente, el ciudadano no dispone.

A esas dificultades de acceso se les añade el hecho de que ni el Ministerio de Empleo ni otros organismos se han esforzado mucho por difundir su existencia.

Un sistema de difícil acceso

“Es un sistema inaccesible al que acceder supone una odisea, con lo que es prácticamente imposible saber cuál va a ser tu pensión”, indica Heredia, para quien “el Gobierno incumple dos leyes, la suya de Transparencia y la de Modernización de la Seguridad Social. Las pensiones del futuro son cualquier cosa menos transparentes, hay barreras para ocultarlas, y la inmensa mayoría las desconoce porque así lo quiere el Gobierno”.

Heredia, que prepara una batería de iniciativas sobre este asunto en las que el PSOE propondrá la remisión de los cálculos con periodicidad anual, recuerda que la decisión del Gobierno de no enviarla coincide con un periodo de fuerte pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, a la que se suman el encarecimiento de productos de primera necesidad como la energía y los medicamentos excluidos del sistema público, y mientras las previsiones de organismos internacionales como el FMI y la OCDE alertan de que ese empobrecimiento va a intensificarse.

La respuesta del Gobierno, por el contrario, glosa las supuestas excelencias y ventajas comparativas del simulador: “no limita el cálculo a mayores de 50 años”, “no restringe el cálculo a la modalidad de jubilación ordinaria, sino que permite estimaciones de otras modalidades de jubilación como las anticipadas y las demoradas”, y posibilita que los ciudadanos obtengan la estimación “siempre que lo deseen”, algo que ilustran con este desafortunado ejemplo: “por ejemplo si ocurre un despido, con el simulador podría conocer la repercusión en su pensión con carácter inmediato”.

Sin embargo, las tendencias austericidas del ejecutivo terminan por aflorar: lo hacen al admitir que, “por último, el simulador de jubilación supone un nada despreciable ahorro económico cada año, pues el coste que supone un envío masivo y anual de notificaciones es reseñable para la Administración”.