Todo lo que hay que saber sobre el FC Barcelona y el 'caso Negreira' tras las declaraciones de Joan Laporta

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido este lunes para presentar el informe externo que ha solicitado el club por el caso Negreira, por el que la entidad barcelonesa habría pagado cerca de siete millones de euros durante años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

Lo más llamativo de este caso es el pago continuado del FC Barcelona al exvicepresidente de los árbitros. Según la versión del club, a cambio de "asesoramiento técnico arbitral", del que no hay documentos por escrito, y en las que explicaba a los jugadores cuestiones como cuál es la mejor forma de comportarse frente a los árbitros.

La investigación de la Fiscalía comenzó cuando el Barcelona declaró incorrectamente el IVA y el IRPF de 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que hizo a la Agencia Tributaria dar el aviso por las irregularidades.

Según los datos contables del club, estos pagos se reflejaban como "asesoramiento vídeos técnicos". En otros pagos aparecían conceptos como "grabación de los partidos de equipos españoles en competiciones europeas". Los honorarios de Negreira crecían hasta superar el medio millón de euros al año, según Football Leaks.

Según la denuncia de la Fiscalía, Negreira cobró a través de tres sociedades: Dasnil 95 SL, Nilsad SCP y Soccerman SL, esta última de su hijo, Javier Enríquez Romero. En el caso de Soccercam SL, los servicios que presuntamente prestó al Barça entre 2016 y 2018 no los facturó directamente al club catalán, sino que lo hizo a través de una tercera empresa propiedad de Josep Contreras, entonces miembro de la junta directiva de Josep María Bartomeu.

Contreras recibió diez pagos entre enero de 2015 y noviembre de 2016, por un importe total de 394.460 euros, según reflejan los documentos aportados. En los conceptos figuraban cosas como "servicios educativos-deportivos" o "informes sobre la participación de diversos actores de las diferentes competiciones deportivas".

El pasado marzo, la investigación pasó a manos de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que puede tratarse de varios delitos de corrupción de especial trascendencia en los pagos millonarios al exdirigente arbitral.

Tras investigarlo, la Fiscalía presentó una denuncia al FC Barcelona y Negreira, además de los expresidentes del club catalán Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el exdirector general de la entidad Óscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler.

LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol o el Real Madrid formarán parte de la acusación particular por este caso.

Laporta defiende que no alteró la competición

Joan Laporta ha insistido en que el Barcelona "nunca ha realizado ninguna actuación que tuviera como finalidad o intención alterar la competición para obtener una ventaja deportiva". 

El presidente barcelonista ha insistido en que los pagos provienen de directivas anteriores del club, en concreto del exdirectivo Josep Contreras.

"Estuvieron facturando al club desde 2013 hasta al 2018 y con otra empresa entre 2015 y 2018. No tengo una razón personal para de forma apriorística dudar de los presidentes que me sucedieron. La hipótesis en este caso el Barça sería persona perjudicada", insistió.

Sin embargo, los papeles publicados por Football Leaks detallan que los pagos habrían comenzado en 2001, aunque la Fiscalía ha decidido presentar cargos por los pagos realizados en el periodo entre 2016 y 2018.

Según el informe realizado por los servicios externos contratados por el club y ofrecidos durante la rueda de prensa, "no se han identificado conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva" ni hay ningún indicio de afectación al fair play de las competiciones "ni se dan criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al soborno".

En su defensa, el dirigente considera que el objeto preciso de la polémica es "el asesoramiento técnico arbitral" y "este hecho de recibir un asesoramiento técnico y arbitral de estas personas no constituye nada ilícito y ni mucho menos un delito penal".