Banco Popular Nuevos datos oscurecen el “éxito” de la intervención del Popular

Casi mes y medio después de que el Popular fuera entregado al Santander por el precio simbólico de un euro, crecen las dudas sobre una operación que fue calificada de exitosa por las autoridades europeas y por el Gobierno español. Lo que inicialmente se presentó como una intervención quirúrgica rápida y limpia acumula nuevas incógnitas conforme aparecen datos acerca de su desarrollo. Entre los perjudicados también han aumentado las incertidumbres a raíz de la restrictiva oferta que les ha hecho el Santander para que recuperen parte de su dinero, siempre que continúen como clientes.

¿De verdad no se pudo evitar la caída del banco?

La intervención fue la única manera de impedir que el banco tuviera que declararse en quiebra ante la imposibilidad de hacer frente a las masivas salidas de depósitos que se estaban produciendo. Ésta es, muy resumida, la explicación oficial de lo que ocurrió el 7 de junio, día en que el Popular fue intervenido por orden de la Junta Única de Resolución (JUR) europea. Sin embargo, hasta entonces, el Banco de España no había tenido inconvenientes en facilitarle liquidez (2.800 millones de euros entre abril y mayo). ¿Cuál es la razón de que le cortara el grifo, justo en el momento más delicado?

Sobre ello hay dos versiones. Según la antigua cúpula del Popular, el Banco de España sólo le concedió 3.800 millones de los 9.500 solicitados antes de que todo se fuera a pique, y eso desencadenó la crisis. En cambio, el regulador asegura que el Popular, por razones desconocidas, no presentó los avales suficientes para conseguir el dinero que pedía, pese a que debía de contar con ellos.

Si esto es así, como afirmó públicamente el subgobernador del Banco de España, ¿por qué Emilio Saracho no echó el resto para evitar (o retrasar al menos) lo que finalmente ocurrió? Sobre su comportamiento durante los cuatro meses que permaneció como presidente del Popular han llovido las críticas. Se le ha reprochado que, en vez de neutralizar la desconfianza que existía hacia la entidad, contribuyera a ahondarlas al exteriorizar sus propias dudas. Como si no creyera del todo en el trabajo para el que había sido contratado.

Un feo asunto ha salpicado a Saracho durante los últimos días: el hecho de que mantuviera como vicepresidente del Popular a José María Arias Mosquera, pese a disponer de un informe que le vinculaba con un presunto blanqueo de capitales cuando estaba al frente del Banco Pastor. Saracho recibió ese informe de su predecesor, Ángel Ron, y asegura que lo puso en manos de la justicia, pero se abstuvo de relevarlo del importante cargo de representación que ocupó hasta la entrada del Santander.

¿Por qué no se hace público el informe de Deloitte?

Para justificar la venta al Santander por el precio simbólico de un euro, la JUR se amparó en una rigurosa (y, según se desarrollaron los acontecimientos, muy apresurada) valoración del Popular realizada por Deloitte después de que ninguna entidad decidiera acudir a una subasta normal para quedárselo. El informe de la consultora estimaba que el banco tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.000 millones, atendiendo a la calidad de sus activos, las provisiones inmobiliarias aún pendientes de realizar, el deterioro del fondo de comercio y el coste de las eventuales demandas de los damnificados por la liquidación del banco.

Sin embargo, según ha sabido después, Deloitte manejó tres escenarios, en función de las dificultades que hubiera de afrontar el Popular: central, estresado y optimista, y en este último su valoración era positiva en 1.500 millones de euros. Por qué se desechó está opción, más onerosa para el comprador pero que habría reducido las pérdidas de accionistas y tenedores de otros instrumentos de capital (bonos convertibles, deuda subordinada), es una incógnita. Desde distintas instancias, entre ellas el Parlamento europeo, se ha exigido la publicación íntegra de tan decisivo informe, a lo que la JUR se opone alegando razones de confidencialidad, a pesar de que más daño no se le puede hacer ya al Popular.

¿Por qué ha hecho el Santander una oferta tan cicatera?

El nuevo propietario del Popular se descolgó la semana pasada con una oferta a los minoristas perjudicados por su resolución, que ha merecido fuertes críticas de asociaciones de consumidores como la OCU y Adicae. En síntesis, se trata de una emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del séptimo año cuando al Santander le convenga y con un interés anual del 1%, que podrán suscribir gratuitamente en septiembre de este año quienes acudieron a la última ampliación del Popular o mantenían en su poder deuda subordinada de la emisión de 2011.

Sin embargo, no todo el mundo podrá beneficiarse de esta posibilidad, que está restringida a los inversores con hasta un millón de euros pillados en el Popular y que prevé importantes quitas para los tramos de entre 100.000 y 500.000 (25%) y de entre 500.000 y un millón (50%). Además, para acceder a lo que el Santander llama “bonos de fidelización” será imprescindible renunciar a acciones legales y mantener durante toda su vigencia las posiciones que se tenían previamente con el Popular, lo que en teoría equivale al compromiso de continuar vinculado de por vida con el Santander.

Lo que se pretende con esta operación parece claro: reducir la litigiosidad y las consecuencias reputacionales derivadas de un masivo proceso judicial, además de recuperar a los clientes que huyeron del Popular cuando estalló la crisis y evitar nuevas salidas. Después del verano se verá si el Santander alcanza estos propósitos o si puso condiciones que restaron todo atractivo a su oferta, con la que no espera gastarse más de 700 millones, de los 2.000 en que cifró los posibles efectos de un pronunciamiento adverso de los tribunales.

¿Neutraliza esa oferta la recuperación del dinero por vía legal?

Quienes acepten los “bonos de fidelización” no podrán pleitear contra el Popular, ni por elevación contra el Santander. Pero nadie puede prohibirles que actúen contra los organismos que decidieron la intervención y venta de su antiguo banco, si consideran que hay base suficiente para ello. Tanto en la JUR como en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se encargó de ejecutar la operación, no descartan que puedan ser objeto de demandas, quizás no tanto provenientes de minoristas como de grandes inversores particulares o institucionales.

Éstos, que no están incluidos en la oferta de los “bonos de fidelización” y tienen las manos libres para proceder contra quien quieran, han movilizado ya a los principales bufetes de abogados del país, aunque algunos han dado un paso atrás para evitar conflictos de intereses con el Santander, importante fuente de negocio para ellos. En cualquier caso, será difícil evitar que la resolución del Popular, pese a todo, acabe teniendo una dimensión judicial similar al fraude de las preferentes o de la salida a Bolsa de Bankia.