Banco Santander ha cerrado con 3.069 bajas el ERE de 3.223 pactado con la mayoría de los sindicatos del grupo a mediados de junio, tras un proceso en el que el 94% de las salidas (3.030) han sido formalizadas como voluntarias.

Este es el segundo achique de empleo que aplica la entidad financiera tras haber adquirido en junio de 2016 los bancos Popular y Pastor por un euro, lo que le ha permitido suprimir casi la mitad del empleo que absorbió en aquella operación: sus antiguos competidores mantenían una plantilla de 10.299 empleados mientras las bajas por despido colectivo ascienden desde entonces a 4.694, puesto que a las 3.069 actuales (con 154 pendientes) se les añaden las 1.100 del ERE de los Servicios Centrales, cerrado en 2018, y los 525 traslados a empresas del grupos ajenas a la actividad financiera.

Antes de la absorción, en 2016, ambos grupos habían ejecutado sendos ajustes de empleo que sumaban casi 4.000 bajas, con un total de 1.380 en Santander y otras 2.592 en Popular-Pastor, con lo que el ajuste se acerca a los 9.000 empleos en solo tres años.

Tras los cinco meses de adscripción al actual ERE, algo más de un tercio de las bajas corresponden a mujeres (1.028) y el 55% son prejubilaciones, o despidos con indemnizaciones diferidas, de empleados de 55 o más años, según la información facilitada por Santander a los sindicatos que firmaron el acuerdo (todos salvo CGT y el STS), y que suman el 83% de la representación laboral, de la ejecución de las salidas. Por entidades, un 38% de los que salen proceden de Popular/Pastor y un 62% de Santander.

Tres de cada cuatro oficinas absorbidas cierra

La operación incluye también el cierre de 950 oficinas y el traspaso de otras 200 a trabajadores autónomos, en ocasiones procedentes de la propia plantilla, que pasan a operar como “agentes colaboradores”, una fórmula que Santander lleva unos años aplicando en las localidades que la entidad no considera prioritarias para su modelo de negocio.

Esas 1.150 sucursales que salen del perímetro del banco equivalen al 72% (60%+12%) de las 1.581 que se integraron en su red con la adquisición de Popular y Pastor.

El proceso de clausura, ejecutado en siete oleadas, finalizó el pasado sábado con el cierre de las últimas 211 y ha tenido sus mayores impactos en Andalucía (179), Catalunya (154), Madrid (134), Castilla y León (105) y Galicia (130), donde hasta hace tres años convivían sucursales de Santander, de Popular y de Pastor.

Las salidas de Santander aumentan la sangría de empleos que las plantillas de la banca vienen sufriendo en la última década, con una pérdida de 91.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2018 y el cierre de más de 8.000 sucursales desde 2013 hasta junio de este año, según los datos del Banco de España.

Este año también han ejecutado recortes de empleo entidades como CaixaBank, con 2.223 salidas la pasada primavera, o Unicaja, que materializó 760 salidas.

Compromiso de recolocación

El ERE de Santander tenía como objetivo reducir las duplicidades y solapamientos que generaba la convivencia de las dos redes comerciales, lo que incluía circunstancias como la existencia de dos oficinas en una misma calle en más de una ciudad, así como la integración de sus sistemas operativos.

Para lograr esos objetivos, el banco optó por tirar de chequera. Las indemnizaciones superan el 75% del salario, en distintos tramos y a recibir como renta diferida pero libre de impuestos, para los mayores de 55 años y el pago del convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 50, cinco años antes de lo que exige la ley. Las primas para los menores de 55 incluyen 2.000 euros por trienio consolidado, otros 15.000 a partir de los 50 y entre 5.000 y 30.000 más en función de la antigüedad.

Fuentes del banco insistieron en tres aspectos del proceso de recorte de empleo. Por una parte, en el compromiso de recolocar a la totalidad de los despedidos que quieran seguir trabajando, algo que lograron en el ERE de 2016 y que han conseguido en un 73% con el del año pasado, “estimando alcanzar el 100% en segundo semestre del año”.

Y, por otra, en el hecho de que “no se ha dejado ningún municipio sin servicios bancarios ya que, en general, la mayoría de los cierres se han concentrado en las ciudades”, y en que el proceso ha incluido el refuerzo de “nuestra red de agentes financieros y colaboradores que prestan servicio, precisamente en aquellas poblaciones que carecen de sucursal”.

UGT y CGT denuncian presiones para forzar salidas

CGT, sindicato que no se sumó al acuerdo del ERE al entender que si la empresa quería reducir la plantilla podía hacerlo abriendo un plan de salidas a los más de 5.000 empleados de más de 55 años, rechaza la versión del banco.

“No ha sido una voluntariedad real, mucha gente se ha ido forzada con la sugerencia de que en una salida forzosa iba a quedarse sin la prima de voluntariedad”, señalaron fuentes del sindicato, que anotaron que los ajustes de empleo son una constante tras las fusiones. “El plan es que el equivalente de las plantillas absorbidas desaparezca en cinco años, como ocurrió con la de Banesto”, anotaron.

También UGT criticó con dureza la actuación de la empresa, a la que, según afirmó en un comunicado, ha hecho llegar formalmente sus quejas “por las prácticas abusivas que se han utilizado para conseguir las adhesiones voluntarias que consideran que así deben serlo, y el escaso interés mostrado en aquellas personas que sí se han postulado casi desde primera hora con una adhesión voluntaria decidida realmente por ellos”.

Según este sindicato, tanto la empresa como quienes gestionas sus recursos humanos “en algunos territorios han utilizado la voluntariedad, y las primas que conllevan, de forma torticera para conseguir adhesiones voluntarias de forma forzosa”. “Algunos de los nominados han sido llamados hasta seis veces, e incluso ha habido compañeros que han tenido que ser atendidos medicamente tras salir de estas reuniones”, añade.