El Pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la reforma de una Ley de Costas que la oposición critica porque 'privatiza y desprotege la costa'. De las más de 180 enmiendas presentadas a este texto en el Senado, el Grupo Popular de momento sólo ha aceptado una, de CiU, sobre la reintegración a las personas de la titularidad de propiedad de aquellos terrenos situados en urbanizaciones marítimo terrestres, que dejen de formar parte del dominio público.

Una de las principales novedades del texto y que supone uno de los puntos más criticados por parte de oposición y grupos ecologistas es el que prevé la disminución, para los municipios con un tercio de ocupación,  de la Zona de Servidumbre de Protección, establecida para dar suficiente espacio para el balance sedimentario y evitar la erosión del litoral. Según denuncia Ecologistas en Acción, esta medida supondrá 'vía libre para la ocupación del 75% de la costa, facilitando otra nueva oleada de edificación en el litoral, ya que el Proyecto de Ley prevé desafectar los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos'.

Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.

Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.

Ecologistas en Acción ha advertido, en cambio, que 'esta disposición no realiza ninguna evaluación en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo' y del 'grave peligro que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Estos lugares se han visto afectados por frecuentes inundaciones y daños en los propios paseos, que deben ser costeados por la Administración y que pueden implicar un riesgo para las personas, como es el caso de Blanes, Palamós, Peñíscola o La Manga'. 

La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural).

Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.

Greenpeace, que en un informe denunció los intereses privados que se escondían detrás de la reforma de esta ley, ha expresado que el Proyecto de la Ley de Costas que prevé aprobar el Senado 'ha sido una de las peores noticias medioambientales de los últimos tiempos'.