Tatxo Benet, comprador de la obra Presos políticos censurada en ARCO, ha recibido  "una veintena de propuestas" de diferentes galerías y museos que quieren exponer el montaje fotográfico tras haber hecho pública su intención de cederla gratuitamente. El empresario y periodista catalán ya ha anunciado que tratará de que la obra se pueda ver en Madrid, Barcelona y numerosas ciudades más.

Benet está analizando las propuestas pero su intención es que el primer museo que la reciba sea el de Lleida, porque es su ciudad natal y porque "tras el expolio de las obras sacras que ha sufrido" quiere darle "una contraprestación", ha dicho en declaraciones a Efe. En su opinión, la entrada de la policía judicial en el Museo de Lleida para trasladar al monasterio aragonés de Sijena las obras en litigio fue "muy grave" y ya está en conversaciones con el conservador y el director de este equipamiento cultural para que sean los primeros en exponerlas.

"Hay muy buena predisposición pero todavía no hemos cerrado nada porque estoy desbordado con la cantidad de llamadas que tengo de entidades que quieren exponer" las fotografías, ha añadido.

Tatxo Benet, socio fundador de Mediapro, adquirió este miércoles la serie de fotografías pixeladas de hasta 24 personas con una breve explicación de los motivos por los que habían sido encarcelados. Entre estos presos se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez. La obra de Santiago Sierra, valorada en 80.000 euros, fue retirada posteriormente por los responsables de Ifema, que este jueves ha pedido disculpas por su retirada y han asegurado que no pretendían "ejercer ninguna censura a la creación".

Benet considera que la retirada de la obra es un acto "claramente de censura intolerable", que a él le "interpela como ciudadano del mundo". "Circunscribir lo que ha pasado con esta obra al nacionalismo es empequeñecerlo, lo que ha pasado es un acto de censura global, con un valor universal", ha sentenciado.

"Cuando se produce algo así el primer afectado es el artista, pero en segundo lugar es la ciudadanía que no la puede ver", por lo que considera que es su "obligación" ceder la obra para que pueda ser exhibida. "Me parece un escándalo monumental que a estas alturas del siglo XXI en un país supuestamente democrático se pueda coartar la libertad de esta manera", ha concluido.