La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), tiene previsto presentar el viernes un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pidiendo la impugnación de la resolución de Banco Popular.

En la argumentación de la demanda se explica que la actuación es contraria a los derechos de la UE, que la situación patrimonial del banco "en absoluto justificaba ni en términos de solvencia ni de liquidez" la resolución y que en un escenario de concurso de acreedores "el accionista hubiera recibido un mejor tratamiento".

La demanda, explicó la asociación, no busca conseguir la nulidad de la resolución sino que los accionistas reciban una compensación que ellos cifran en 1,85 euros por título.

A mediados de junio Banco Santander, que adquirió Popular por el precio simbólico de un euro en el marco de la resolución, anunció que ofrecerá un bono de fidelización perpetuo como compensación a una parte de los inversores minoristas que perdieron todo su dinero en la resolución del Banco Popular a cambio de renunciar a potenciales demandas.

Un mes antes de su resolución, Popular declaraba un valor patrimonial en 10.777 millones de euros a pesar de que, con motivo de la intervención se elaboró un informe independiente que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros de la entidad en dos escenarios. 

Impacto económicos

El Banco Santander considera que no es posible anticipar, por el momento, el impacto económico de las acciones legales que surjan a raíz de la resolución de Banco Popular y su posterior adquisición al precio simbólico de un euro, según consta en las cuentas anuales resumidas de la entidad.

A 30 de junio, el banco que preside Ana Botín asegura que ha estimado de forma "fiable" el impacto de los procesos judiciales abiertos contra la entidad en el curso normal de sus negocios. Además, indica que ha reconocido, cuando así se requiere, "provisiones adecuadas" que cubren "razonablemente" los pasivos que podrían derivar de estos procedimientos. Por ello, entiende que las responsabilidades que podrían surgir a raíz de los procesos fiscales o legales en marcha "no tendrán un efecto significativo adverso" sobre su negocio, situación financiera o resultados.

No obstante, Santander avisa en el documento de que la resolución de Popular "no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro", por lo que incide en que no se puede descartar que se presenten recursos contra la resolución, efectuada por la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), o reclamaciones frente a Popular, Santander u otras entidades del grupo cántabro vinculadas con su adquisición.

En relación a estos recursos o reclamaciones, el banco subraya que "no es posible anticipar las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas". En particular, Santander contempla que las eventuales reclamaciones no cuantifiquen sus pretensiones, aleguen interpretaciones jurídicas nuevas o involucren a un "elevadísimo" número de partes.

De otro lado, el banco que preside Ana Patricia Botín está negociando en exclusiva con el fondo Blackstone la venta de un 51% de la cartera inmobiliaria del banco Popular , que asciende a más de 30.000 millones de euros entre activos adjudicados y créditos dudosos.

Según fuentes conocedoras de la operación, por la cartera habían pujado además de Blackstone los fondos Apollo y Lone Star, que presentaron ofertas vinculantes el pasado 24 de julio. La cartera está compuesta por activos adjudicados con un valor bruto de 18.000 millones de euros y 12.000 millones de euros en préstamos morosos.

Con una tasa de cobertura de pérdidas del 69 por ciento y un valor neto en libros de 9.200 millones de euros para el conjunto de la cartera, el 51% estaría valorado en torno a los 5.000 millones de euros, aunque es previsible que el precio final no se fije hasta que se haya completado la negociación exclusiva y la due diligence.

El pasado viernes, el consejero delegado de Santander, Jose Antonio Álvarez, dijo que no esperaba lograr plusvalías. "Creo que vamos a recibir ofertas en los niveles en los que compramos (los activos), no que vayamos a lograr plusvalías", declaró.