El Senado de EEUU ha aprobado una nueva ley para las escuchas teléfonicas

En contra de la Unión Americana de Libertades Civiles el Senado de Estados Unidos legitimó la práctica de escuchas telefónicas que el gobierno implementó desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 con la aprobación de la Ley de Escuchas Telefónicas. La medida, aprobada con 69 votos a favor y 28 en contra, pasa ahora al Despacho Oval y se prevé que el presidente George W. Bush la promulgue en los próximos días.

En unas declaraciones desde la rosaleda de la Casa Blanca, el presidente Bush afirmó que con la aprobación de la medida "ahora es más fácil proteger a los ciudadanos estadounidenses". "Firmaré pronto la ley", adelantó Bush, recién de vuelta de la cumbre del G8 en Japón.

Subrayó que con esta ley "es posible saber lo que dicen (los terroristas) y lo que están planeando". Entre otros elementos, la iniciativa autoriza escuchas sin permiso judicial que utilizan las redes de EEUU, sean de estadounidenses o de extranjeros.

Con esta votación, el Senado moderniza la llamada "Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros" (FISA), que data de 1978 pero que no incluía nuevas tecnologías de comunicaciones como teléfonos móviles, Internet y correo electrónico.

La medida aprobada protege a las empresas de telecomunicaciones de demandas multimillonarias de personas que alegan que las escuchas violan las leyes sobre privacidad en EEUU.

Puesto que la ley se podrá aplicar de forma retroactiva, las compañías que, a petición del Gobierno, han interceptado las llamadas telefónicas y correos electrónicos de las personas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se librarán de alrededor de 40 demandas multimillonarias. La autorización de la medida puso punto final a casi un año de arduos debates y pugnas entre demócratas y republicanos sobre la regulación de las escuchas en EEUU.

Los legisladores coincidían en que era necesario modernizar la legislación de 1978, pero los demócratas exigían que la nueva ley estableciese límites, de alguna manera, al poder del Gobierno de recopilar información.

Querían evitar que surgieran nuevas polémicas como la que se destapó a finales de 2005 cuando se supo que, tras los atentados de 2001, Bush autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -encargada del espionaje de las telecomunicaciones- un programa de escuchas sin necesidad de pedir autorización judicial. Ese programa fue muy criticado porque la FISA estableció que las autoridades debían obtener un permiso antes de realizar cualquier tipo de escuchas o el registro de viviendas de sospechosos de terrorismo.

El Gobierno cedió a las presiones y sometió su programa al control de un tribunal de la FISA, pero argumentó que era necesario ampliar sus competencias y adaptar la ley a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, mucho más avanzados.

La ley supone un triunfo político para Bush, que exigía la aprobación de la ley con el argumento de que un rechazo podría provocar la pérdida de "pistas clave" para evitar nuevos atentados. Sin embargo, la medida ha suscitado duras críticas de defensores de las libertades civiles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la ley de "inconstitucional" y de "asalto a las libertades civiles y el derecho a la privacidad".

"Esta legislación da al Gobierno vía libre y un cheque en blanco para acceder sin autorización judicial a las comunicaciones internacionales de estadounidenses inocentes", afirmó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, en un comunicado.

El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, votó a favor de la medida, mientras su rival, el republicano John McCain, no estuvo presente en la votación porque en ese momento se encontraba en un acto de campaña en Portsmouth (Ohio), según fuentes legislativas.