El Ministerio de Medio Ambiente dio ayer la voz de alarma. En los últimos diez años, el uso ilegal de cebos envenenados ha matado a casi 7.000 ejemplares de especies protegidas. La amenaza de la ley no ha servido para frenar los envenenamientos. El empleo de venenos no autorizados en el medio natural es un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de cárcel desde 1996.

El director general de Medio Natural del Ministerio de Medio Ambiente, José Jiménez, explicó ayer que, desde 2000, las autoridades han hallado envenenados a 2.350 milanos reales y negros, 2.150 buitres leonados, 640 buitres negros, 350 alimoches, 115 águilas imperiales, 40 quebrantahuesos y siete osos pardos. Además, 860 ejemplares de otras especies han caído por el uso ilegal de venenos. Todas ellas figuran en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Jiménez, durante el primer Encuentro para la lucha contra el veneno, organizado ayer en Madrid, admitió que la situación de algunas especies es 'dramática'. En el caso del milano real, la mitad de la población reproductora ha caído emponzoñada en los últimos diez años. Respecto al águila imperial, los 115 ejemplares muertos explican que sólo sobrevivan 250 parejas.

En 2008, la organización WWF calculó que más de 20.000 aves rapaces de las cinco especies más amenazadas habían muerto por veneno en España entre 1990 y 2005. Eran estimaciones. Las nuevas cifras aportadas por el Ministerio son ejemplares encontrados en el campo, por lo que la cifra real podría ser 'más alta', según reconoce Jiménez en conversación telefónica.

Sólo tres autonomías cuentan con planes específicos: Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. Jiménez subrayó ayer que las otras 14 trabajan en su elaboración y que la preocupación es 'la misma'. Beatriz Sánchez, de SEO/Birdlife, cree que esta cifra 'refleja la importancia que se da al veneno en las administraciones públicas'. Su ONG coordina el proyecto Life+ que intenta frenar el uso de veneno en España entre 2010 y 2014. El presupuesto, pagado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad, entre otros, asciende a 1,6 millones de euros. La UE pone el 40%.

Sánchez lamenta que 'sólo' haya habido 29 sentencias condenatorias por uso ilegal de venenos. Jiménez, por el contrario, cree que son 'muchísimas' y celebra el papel de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente, creada en el año 2006.