Hubo acuerdo. PSOE, PP y a última hora CiU pactaron ayer una enmienda para salvar la denominada ley Sinde en el Senado. Los tres partidos señalaron que la nueva propuesta, anunciada tan sólo cuatro horas antes de finalizar el plazo de enmiendas, refuerza las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web por vulneración de los derechos de autor.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró en el Senado que en la nueva ley 'no hay cambios sustanciales y se mantiene el procedimiento mixto administrativo-judicial'. Asimismo, 'garantiza los derechos de todos' y aumenta 'la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual'. 'Los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad', añadió Sinde.

La ministra sostiene que la enmienda es una reforma superficial

El diputado del PP José María Lassalle explicó a Público que la enmienda 'refuerza mucho las garantías judiciales, algo que el PP ha mantenido constantemente, desde el comienzo de este debate'. Por su parte, el portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, señaló que desde su partido 'siempre se ha defendido la protección de la Propiedad Intelectual de los creadores. La anterior propuesta tenía cosas mejorables, sobre todo conseguir mayores garantías legales y que la comisión fuese más plural'.

En lo sustancial, la enmienda tan sólo aporta una modificación: introduce la figura de un juez en la primera parte del proceso. El resto permanece prácticamente invariable, comenzando por la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que seguirá tutelando todo el proceso de cierre de las webs.

El proceso quedaría como sigue: el titular de los derechos denunciaría ante la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual que una web enlaza una de sus obras sin su permiso. En este instante se produce la única modificación importante de la ley Sinde original: la Sección Segunda deberá pedir autorización a un juez para solicitar los datos de identificación de la web que presuntamente está lesionando los derechos. 'Es la misma autorización que cuando se pincha un teléfono o se quiere registrar un domicilio', explicaba ayer el diputado Lassalle.

El cineasta Álex de la Iglesia criticó 'una ley que no conviene a nadie'

El juez está obligado a contestar en un plazo máximo de 24 horas. Una vez da su autorización para que se identifique al posible infractor, la Sección Segunda requerirá a 'los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento'. Tras recibir la notificación, la página web recibirá un plazo de 48 horas para que 'pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual'.

Transcurrido este plazo, la comisión comprobará en menos de dos días si se han retirado los contenidos o no. En caso negativo, se avisará a los interesados y en un plazo máximo de tres días se dictará la resolución. Antes mediará de nuevo un juez: 'En todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá de la previa autorización judicial'.

Alejandro Sanz felicitó a los políticos en Twitter: 'Lo conseguimos'

La Sección Segunda es la que acuerda el cierre y el juzgado autoriza la ejecución, pronunciándose tan sólo sobre si esta afecta 'a los derechos y libertades garantizadas en el artículo 20 de la Constitución'. Básicamente, el juzgado sólo estudia si este cierre, decretado de antemano por la comisión, afecta de alguna forma a la libertad de expresión.

Por otro lado, la enmienda establece que la Sección Segunda no estará formada únicamente por funcionarios del Ministerio de Cultura, sino por un grupo transversal presidido por el subsecretario del Ministerio de Cultura que 'se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia'.

La enmienda acordada por PSOE, PP y CiU provocó un amplio rechazo entre los expertos en internet y despertó la mismas críticas que venía provocando la ley Sinde en su concepción original. Principalmente, que esta ley se salta la figura del juez, reduciéndola a un mero papel testimonial. David Bravo, abogado de páginas de enlaces, lamentó que tuvieran claro desde el principio 'lo de impedir que el juez entre en el fondo' de la cuestión.

Por su parte, el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, también criticó que se haya pactado 'una ley que no conviene a nadie' y calificó la doble intervención judicial de 'desastre'. El músico Alejandro Sanz felicitó a los responsables políticos desde su cuenta de Twitter: 'Lo conseguimos'.

PSOE y PP acordaron intentar rescatar la ley Sinde en el Senado desde el mismo momento en que el Congreso la tumbó en diciembre.

1. Un juez más

Con esta reforma de la anterior propuesta, quien identifica a quien vulnera los derechos de la propiedad intelectual será siempre un juez. Así, la autorización para determinar quién está vulnerando un derecho de propiedad intelectual es del juez, llamado levantamiento de la IP.

2. La comisión investiga

El procedimiento de investigación se mantiene como estaba: seguirá en manos de la comisión de la propiedad intelectual. La ejecución de las sanciones que se puedan adoptar corresponde al juez.

3. El plazo se acorta

La autorización judicial para la identificación del acusado se reduce a un plazo de 24 horas.

4. Sin derecho a la apelación

El juzgado de lo contencioso de la Audiencia Nacional decreta el cierre y ante este órgano no es posible una apelación.