Ninguno de los siete países que deben entrar a largo plazo en la zona del euro -Bulgaria, República Checa, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia- reúne todos los requisitos necesarios, según el informe de convergencia de 2018 publicado este miércoles por el Banco Central Europeo (BCE).

El estudio señala que los siete países han hecho progresos en el cumplimiento de los criterios de adopción del euro desde la última valoración de 2016, pero recalca que ninguno de ellos satisface todas las obligaciones.

Los siete países de la Unión Europea están obligados, según los tratados, a entrar en el euro a largo plazo. Rumanía y Croacia han establecido el horizonte de 2022 y 2025 respectivamente, aunque el resto de países no se han planteado por el momento una fecha concreta.

Respecto a la convergencia económica, indica que las diferencias de inflación entre los países han continuado reduciéndose, lo que "muestra progresos" hacia el objetivo de un alto grado de estabilidad de precios. El valor de referencia para el criterio de estabilidad de los precios fue alcanzado por cinco de los siete países examinados

República Checa y Hungría registraron niveles de inflación por encima de la referencia; Rumanía y Suecia alcanzaron el valor; Polonia y Bulgaria se situaron por debajo; y Croacia muy por debajo.

El BCE afirma que existe preocupación respecto a la sostenibilidad de la convergencia de la inflación a largo plazo en la mayoría de los países analizados.

En cuanto a los criterios fiscales, el estudio constata una "visible mejora" gracias a la reducción de los desequilibrios fiscales en la mayoría de los países.

En 2017 los siete países tuvieron un déficit inferior al 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y el banco europeo considera que todos ellos están en línea con los criterios de déficit.

Respecto a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, Polonia y Rumanía mostraron tasas por encima del valor de referencia del 3,2 por ciento mientras que el resto se situaron por debajo.

El BCE subraya que la "convergencia sostenida es esencial" y que los países que adopten el euro deben ser capaces de demostrar la sostenibilidad de su proceso de convergencia, para lo que se requieren instituciones sólidas y mercados laborales que funcionen bien.

En cuanto a la convergencia legal, el estudio asegura que en ninguno de los siete países el marco legal es "completamente compatible" con todos los requisitos para la adopción del euro.

Las incompatibilidades persisten en lo referente a la independencia de los bancos centrales, particularmente la financiera e institucional. En todos los países, con excepción de Croacia, existen incompatibilidades en relación con la prohibición de financiación monetaria y la integración legal de los bancos centrales respectivos en el Eurosistema.