El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva al haber defraudado un total de 9,1 millones de euros y no haber tributado por 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013.

De este modo, el juez accede a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le dirigió un escrito a su Juzgado en el que constataba que el club efectuó una serie de transacciones económicas a favor de varias sociedades relacionadas con el fichaje del futbolista basadas en 'contratos simulados' y operaciones de 'ingeniería financiera' que no respondían a la realidad y con las que se pretendía 'cometer el engaño' a la Hacienda Pública.

Además, recordaba que el contrato suscrito con Neymar y el contrato de adquisición de los derechos federativos al club brasileño cedente, el Santos, dieron lugar al abono de 'cuantiosas cantidades a sociedades que giran en la órbita del jugador' pues en todas intervino en su representación, su padre Neymar da Silva Santos.

La Fiscalía investiga una decena de contratos, en los que participaron los Neymar y representantes del Barça como Sandro Rosell, Javier Faus o Josep Maria Bartomeu, sobre conceptos de imagen, representación o indemnización por incumplimiento de contrato.

Respecto a las cuantías de las operaciones derivadas de tales contratos, se detectan, como mínimo, 10 millones de euros en 2011 y 27,92 millones en 2013, respecto a las cuales 'no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias, a lo que debería añadirse una serie de cantidades mencionadas en los contratos de cuyo pago no hay constancia'.

'Únicamente consta que se hayan retenido por el FC Barcelona por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes el 24,75% de 8,5 millones de euros que se abonaron al jugador en la nómina de septiembre de 2013', señalaba la Fiscalía, para añadir que la cuantía supera el límite del delito fiscal y por lo tanto debe investigarse la posible comisión de fraude fiscal.

Si se certifica el fraude, el club azulgrana puede regularizar su situación administrativa pero su responsabilidad penal se mantendría, si bien podría rebajarse la pena en uno o dos grados, según informaron fuentes fiscales.

El Ministerio Público aludía a la jurisprudencia del Supremo por la que se debe tributar por los considerados rendimientos del trabajo. 'Tratádose el contribuyente, en principio, de un no residente a la fecha de los hechos, la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto el 24,75% de los rendimientos derivados del trabajo', recogía el escrito.

En un informe anterior, la Fiscalía explicaba que en noviembre de 2011 el Barça, Neymar y la sociedad N&N de su padre firmaron un contrato para que el futbolista jugara en el club azulgrana a partir de 2014, cuando terminaban sus derechos federativos con el Santos.

En este acuerdo se pactó abonar a la sociedad del padre 10 millones de euros en virtud de 'un contrato de préstamo sin intereses y a amortizar cuando se formalizara el contrato laboral'. Además, el precio por la adquisición de los 'derechos federativos y económicos', propiedad de N&N, se estipuló en 40 millones y se estableció una penalización en caso de incumplimiento por idéntica cuantía.

En junio de 2013 las tres partes, sin embargo, decidieron rescindir este contrato ya que el jugador se había incorporado al Barça después de que el club cerrara un acuerdo de transferencia con el Santos por el traspaso de los derechos federativos. En ese punto, la entidad presidida por Rosell reconoció que había incumplido el contrato de 2011 y abonó 40 millones de euros en concepto de penalización. También se firmó el contrato con el jugador.

En las cuentas anuales del ejercicio 2011-2012 constan los diez millones del préstamo como 'inmovilizado intangible deportivo', a los que el club se refiere como 'un compromiso firme de compra a largo plazo por 40 millones de euros'. Sin embargo, en las de 2012-2013 no se cita la 'cláusula de penalización' de 40 millones (30 puesto que 10 se habrían abonado como préstamo en 2011) y en el informe de gestión no se cuantifican los gastos del fichaje ni el pago a Santos por la adquisición de los derechos a pesar de que se imputa contablemente en ese ejercicio.

La querella contra Rosell fue presentada por el portavoz de la plataforma opositora 'Consulta Barça', liderada por el socio Jordi Cases. Esta parte sostiene que el club fichó a Neymar por 57,1 millones de euros, de los cuales 40 habrían ido a N&N y 17,1 se habrían abonado en concepto de derechos federativos. A esta cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos, equipo en el que militaba Neymar, y otros 9 por la celebración de dos partidos amistoso