"El Fondo Valenciano de Resiliencia está pensado para salvar empresas estratégicas valencianas, y si Abengoa quiere acceder a este, deberá convertirse en una empresa estratégica valenciana", así de taxativos se muestran desde el Institut Valencià de Finances (IVF) sobre la propuesta de Abengoa de trasladarse al País Valencià si la Generalitat aporta 20 millones de euros imprescindibles para su plan de reestructuración.

Abengoa, compañía sevillana desde su fundación en 1941 y la mayor empresa industrial de Andalucía, mantiene un pulso con la Junta por la concesión de veinte millones en ayudas para conseguir mantenerse a flote dentro de un plan mucho más ambicioso, que implica la movilización de hasta 550 millones, la mayor parte de los cuales han llegado de los presupuestos generales del Estado, vía créditos ICO y avales.

El gobierno de Juanma Moreno asegura que no ha encontrado ninguna herramienta jurídica que permita hacer efectiva la cantidad y que, en estas condiciones, cualquiera ayuda correría el riesgo de ser tumbada posteriormente por los tribunales.

De esta operación dependen 1.500 empleos solo en Sevilla y otros 14.000 en el resto del mundo, pero la situación interna de la empresa tampoco ayuda. En estos momentos Abengoa se encuentra sin una dirección clara, tras una junta de accionistas que destituyó al consejo de administración, y esto sin contar con episodios pasados poco decorosos, como el reparto de bonus millonarios entre los directivos en el momento de mayor crisis o las puertas giratorias con diferentes exaltos cargos.

La solución planteada por la empresa, y confirmada por Ximo Puig el pasado 26 de noviembre en Les Corts, pasa por que sea la Generalitat la que aporte esta cantidad a través del citado Fondo Valenciano de Resiliencia.

Manuel Illueca, director del IVF confirma a Público que a pesar que no han recibido una solicitud formal (el trámite aún no está abierto) ya están estudiando la viabilidad económica de la empresa y si esta podría ser  "estratégica" para la economía valenciana. La definición de estratégica que contempla el IVF abarca numerosas cuestiones, como el número de empleos que podría crear, la ubicación de las plantas o si sus actividades conectan con el cambio de modelo productivo impulsado por el Botànic.

En este sentido, desde el IVF descartan que las ayudas puedan darse a cambio de un simple cambio de la sede social de la empresa, recuerdan que todos los proyectos aprobados han pasado por una auditoría externa y que, además, Abengoa debería convertirse en "empresa estratégica valenciana" instalando parte de su producción en la autonomía y cumpliendo una o varias de las premisas fijadas.

Francesc Xavier Molina, catedrático de Administración de Empresas i Márqueting de la Universitat Jaume I reconoce que la forma en que se ha hecho el anuncio es  "un poco extraña" y avisa que el impacto de un traslado de la sede social "es muy poco", por lo que difícilmente justificaría una ayuda de 20 millones. Molina llega a esta una conclusión "por la experiencia" del desembarco del Banco Sabadell y Caixabank, que "prácticamente no aportan nada", asegura.

Un cambio de unidades productivas ya sería otra cosa, aunque este economista pone algunas condiciones: "El País Valencià no tiene un ecosistema empresarial en las energías renovables, así que sería necesario crearlo de cero. Esto podría ser interesante y Abengoa podría hacer de tractor de este nuevo clúster, pero hay que estudiarlo bien". Una opción que plantea Molina sería vincularlo a la potente industria cerámica de Castelló, intensiva en consumo energético y que podrían complementarse mutuamente.

Reticencias desde Compromís

Quien ha alzado más las cejas ante el anuncio de Puig no han sido las fuerzas de la oposición, sino los aliados en el Gobierno, especialmente Compromís. El diputado Josep Nadal, presidente de la comisión de Industria en Les Corts, aseguró desde su perfil en Twitter que no entiende "por qué la autonomía más pobre y peor financiada tenemos que rescatar a una multinacional arruinada de quien en su casa no quieren saber nada, solo porque traigan la sede aquí".

Pocos días después, el secretario autonómico de Ocupación, Enric Nomdedéu, también de Compromís, mantuvo una agria conversación en Facebook con Manuel Illueca sobre lo que consideraba "la compra de la sede social de una empresa que arrastra deudas millonarias".

El director del IVF pide a los críticos que "no se pongan la venda antes de la herida", ya que por ahora solo se está estudiando. "Tampoco se nos puede pedir que lo rechacemos sin ni tan siquiera saber que hay", explica Illueca, aunque reconoce que desde su departamento tienen todas "las cautelas posibles" para evitar escándalos como los repartos de dividendos o los bonus a los directivos pagados con dinero público.