Hasta 24 empresas de las 35 que componen el Ibex contrata a la misma consultora que audita sus cuentas para llevar a cabo servicios de asesoría fiscal, lo que eleva el riesgo de aplicar una "planificación agresiva" en el pago de impuestos, según un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia.

De la misma forma, un 82% de los componentes del Ibex 35 contrata a la misma consultora otros servicios distintos a las cuentas, con solo tres empresas, Endesa, Iberdrola y Telefónica, manteniendo la política de no contratar servicios adicionales a la empresa que audita los resultados de la compañía.

No obstante, un "importante" número de empresas ha cambiado de auditor en los últimos dos ejercicios. Si hace un año solo 12 compañías del Ibex 35 contrataban a una consultora por un periodo inferior a los cincos años, ahora hasta 23 empresas lo hacen.

Pese a esta rotación en la contratación de auditoras por parte de las principales compañías del país, el mercado sigue monopolizado por las consultoras más importantes del mundo, las llamadas Big Four (Deloitte, E&Y, KPMG y PwC).
Falta de independencia

A grandes rasgos, el informe destaca que "ninguna de las compañías cotizadas sabe gestionar de manera adecuada los riesgos que supone la falta de independencia de la empresa auditora", siendo BBVA, Enagás, Iberdrola y Santander las que "mejor lo hacen".

Además, únicamente tres empresas del Ibex 35, Aena, Iberdrola y Meliá, describen "con claridad y precisión" cada uno de los servicios que pagan a las sociedades de auditoría por distintos servicios y el importe de los mismos.

Aun así, ninguna empresa informa "de manera clara" de cuál ha sido el proceso de la empresa auditora ni si el consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la comisión de auditoría a la hora de tomar una decisión e, igualmente, ninguna empresa consulta a la junta general de accionistas la autorización para contratar servicios adicionales a su auditoría de cuentas, ni la propuesta de remuneración.

El informe también denuncia la falta de recursos humanos, económicos y técnicos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para poder llevar a cabo su función de investigación y supervisión. "Si no hay más sanciones no es porque no se cometan más infracciones, sino porque no hay suficientes recursos para perseguirlas", concluye el informe.