MADRID.- El fallecimiento del hincha del Deportivo de la Coruña Francisco José Romero Taboada, Jimmy, el pasado 30 de noviembre del 2014, sigue teniendo secuelas. A las nuevas detenciones producidas dentro de la operación Neptuno, debemos sumar también el culebrón abierto como consecuencia de la modificación llevada a cabo dentro del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol a raíz de su brutal muerte.

Conviene empezar recordando que horas después del trágico suceso se convocó una reunión de urgencia con el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, entre otros. En dicho encuentro, y paralelamente a todas las medidas penales o administrativas, tanto gobierno como patronal instaron a la FEF sobre la necesidad de modificar el código disciplinario abriendo la puerta a poder sancionar los actos violentos, racistas y xenófobos dentro de un recinto deportivo con el cierre parcial de los estadios, tal y como viene aplicando la UEFA desde hace varias temporadas.

Se creó entonces una comisión de trabajo de todas las partes con el fin de determinar, abordar y llevar a cabo urgentemente estos cambios. Hasta el punto de que Ángel María Villar recibió fuertes críticas por retrasar una semana, del 15 al 22 de diciembre, la Comisión Delegada de la RFEF que debía aprobar dicha reforma. Finalmente este nuevo ordenamiento entró oficialmente en vigor el pasado 9 de enero después de la aprobación por parte de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Dos fueron los grandes cambios introducidos sobre los que tuvo que trabajar intensamente el departamento jurídico de la RFEF y que sólo tienen aplicación en Primera y Segunda División. Por un lado, crear un cuerpo de élite de informadores o comisarios dependientes de la FEF y que serán los encargados de dejar constancia en el acta o en un informe de cualquier acto violento, xenófobo, racista etc... que se produzca dentro de un estadio.

Y la segunda, y más importante, la inclusión de dicho cierre parcial de los estadios como medida y sanción previa al cierre total. Pues bien, resulta que apenas cinco meses y medio después los clubes son los primeros que quieren cambiar la norma. La consideran excesiva y muy dura. Y ahora, ¿por qué esta reacción? ¿Por qué no dijeron nada entonces cuando se propuso el cambio? La explicación está en la rapidez, cierta improvisación que se tuvo entonces. Había prisa por hacer algo, por llevar a cabo unos cambios que deberían haberse estudiado con más detenimiento.

Pretenden que el castigo mínimo parta de un partido

Si bien son varios los artículos que se modificaron, la clave está especialmente en tres. Se trata del artículo 68 relativo a las conductas contrarias al buen orden deportivo; el artículo 73 sobre la represión de comportamientos violentos, racistas, xenófobos en intolerantes y el artículo 74 sobre el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos. En los tres queda bien claro que, cuando los actos sean considerados como muy graves, se podrá imponer “la clausura, total o parcial, del recinto deportivo de cuatro partidos a una temporada”.

Todos ellos derivan directamente del artículo 57 donde se habla de la clausura de un recinto deportivo. Y en el caso de los cierres parciales, el texto reglado deja claro que el club sancionado "no podrá, en ningún caso, reubicar a los espectadores que ocupen dichas zonas con carácter habitual” y la zona sancionada deberá exponer durante la sanción “un mensaje de condena a los actos y conductas violentas racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y de apoyo al juego limpio”. Al tratarse de medidas muy graves, y tal y como queda recogido en el propio Código Disciplinario, digamos que tienen un procedimiento previo de multas económicas como aviso antes de aplicar este tipo de cierres.

El Sevilla, el primero en quejarse

Resulta que mientras que sólo se han aplicado las correspondientes multas económicas como consecuencias de episodios de cánticos racistas o xenófobos dentro de un estadio, nadie ha levantado la voz. El problema ha surgido cuando el Comité de Competición de la FEF ha impuesto los primeros cierres parciales como respuesta a los informes elaborados desde la propia Liga de Fútbol Profesional.

Y el primero se hizo oficial el pasado 1 de junio, cuando el órgano disciplinario determinó el cierre parcial por cuatro partidos de la grada del Gol Norte del Sánchez Pizjuán de Sevilla. Sanción que deberán cumplir la próxima temporada. Conviene saber que este cierre viene como consecuencia de cuatro sanciones económicas previas de 3.000, 6.000, 9.000 y 12.000 euros contra el club andaluz por cánticos proferidos desde esta zona del estadio donde se ubica la afición radical de los Biris. En total estamos hablando de 30.000 euros de sanción.

Precisamente ayer jueves Apelación declaró la nulidad de la resolución al entender que se alteró "la calificación de la sanción aplicable, a teñir del pliego de represión de las conductas violentas, xenófobas e intolerantes prevista en el artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, a una infracción muy grave del artículo 73, sin poner de manifiesto previamente al club expedientado el cambio de calificación". Esto supone que el Comité de Competición deberá permitir al Sevilla que presente alegaciones, como trámite anterior a dictar la nueva resolución final que proceda.

Viendo que estas multas no han servido para que cesaran este tipo de comportamientos, el Comité se vio obligado a adoptar esta sanción al considerar que el Sevilla no estaba adoptando las medidas correspondientes para que cesen este tipo de actitudes desde la misma zona del estadio. Pero lo que es aún peor, tampoco esta sanción ha servido de escarmiento. Ahora mismo hay un expediente extraordinario abierto al club andaluz por los mismos motivos que podrían suponer un cierre parcial de ocho partidos o la clausura total durante cuatro partidos.

Han sido aparecer las primeras medidas y las reacciones no se han hecho esperar. El club sevillista se ha dirigido a la LFP instando a que esta norma se modifique, así como también se lo ha comunicado a la propia Federación Española de Fútbol. En el primer caso, desde la patronal le han asegurado al presidente de club, Pepe Castro, que van a instar a que se aminore este castigo. La intención sería partir de un castigo mínimo de un partido y no de cuatro como recogen los artículos anteriormente mencionados.

La respuesta en la Federación a la consulta sevillista ha sido bastante más contundente. Ellos modificaron la normativa ante las exigencias de la LFP y el CSD. Luego no serán ellos quienes vayan a volver a retocarla, y menos cuando no han transcurrido ni seis meses de su entrada en vigor.

El Betis podría ser el siguiente en sufrir un cierre parcial

Curiosamente el otro equipo de la ciudad sevillana y eterno rival, el Betis, podría ser el siguiente equipo en sufrir un cierre parcial de su estadio, que también cumpliría la próxima temporada. Hace apenas unos días, el equipo bético recibió la notificación de una sanción de 30.000 euros impuesta por el Comité de Competición. Estamos hablando del grado máximo de multa económica recogida en el Código Disciplinario. Esta sanción responde a los cánticos proferidos desde la grada contra la pareja de Rubén Castro durante el encuentro de la última jornada de la liga regular que disputaron el Betis y el Sporting de Gijón el pasado 7 de junio en el Benito Villamarín. Unos cánticos que estaban previamente preparados y coordinados por aquellos que los realizaron.

Dado que estamos ante el mayor castigo económico que se puede imponer a un club, el siguiente incidente de este tipo supondrá el cierre parcial también por un mínimo de cuatro partidos del estadio bético.

La preguntas que surgen ahora son: ¿Y ahora qué?¿se vuelve a reformar una norma que no lleva ni un año de vigencia? ¿Pero no pretendía reprender los comportamientos xenófobos, racistas, violentos dentro de un estadio, y más tras la muerte del hincha radical del Deportivo de la Coruña? Lo cierto es que el problema está encima de la mesa. Algo que desde el departamento jurídico de la FEF ya avisaron cuando se encontraban en plena elaboración de los cambios. Ahora queda esperar los movimientos que se produzcan desde la LFP; si finalmente va a atender la petición de sus clubes o va a seguir apostando por unas sanciones que en su día respaldó y aprobó. La FEF ya ha dejado claro que no piensa modificar nada.

Además, un nuevo cambio obligaría a volver al trámite antes mencionado y dejaría en mal lugar la apuesta encabezada desde la patronal y el Gobierno. Lo que entonces se interpretó como medidas necesarias y urgentes, ahora son excesivas. Lo más lógico sería que fueran los propios clubes quienes adoptaran las medidas convenientes para evitar este tipo de actuaciones, más cuando tienen perfectamente localizados a los supuestos “culpables”.