Los bancos relegan la Obra Social que heredaron de las antiguas cajas de ahorro

Las cajas de ahorros fueron durante décadas un importante factor no sólo de creación de riqueza y empleo, sino también de apoyo a la cultura y a la cohesión social. Esta última vertiente la canalizaban a través de la llamada Obra Social, que se dotaba de una parte nada desdeñable de los beneficios obtenidos en cada ejercicio por las entidades.

En 2008, coincidiendo con del estallido de la crisis del ladrillo que se las llevó por delante, las cajas destinaron a ese fin la cifra récord de 2.058,97 millones de euros, equivalentes al 27,7% de sus ganancias. El porcentaje había sido aún mayor tres años antes, en 2004, cuando alcanzó el 28,6%, según datos proporcionados por la CECA.

Desde entonces, no han vuelto a repetirse esas cifras, ni en términos absolutos ni en términos relativos, por la sencilla razón de que las cajas de ahorros prácticamente han desaparecido del mapa y su Obra Social no es ya, en consecuencia, ni sombra de lo que fue.

Si antes de la crisis llegó a haber 47 entidades de ese tipo, que controlaban la mitad del sistema financiero en dura competencia con la banca, hoy su presencia es residual. Sólo quedan dos que sigan existiendo como tales, ambas muy pequeñas: Caixa Pollença, en las Islas Baleares, y Caixa Ontinyent, en la Comunidad Valenciana.

Del resto, unas fueron absorbidas por los gigantes del sector, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que pasó a la órbita del Sabadell, o Caixa Catalunya, hoy en manos del BBVA. Otras, en cambio, optaron por reconvertirse en bancos; entre ellas, las dos más grandes: Caja Madrid (Bankia) y la Caixa (Caixabank).

Todo este proceso no estuvo exento de escándalos: conforme avanzaba se conocieron los desaguisados cometidos por algunos gestores, desde el uso de las tarjetas black hasta el cobro de retribuciones estratosféricas, pasando por negocios ruinosos del calibre de la financiación del aeropuerto de Ciudad Real con cargo a Caja Castilla-La Mancha.

Poner orden en las entidades tampoco fue gratis; antes al contrario, los sucesivos gobiernos dispusieron a tal fin de ingentes cantidades de dinero público, procedentes en parte del programa de “asistencia financiera” que España solicitó al Eurogrupo en 2012. Según el Banco de España, el coste final para los contribuyentes no bajará de los 66.000 millones de euros.

Qué ocurrió, mientras tanto, con la Obra Social de las antiguas cajas es relativamente fácil de rastrear a través de los documentos de la CECA. Sus actividades pasaron a ser desarrolladas por fundaciones ligadas a las nuevas entidades, aunque con una dotación y, por tanto, una capacidad de acción claramente menores, en general, que antes de la crisis.

El peor año fue 2014, en que la Obra Social contó con sólo 709,9 millones de euros, una tercera parte que en 2008. Desde entonces, muy lentamente, los fondos han vuelto a crecer y cerraron 2017 en 800,9 millones, si bien el 60,7% fue obtenido por las propias fundaciones al margen de sus bancos de referencia.

Por lo tanto, el esfuerzo de estos últimos para mantener la Obra Social no llegó, en realidad, el año pasado ni a los 400 millones, que es la cifra comparable con los 2.058,97 que las antiguas cajas de ahorros detrajeron de sus beneficios a tal fin en 2008.

Una de las explicaciones es que antes no había accionistas a los que retribuir y ahora sí, en algún caso el propio Estado, que mantiene el control sobre un 60% del capital de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB). Esa participación le proporcionó doscientos millones de euros por los resultados de 2017.

Las actividades de la Obra Social están relacionadas, principalmente, con la asistencia a personas necesitadas, la educación, la conservación del patrimonio, la cultura, el deporte y el medio ambiente.